Eduardo Nava Hernández

Si bien desde hace aproximadamente una década el 10 de abril, aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, se ha convertido en una fecha significativa para el movimiento campesino independiente, en esta ocasión adquiere una importancia acrecentada y multiplicada por el levantamiento armado campesino en Chiapas y la nueva situación regional y nacional que éste ha generado.

     Dos años después de puestas en vigor las contrarereformas al artículo 27 constitucional y a la legislación secundaria en materia agraria, se han podido ver ya sus pobres resultados: el campo no se ha capitalizado ni han fluido los anunciados recursos e inversiones para su reactivación económica; los subsidios, diseñados más con criterios electorales que económicos, siguen siendo insuficientes para elevar realmente la productividad, y la cancelación del reparto agrario ha generado, como sucedió en la Selva y los Altos chiapanecos, pero también en otras regiones, nuevos conflictos sociales o agudizado los ya existentes. Adicionalmente, la subsistencia de diversas formas de cacicazgos, la ancestral desatención a las necesidades sociales y la falta de espacios a la participación democrática, nos ubican ante un paisaje rural de suma explosividad social y política.

     Lo nuevo en el movimiento campesino es el proceso desatado por la insurrección chiapaneca bajo las banderas del zapatismo. Éste no sólo puso en evidencia las consecuencias más extremas de la política gubernamental hacia el campo, sino que se revistió, entre otras cosas por sus demandas agrarias y étnicas, de una gran legitimidad y desató en Chiapas la movilización y reagrupamiento de las organizaciones campesinas desde las bases.

     La experiencia del CEOIC, que hoy centraliza esa movilización, es enormemente significativa. Tras el levantamiento zapatista del 1º de enero, el gobierno federal, a través de la comisión presidencial integrada por tres chiapanecos distinguidos, echó a andar una convocatoria a las organizaciones sociales y económicas en el campo de Chiapas, con el doble propósito de canalizar por vías institucionales las demandas campesinas e indígenas y aislar al Ejército Zapatista de sus potenciales apoyos sociales. De ahí surgió el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas, integrado por 280 organismos y membretes, representativos de todos los matices ideológicos y políticos, desde el oficialismo hasta las posiciones más independientes y aguerridas. El gobierno no sólo no logró aislar al zapatismo, sino que ahora el CEOIC ha levantado un programa de demandas coincidente en su totalidad con el del EZLN, cuyos ejes son el desconocimiento del artículo 27 y la Ley Agraria de Salinas y el reconocimiento al EZLN como fuerza beligerante. Por otro lado, muchas de las organizaciones que lo integran, incluyendo a grupos que militan dentro de la CNC, han iniciado la recuperación de tierras de manos de los ganaderos y terratenientes.

     Para el próximo 10 de abril, el CEOIC ha anunciado movilizaciones masivas en Chiapas, nuevas recuperaciones de tierras y una caravana hacia la ciudad de México, que atravesará los estados de Oaxaca y Puebla sumando nuevos contingentes a su paso para participar el próximo domingo en la Jornada Nacional Zaspata Vive, junto a otros grupos provenientes de distintos rumbos del país. A pesar de un último esfuerzo gubernamental por dividir y desmovilizar al CEOIC, la demanda central en torno a la que se ha logrado la unidad y que ha aislado a las dirigencias burocráticas de las centrales oficialistas, es la lucha por un nuevo artículo 27 surgido de las propias comunidades campesinas y un nuevo artículo 4º que reconozca la libre determinación de los pueblos indígenas.

     En el resto del país el levantamiento zapatista no ha dejado de tener resonancias, y es de esperarse en este 10 de abril una de las participaciones más amplias y combativas de los últimos años. La coyuntura abierta en Chiapas ha creado las condiciones para un nuevo realineamiento campesino contra el programa gubernamental en el campo y, en particular, para el repudio a las reformas de 1991 al 27 constitucional, que desde esa fecha no se había podido organizar. El pretendido zapatismo con el que en su momento se intentó recubrir y dar legitimación a esas reformas legales se demuestra insostenible a la vista de la actual situación de movilización y radicalización campesina en su rechazo. No es ninguna paradoja el que cada 10 de abril los campesinos independientes de todo el país reafirmen su convicción de que Zapata vive en sus luchas y movilizaciones.

     Con el 27 salinista, está cuestionada a fondo la vía de la modernización autoritaria que ha caracterizado la reestructuración capitalista en el sexenio. Como pocas de las políticas en el presente gobierno, el nuevo diseño agrario gubernamental ejemplifica una línea excluyente, verticalista e impuesta externamente a los actores e interesados, es decir, a la población rural. Sin haber consolidado suficientemente la llamada modernización económica (los datos aportados por la cúpula empresarial en esta misma semana nos hablan de que ya en 1993, es decir, antes de Chiapas, se había frenado el crecimiento económico, que en realidad presentó tasas negativas en relación con el crecimiento de la población), el gobierno de Salinas de Gortari se ha propuesto de manera sistemática y violenta reducir la población rural, despoblar el campo forzando la migración y desarraigo de millones de agricultores y reconvertir la agricultura a través de la privatización y reconcentración de la tierra.

     Las de 1994 serán no solamente unas elecciones marcadas por el impacto chiapaneco, sino las primeras de carácter federal después de las contrarreformas al 27 constitucional. Se puede, como el PRI, apostar a proseguir por la misma vía que tiene al campo convertido en zona de desastre económico y fuente de conflictos sociales; se puede también confiar, como ya lo han hecho algunos dirigentes, en que el triunfo de determinada candidatura en la lucha presidencial introduzca un viraje radical en el curso de la política agraria (lo cual, no solamente es en sí mismo poco probable pues, como se sabe, cualquier nueva modificación constitucional requeriría una mayoría calificada en el Congreso y en las legislaturas de los estados, sino que reproduciría, con otro signo, el autoritarismo presidencialista que se combate); o bien, se puede apostar a construir en la presente coyuntura los frentes más amplios que, por encima de los alineamientos partidarios, generen el consensos en torno a la necesidad de un cambio urgente en la política agraria, surgido de las bases campesinas, y no simplemente de la racionalidad del mercado, la tecnoburocracia y el capital.

     En el campo está en juego actualmente el proyecto de país, como lo estuvo en los tiempos del liberalismo porfirista que también intentó modernizar autoritariamente al mundo rural y a la economía en general, y que dio lugar al nacimiento del zapatismo y de otras expresiones de lucha campesina. El nuevo zapatismo de nuestros días encarna, aunque con distintos ropajes ideológicos y políticos, en las aspiraciones más amplias de autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, y en su lucha por conquistar nuevamente, como en 1914, el derecho a decidir por sí mismos el curso de sus propios destinos.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 9 de abril de 1994.