Eduardo Nava Hernández

Después de la matanza de Acteal se ha abierto una nueva fase en el conflicto que desde hace cuatro años se mantiene en Chiapas sin solución. La violenta muerte de cuarenta y cinco indígenas expulsados de sus comunidades a manos de otros indígenas que para ello fueron reclutados, armados y entrenados, y que desbordó por su crueldad las más catastróficos escenarios de la crisis, marcó el desastre de la política gubernamental para la entidad. La estrategia de mantener ahí una guerra de desgaste, asedio e intimidación a las comunidades, apostando a la vez al olvido y aislamiento social de las luchas indígenas desembocó en su corolario natural: el terror desnudo, la infamia sin embozos y el descontrol.

     Hasta ahora, las acciones confusas, la ambigüedad y la persistencia en las mismas líneas que condujeron a la tragedia han sido las respuestas que el gobierno federal ha dado para enfrentar la crisis. El cambio de funcionarios en el gobierno chiapaneco y la Secretaría de Gobernación no ha significado una rectificación clara de las políticas de confrontación que llevaron al despeñadero de Chenalhó y que podrían abrir coyunturas aún más catastróficas si se las deja correr. El avance de las tropas sobre las comunidades zapatistas y el protagonismo militar con el pretexto del desarme es sin duda la faceta más aguda de la tensión a la que está sometido el conflicto, y las imágenes de las mujeres resistiendo ese avance su expresión más plástica y elocuente.

     Que se permita a un comandante militar lanzar “a título personal” acusaciones que buscan poner en cuestión la instancia de intermediación y con ella la posibilidad del diálogo es, en el mejor de los casos, una manifestación del descontrol del gobierno sobre las fuerzas de su propio campo y de cómo las fuerzas armadas tienden a llenar los vacíos que se  abren en el desorden político y, en el peor, de un doble discurso de alta peligrosidad manejado desde los propios mandos gubernamentales.

     Lo que parece no haber comprendido ese gobierno es que ya no es posible regresar a la situación anterior al 22 de diciembre. Persistir en el estrechamiento del cerco militar, la presión sobre las comunidades zapatistas y el aliento a los grupos paramilitares, es decir en una política que nunca pudo extinguir el conflicto, no puede ahora sino conducir a extenderlo y radicalizarlo.

     Esa política se ha roto ya por sus dos frentes. En el de la línea de confrontación con las bases zapatistas porque éstas han respondido de la única manera que podían hacerlo, con la movilización. El fortalecimiento de los municipios autónomos, la toma simbólica de las ruinas mayas de Toniná, las protestas ante las puertas mismas de los cuarteles y la multitudinaria peregrinación por la paz que se encuentra ya en camino al Distrito Federal dan testimonio de que las comunidades indígenas y sus aliados han pasado ahora a la ofensiva en el terreno civil, recuperan sus señas de identidad, renuevan sus formas de cohesión social y han perdido el miedo. En el plano externo porque la sociedad nacional y la opinión pública internacional vuelven a hacerse presentes como protagonistas, como ocurrió el 12 de enero en la capital y otras ciudades del país y del mundo.

     La masacre de Chenalhó y la represión de Ocosingo han vuelto a poner, frente a frente, a los verdaderos protagonistas del drama, que inútilmente quisieron ser enmascarados durante casi dos años tras los velos de la paramilitarización y las confrontaciones étnicas o religiosas: el orden de desigualdad y explotación que el Estado nacional ha preservado por generaciones y que el gobierno actual quiere modificar sólo si es de acuerdo con sus propias concepciones y designios para los indígenas, y las comunidades y pueblos indios que en enero de 1994 decidieron hacerse presentes y que ahora han lanzado un segundo ¡ya basta!

     El diálogo en serio y la asunción de los compromisos ya adquiridos o la escalada incierta y sin retorno son los términos de la encrucijada a la que ha llevado la errática política gubernamental. No queda otra sino optar entre ellos.

Coyoacán, D.F., 19 de enero de 1998