Eduardo Nava Hernández

El proceso de la llamada certificación de la política mexicana contra el narcotráfico ha dado lugar a que, a ambos lados de la frontera, corra un río de tinta más caudaloso que el Bravo, a que, sobre el fondo sordo y rítmico del rasgar de vestiduras, resuenen con fuerza los clarinazos del nacionalismo mexicano, y a que podamos disponer de una completísima antología actualizada del cinismo con cargo al Congreso y al gobierno de los Estados Unidos.

     Se trata, en efecto, de uno de los espectáculos más bochornosos y lamentables de la diplomacia mundial, que se repone ya por costumbre cada año, en los meses de febrero y marzo, con gran éxito entre el público, por cierto. Lo característico es el realismo con que cada quien desempeña su papel. Los villanos, es decir los dueños del negocio, se esfuerzan por parecer rudos y malvados, mientras que los buenos hacen lo posible y lo imposible por convencer al respetable de la pureza de su alma.

     Pero en verdad, en torno al proceso de certificación se traba una sorda lucha que no aflora por completo a la luz pública y muchas de cuyas consecuencias no quedan claras para los espectadores. La certificación se ha vuelto ocasión para que diversos sectores del Congreso y el gobierno estadounidenses ejerzan presión en distintos temas hacia los países a los que colocan bajo la lente de su microscopio. Y a falta de otras banderas más consistentes, los gobiernos desempolvan también para el caso sus normalmente abandonadas tesis de nacionalismo y soberanía, como es muy claramente el caso de México.

     La certificación es el mecanismo interno de control por medio del cual el Congreso estadounidense supervisa anualmente los fondos que su gobierno entrega a otros países para la lucha contra las drogas. En torno de ello, no obstante, se vierten a raudales las fobias y prejuicios de los legisladores, cabilderos y aun de sectores del propio gobierno, así como, desde luego, de la prensa y diversos medios de opinión pública. En esta ocasión, además de Colombia, la lucha -que es también una pugna entre el Presidente Clinton y la oposición, muy en su papel de cuestionar y, si se puede, revertir la política presidencial- se ha cebado en México. Se señala la incapacidad, corrupción y falta de voluntad de nuestro gobierno para combatir el narcotráfico, se presiona no para que mejore sino para que, virtualmente, se deje en manos de la DEA la conducción de la lucha contra las mafias de la droga en nuestro propio territorio y se discute incluso si conviene o no a sus intereses generar una crisis política en México.

     El Congreso estadounidense convierte así su función normal de control del presupuesto y empleo de los recursos por el Ejecutivo de su país en oportunidad para desplegar los afanes intervencionistas emanados de los sectores más retardatarios y racistas de los legisladores. Peor que si se hubiera dado simplemente la descertificación (si es válido usar el término), el condicionamiento a un paquete de medidas sugeridas por la propia Cámara de Representantes es una evidente extralimitación de los legisladores en sus funciones.

     La hipocresía de los legisladores, gobierno y opinión pública estadounidenses es grande. Todos el mundo sabe que el problema cardinal del combate al narcotráfico radica en desestimular el consumo, que es en lo que no se ve ningún avance en el principal mercado del mundo, el estadounidense. Mientras haya una demanda creciente, los esfuerzos por acabar con uno u otro de los cárteles de las drogas son virtualmente estériles: en cuanto se logre desarticular a un grupo, aparecerá siempre otro dispuesto a abastecer el mercado, dadas las altísimas ganancias que se obtienen del tráfico clandestino. Descargar toda la responsabilidad en los países productores y proveedores sin hacer prácticamente nada por abatir los niveles de la demanda no es sino un acto de simulación y cobardía.

     El gobierno mexicano, por su parte, ha cuestionado en lo formal la validez del procedimiento de certificación; pero al mismo tiempo, a nadie se le ocultó el gozo con que nuestros funcionarios celebraron el primero de marzo el que Clinton hubiera concedido la ansiada aprobación. El mismo gobierno priísta que en otros casos -como la aprobación del Tratado de Libre Comercio en 1993- ha usado ampliamente el cabildeo ante los legisladores estadounidenses, ahora pinta su raya frente al Congreso. Los mismos funcionarios y diputados que otrora han aplaudido y avalado la firma de múltiples acuerdos y cartas de intención con el FMI y el Banco Mundial son hoy los gallardos campeones de nuestra soberanía.

     Si, como se ha dicho, México combate el narcotráfico por su propio derecho y por convicción, el procedimiento más sencillo para no andar en boca de todos sería no aceptar los recursos provenientes de la ayuda estadounidense y evitarse así en gran medida la bochornosa tarea del cabildeo, la lidia con la prensa yanqui y el triste espectáculo de la doble moral: se acepta el veredicto si nos es favorable; se rechaza hasta el método si no lo es.

     Pero el asunto no es sencillo. El del combate al narcotráfico es el único rubro por el que el gobierno mexicano recibe ayuda del estadounidense. Renunciar a los recursos que este último aporta y asumir totalmente el costo de la lucha contra la droga implicaría relevar a los estadounidenses de una responsabilidad de la que no pueden eludirse y asumir una carga excesiva que no merecemos los mexicanos. Esos son los términos en que está planteado, en la práctica, el asunto: Zedillo no puede simplemente rechazar la ayuda del gobierno norteamericano; pero ésta se paga, por el esquema de subordinación que los gobiernos priístas han tejido con los gringos en las últimas décadas, al costo de tener que ser supervisados periódicamente por xenófobos e intervencionistas de allende el Bravo.

     Con su descertificación, el gobierno mexicano purga hoy su dependencia del de los Estados Unidos, su postración y anudamiento comercial y financiero a los grandes consorcios norteamericanos. Es una más de las expresiones del agotamiento del régimen, incapaz de ofrecer al país un desarrollo autónomo, cuya oferta estratégica y único proyecto de nación es el incrustarse a la globalización a través del bloque económico norteamericano, y que ha convertido a la nación en presa inerme de la manipulación, volubilidad e hipocresía de nuestros vecinos.

     Con la exhibición y descalificación internacional, los mexicanos pagamos el alto costo de mantener este régimen. No es un destino manifiesto; son tan sólo los confines de un proyecto que ha cubierto su ciclo histórico y que es posible cambiar.

Coyoacán, D.F., 16 de marzo de 1997.