Eduardo Nava Hernández

¿Cómo explicar, a treinta años de distancia, la presencia del movimiento estudiantil–popular de 1968 en nuestro debate político, su permanencia en la memoria colectiva, no sólo de quienes lo vivieron sino también de las nuevas generaciones, y su incorporación, sólo en apariencia insólita, a la agenda de la transformación democrática?

               El sólo registro de este hecho ubica a los acontecimientos de julio–diciembre de ese año entre los grandes movimientos sociales de nuestra historia, con proyecciones en el largo plazo y, aunque los personeros del régimen político no lo quieran, como una herida que sigue abierta para la sociedad mexicana. Al igual que en el caso de la Revolución, la interpretación y apropiación ideológica del 68 es motivo de disputa, y en torno de ellas se deslindan campos y se toman posiciones que distan de tener que ver sólo con la historia académica.

               Esto es así porque, como todos los grandes sacudimientos sociales, no puede ser evaluado en el corto plazo. “Es muy pronto para juzgarla”, respondió Mao Tsetung cuando le preguntaron su opinión acerca de la Revolución Francesa de 1789. Y de la misma manera, la Revolución Mexicana —dígalo si no el resurgimiento del zapatismo y la permanencia del cardenismo como fuerzas actuantes en la política de hogaño— y el movimiento de 1968 no cierran aún su ciclo, ni sus impulsos transformadores se han agotado.

               Hasta ahora, el balance del 68 arroja saldos en diversos sentidos. No se puede negar, por una parte, su aportación a la maduración de una conciencia democrática en la sociedad mexicana. El 1968 mexicano fue parte de la oleada universal de cambio de los años sesenta, que tuvo sus otras expresiones cimeras en Berkeley, París, Praga, Berlín, Milán y Turín, entre otros puntos del planeta y que modificó las formas de conciencia abriendo amplios caminos a la pluralidad. Decir hoy, por ejemplo, que el movimiento estudiantil carecía de banderas democráticas porque no se planteaba el tema electoral carece de sentido, cuando todas sus demandas (cese a la represión, diálogo, libertad a los presos políticos, destitución de los jefes policiacos represivos, derogación de la legislación anticomunista, etcétera), se dirigían contra las facetas más represivas de un régimen signado por su autoritarismo y alejamiento de la población.

               Pero a tres décadas de los hechos, el movimiento puede considerarse sólo parcialmente triunfante desde el punto de vista social. Las libertades individuales parecen respetarse más en los ámbitos urbanos; pero hay retrocesos serios en regiones como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. La prensa y los medios han tenido que evolucionar hacia actitudes de mayor apertura, principalmente a causa del mayor protagonismo y exigencias de diversos sectores de la sociedad. La democracia electoral tiende a consolidarse, pero no sin resistencias y retrocesos parciales, sobre todo en el uso patrimonial del aparato de Estado para impulsar los triunfos del partido oficial. El corporativismo y control sindicales se han debilitado, pero también los sindicatos mismos. ¿Es hoy la sociedad mexicana más libre que hace seis lustros? Sí, pero no más igualitaria.

               Es la subsistencia de las desigualdades sociales y de fuertes rasgos autoritarios en el sistema político lo que mantiene y da vigencia al potencial de impugnación presente en grandes sectores de la sociedad mexicana.

               Porque en su sentido profundo, muchas de las aspiraciones de la generación del 68 no han triunfado. La más evidente de ella, la justicia. El olvido y la reconciliación que reclaman los personeros del régimen no pueden cimentarse en la impunidad, cuando nadie jamás fue juzgado y menos condenado por un crimen de lesa humanidad como la matanza de Tlatelolco, y el régimen mismo no ha roto con su pasado. Aún viven y disfrutan de impunidad quienes, como Luis Echeverría y Alfonso Corona del Rosal fueron directamente responsables de la represión al movimiento democrático. Aún están activos en la política quienes, como Alfonso Martínez Domínguez, justificaron y aplaudieron el crimen y se atreven a reivindicarlo en el presente.

               Frente a ellos, el reclamo de la verdad es no sólo vigente sino parte fundamental de la agenda de transición. Para avanzar hacia la democracia, es necesario que el régimen se desprenda de complicidades con lo que no puede sino ser visto como un crimen de Estado. Es lo que el gobierno elude hacer cuando el secretario de Gobernación se erige en aval de la negativa a abrir los archivos del ejército, o cuando el PRI se opone a que las víctimas de la masacre sean reivindicadas. No es democrático un gobierno que oculta y asume complicidades con hechos como los de Tlatelolco.

               Pero, por otra parte,  es un exceso de academicismo pensar que sólo en los archivos puede encontrarse esa verdad. Porque los hechos, de los que existen cientos o miles de testimonios; los hechos, que estuvieron a la vista de todos entre el 26 de julio y el 2 de octubre de 1968; los hechos, que se encadenaron siniestramente hasta su desenlace fatídico en la matanza; los hechos, de los que hay también fotografías y filmaciones; los hechos, en fin, hablan mucho más que los documentos.

               No se encontrará jamás, en archivo alguno, un documento que diga si fue el presidente Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Echeverría o el de la Defensa Nacional, García Barragán quien dio la orden de disparar contra el mitin del Consejo Nacional de Huelga. Pero ello no hace menor la responsabilidad de ninguno de esos funcionarios ante la historia y ante la justicia.

               Díaz Ordaz asumió públicamente la responsabilidad en su quinto informe de gobierno, abriendo el camino a la presidencia a quien sería destapado como candidato oficial sólo unas semanas después. Pero aun si no dio personalmente la orden —como lo sostiene su entonces cortesana y hoy senadora de la República por el PRD—, ello no le resta la enorme responsabilidad de haber empleado al Ejército, en su calidad de comandante supremo, en funciones extraconstitucionales. No era, por lo demás, la primera vez que lo hacía: ya lo había usado contra las normales rurales, contra la Universidad Michoacana y contra otros movimientos populares. Las bayonetas eran para él, por decirlo así, una forma normal de gobierno, acaso la única concebible.

               Marcelino García Barragán, por su parte, conservó su puesto en la Secretaría de la Defensa hasta el final del sexenio; y Echeverría no sólo eso, sino que fue promovido como candidato a la Presidencia, seguramente por estar plenamente involucrado en el manejo del conflicto y como una forma de garantizar la impunidad del crimen a lo largo del siguiente periodo. Con la servil actitud de todos los demás funcionarios del gobierno, diputados del PRI, del PAN y del PPS, y ministros de la Corte, contrastó sólo la actitud de Octavio Paz, el único servidor público que presentó su renuncia (al cargo de embajador) en protesta por la brutal represión.

               No se olvida Tlatelolco. Y no se olvidará, como no se borra de la memoria el holocausto, a pesar de haber habido un Nuremberg que sentó las bases para la única reconciliación posible, la que se base en la justicia, tras la derrota del nazismo en la segunda guerra mundial. Mientras eso no ocurra en México, Tlatelolco seguirá siendo, como lo es hoy, un nombre ligado al crimen, pero también al cinismo y a la infamia.

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 1998.