Eduardo Nava Hernández

El 6 de diciembre se empezó a escribir una página más de una historia ya conocida por todos los michoacanos. Elección, fraude, protesta, cerrazón, movilización, negociación, violencia y decepción son los elementos del ciclo vicioso que ha caracterizado a los últimos procesos electorales en nuestra entidad y en donde todos (o casi todos): sociedad, gobierno y partidos, salen perdiendo.

Nuevamente, y contra toda lógica, los comicios municipales resultaron un proceso manchado, cuestionado y cuestionable que vuelve a colocar a Michoacán al borde de la inestabilidad y que ha arrojado ya –en Lázaro Cárdenas hasta ahora– sus primeros saldos violentos. El costo social y político en cada proceso como éste, va siendo mayor.

Después de la traumática experiencia del pesado 12 de julio y sus secuelas, todo indicaba que lo más conveniente sería entrar y salir limpiamente de las nuevas elecciones, y que el gobierno interino habría de cuidar por sobre todas las cosas el no picar la cresta a una oposición ya agraviada por el resultado del conflicto poselectoral pasado y que mantiene viva su demanda de elecciones extraordinarias para gobernador.

Frente a esa prioridad, inclusive la pér­dida da algunos municipios importantes parecía poco relevante para el gobierno, si con ello se lograba conservar la tranquilidad y estabilidad que él mismo y la sociedad requieren. Mas no parece haberse razonado así. Probablemente se pensó que la mejor manera de restar fuerza a la demanda da comicios extraordinarios sería obtener contundentes victorias que recordaran los tiempos de la Aplanadora Invencible.

El PRI prefirió una vez más no confiar en la conciencia y espontaneidad de sus electores y echó mano de diversos recursos para asegurar sus triunfos –por lo demás, también previsibles en muchos casos.- la gama de modalidades de trampeo, como siempre, sigue siendo amplia: pero la preferencia por una u otra ha variado según las circunstancias.

En otros tiempos, recordemos, se recurría ampliamente a los procedimientos más burdos, como la alteración de actas, los “tacos” de votos, la expulsión de los representantes de la oposición en las mesas de casilla, etcétera. Después a medida que la oposición aprendió a vigilar mejor, se invento el fraude cibernético, es decir, la manipulación del padrón “rasurando” o “injertando” electores según conviniera, y los “carruseles” o brigadas volantes de electores. Ahora predomina la “ingeniería electoral”, que no es sino, descarnadamente, el empleo de recursos partidarios y gubernamentales durante las campañas y aún antes para garantizar los triunfos de los candidatos priistas.

El procedimiento es simple, pero costoso: se hace un estudio tan detallado como sea posible de cada distrito, municipio y sección electoral, inclusive por manzanas y aceras, para ubicar las tendencias de los votantes, sobre todo si han sido favorables a la oposición. Se detectan, paralelamente, las necesidades materiales más sentidas e inmediatas de los vecinos de esta localidad, según sus niveles económicos. Dependencias del gobierno y activistas del PRI toman contacto directamente con los habitantes.

Establecido en el universo de los posibles electores se realiza alguna obra en el momento oportuno o, directamente, se reparten despensas, materiales de construcción y hasta dinero para comprometer los votos. Finalmente, el día de la elección, se organizan desayunos para, de ahí, acarrearlos a las casillas, todo perfectamente con dineros del presupuesto público.

El voto, que en el mercado político no tiene valor, se trasforma virtualmente en una mercancía en el mercado económico. La capacidad de atraer votos por parte del PRI depende cada vez más directamente de sus ofrecimientos en una puja en la que ninguno de los otros partidos puede competir. Paralelamente, se desatan las campañas de descredito a los partidos opositores a través de los medios de comunicación masiva. De esta manera, el partido oficial logra no solo un cierto número de votantes cautivos sino inclusive se presenta como un organismo en recuperación. Las denuncias y evidencias que el PRD y la investigación periodística han demostrado ante la opinión pública, en los casos de Pátzcuaro y Jiquilpan, entre otros, y que involucran inclusive a altos funcionarios del gobierno del estado y de las dependencias federales, desmienten el compromiso de realizar una elección limpia asumido por el gobernador interino y han desnudado una estrategia que no se sabe si calificarla de astuta o de desesperada.

 La abstención electoral puede obedecer, como siempre, a un conjunto muy amplio de factores. Pero en un contexto de alta competitividad, inclusive de polarización de fuerzas, como lo que se da en Michoacán, la explicación más viable es la combinación de decepción y descredito de las elecciones entre los ciudadanos. Los acontecimientos en Michoacán entre julio y octubre últimos no dejaron satisfecho a nadie. El sentimien­to de que las elecciones no sirven si al final se resuelven por la presión y la negociación, se ha generalizado entre muchos michoacanos. La escasa participación ciudadana res­ta credibilidad, presencia y, hasta cierto punto, legitimidad, a los candidatos y partidos triunfantes. Pero también resta fuerza social (sólo social, no necesariamente jurídica) a las impugnaciones de los opositores defraudados. Ni el PRI y el gobierno, con todos sus recursos, ni la oposición, fueron capaces esta vez de motivar y movilizar a los ciudadanos a acudir a las urnas, y si el oficialismo lo logró fue tan sólo por los procedimientos arriba descritos.

Los comicios municipales han conduci­do, una vez más, a la decepción y el escán­dalo; ahora, con la amenaza da desatar también una escalada da movilización y la violencia que nadie sabe en qué pueda terminar.

Morelia, Michoacán, 14 de diciembre de 1992.

• Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 16 de diciembre de 1992.