Eduardo Nava Hernández

Hace tiempo ya que el tema del neoliberalismo dejó de ser un tema de debate ideológico, ni siquiera sólo académico, y ha pasado a ser una cuestión de políticas económicas. Y éstas tienen que ver, antes que nada, con las medidas que asume el Estado en una fase determinada para propiciar la acumulación del capital. Si se tratara tan sólo de considerar la pertinencia argumental de las ideas de los sumos sacerdotes de la teoría neoclásica como Paul Samuelson, Friederich von Hayek o Milton Friedman, el tema sería bien atendido en las aulas de las escuelas y facultades de economía o en sustanciosas mesas redondas entre especialistas. Pero hace décadas que los principios teóricos neoliberales se tradujeron en políticas públicas que, aplicadas con rigor por los gobiernos del mundo, determinan la situación laboral y de vida de miles de millones de seres humanos en el mundo.

            De todo ello ha tenido que hacer omisión Jaime Rivera en su réplica a mi crítica a sus posiciones con respecto de las jubilaciones en la Universidad Michoacana (Cambio de Michoacán, 8 de junio), para presentar el término neoliberalismo como un problema sólo de ideologías y no de proyectos económicos que tienen una concreción en la vida cotidiana de la población y un efecto directo en la distribución de la riqueza social. El eje de su contraargumentación es el siguiente: el que yo haya calificado sus propuestas y las del rector Jaime Hernández de neoliberales es una postura ideológica que me evita “la necesidad de argumentar a fondo” y me hace asumir una “retórica melodramática”. El desviar el debate hacia ese terreno, le permite a Rivera, a su vez, eludir buena parte de lo que, de manera cardinal planteé en mi anterior colaboración: la Rectoría de la Universidad, que viene anunciando una gran reforma al régimen de pensiones en nuestra institución, se ha negado a considerar las propuestas que, por medio de estímulos a los trabajadores,  permitirían disminuir la carga financiera de las pensiones jubilatorias, y buscará articular su propuesta sólo en torno a dos líneas: prolongar obligatoriamente el tiempo de trabajo de los académicos y empleados y constituir fondos individuales de retiro con las aportaciones de éstos. Si anticipadamente se puede afirmar que esa es la propuesta aún no presentada, es tan sólo porque es el modelo que se ha venido aplicando en los años recientes en la mayoría de las universidades del país que cuentan con un régimen propio e jubilaciones, superior al del ISSSTE o al del IMSS.

            En forma práctica, uno de los ejes rectores del neoliberalismo es precisamente ese: individualizar y desregular las relaciones económicas. Es decir que el Estado se ocupe de las garantías individuales postuladas por los clásicos del liberalismo de los siglos XVIII y XIX (derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad, a la asociación, la libre expresión de las ideas, etcétera) y se retraiga de los derechos de carácter social, como la contratación colectiva y otros. Más allá de toda ideología, es ésta la práctica a la que se ha dirigido la política económica en México y en la mayoría de los países de atrasados en las últimas tres décadas: abrir espacios a la libre empresa y debilitar los sectores estatal y social de la economía.

            Pero, impuesta inclusive con la violencia —como en las dictaduras militares sudamericanas—, esa política no renuncia para obtener legitimidad social a revestirse de un discurso ideológico. Típica de éste es la idea de que los sectores de trabajadores que, por sus niveles de organización, sus luchas u otros factores, han obtenido condiciones de trabajo superiores al promedio, son privilegiados. De lo que se trata con tal ideología es de enfrentar entre sí a diversos sectores de la clase trabajadora a fin de que algunos de ellos se constituyan en opinión pública a favor de las contrarreformas laborales. No es otro el papel que toca a Jaime Rivera cuando, adelantándose a la propuesta de la Rectoría, hace campaña contra las prestaciones laborales existentes en la Universidad.

            El otro gran argumento, si no ideológico sí manejado con parcialidad, que le sirve a Jaime Rivera para predicar la contrarreforma a los sistemas de pensiones es el de la transición demográfica, es decir la elevación, a lo largo de las últimas cuatro décadas, de la expectativa de vida de la población. De ser en México de algo más de 60 años, aproximadamente, se aproxima en la actualidad a los 75 años. El dato es cierto, pero se da de manera aislada. La viabilidad de las pensiones jubilatorias no depende únicamente de que el tiempo de su disfrute por los jubilados sea breve, es decir, que mueran pronto, sino, más que ello, de que la sociedad cuente con un fondo suficiente para ello, constituido a partir de la riqueza que ella misma produzca. Y la productividad laboral no se ha estancado a lo largo de los últimos cuarenta años; ha crecido de manera más que proporcional al incremento de la población y a la población económicamente activa. El hecho es que ese fondo social de pensiones —que forma parte de las llamadas retribuciones al trabajo— no se ha incrementado a pesar del aumento en la productividad, por la misma razón que no crecen las propias retribuciones laborales. La revolución tecnológica característica de los últimos treinta años ha tenido como efecto, en términos generales, una más desigual distribución de la riqueza social, siempre en beneficio del gran capital. El papel de las luchas sindicales y sociales en lo inmediato y en el futuro visible será tratar de revertir la inequidad social propia del capitalismo tardío.

            Las propuestas de modificación al régimen de pensiones universitarias —Rivera hace necesario reiterarlo— se presentan así descontextualizadas de cifras clave: el estándar de inversión en la educación, para que un país como México pueda salir de sus deplorables indicadores de bienestar social y colocarse en situación de competitividad frente a otras naciones, es de 8 por ciento del PIB, mientras que en nuestro país esa inversión no llega al 4 por ciento; y  en el terreno de la educación superior y el la investigación científica, debiera ser del 1. 5 por ciento del PIB, cuando apenas es de 0.4 por ciento, es decir, la cuarta parte de lo deseable. ¿Qué representa la inversión educativa frente al endeudamiento de 1.3 billones de pesos del Fobaproa-IPAB? A Rivera, entusiasta de las cifras, ello no le dice nada porque para él la quiebra universitaria sólo ha de ser analizada en la perspectiva de las pensiones jubilatorias.

            Como un hábil transformista, Jaime Rivera pretende, a través de la promoción de la contrarreforma, presentarse como partidario de la justicia social: “el generoso sistema de jubilaciones nicolaita y de algunos organismos públicos significa que hay trabajadores de primera y de segunda”, afirma, lo cual se evitaría igualando por lo bajo las condiciones de jubilación de todos ellos. Si se toma —como lo hace JR el panorama de la sociedad mexicana, en realidad podrían verse también trabajadores de tercera, cuarta, etcétera. Pero lo que yo afirmé (no debiera ser necesario reescribirlo) es muy otra cosa: que es inaceptable que dentro de un mismo gremio y una misma organización sindical existan dos niveles de trabajadores claramente diferenciados por sus prestaciones laborales.

            También escribí en mi anterior colaboración que en el ámbito de nuestra universidad, el tema ha de encuadrarse en una reordenación y racionalización general del presupuesto de la institución. Rivera soslaya el hecho de que partes muy significativas del presupuesto de la Universidad se han manejado sin la transparencia deseable. Por supuesto que no se trata de suprimir los apoyos asistenciales a los estudiantes pobres —como él quiere inferir sin que yo lo haya insinuado siquiera— sino de someterlos a una planificación racional y a la rendición de cuentas exigible. Cualquier reforma que se quiera hacer, si ha de contar con un mínimo de aceptación de la comunidad y en particular de los trabajadores, ha de partir de ese punto. ¿O se ha de aceptar acríticamente la afirmación de que las jubilaciones son un problema para la Universidad (sin duda, para los trabajadores no lo son), sin que ésta voltee a ver otras áreas no menos problemáticas de su manejo financiero?

            Finalmente, no sin forzar con inferencias absurdas los argumentos con los que se propone debatir, Jaime Rivera sintetiza en cuatro puntos su propuesta para el fondo de jubilaciones. Dos de ellos no son sino los que se han venido anunciando y aplicando en diferentes instituciones, y que se revierten contra las condiciones de trabajo hoy existentes: “aumentar la edad mínima para jubilarse” (la contratación actual no habla de edad sino e años de servicio) y “aumentar, por parte de los patrones, los trabajadores y el gobierno las aportaciones a los fondos de ahorro del retiro” (hoy día, como el propio Rivera lo ha destacado suficientemente, no existen tales fondos, por lo que no se trata en realidad de aumentar las aportaciones sino de instaurarlas). Agrega dos más, que en realidad harían del régimen de pensiones una modalidad mixta individual/social: “disponer de un fondo social para garantizar la pensión mínima” de cada trabajador, y “crear con recursos públicos un fondo de transición para financiar las pensiones de quienes ya están jubilados y los que se jubilarán pronto”. Esto último es lo más aproximado a lo que en la actualidad existe, en donde la Universidad asume íntegramente la responsabilidad en las pensiones, aunque, hasta donde se sabe, no existe como tal un fondo específico para tal fin.

            Jaime Rivera no acepta que semejantes propuestas constituyen un proyecto de liquidación del sistema de jubilaciones, sino sólo de su reforma. No es el caso entrar en una discusión terminológica, sino de entender cuál es el propósito final: trasladar la carga financiera de la jubilación al ahorro individual, donde los fondos públicos (en este caso las aportaciones patronales lo son también) jugarían sólo un papel complementario. El régimen de retiro que hoy conocemos, basado en el compromiso estatal y social, sería reemplazado por uno nuevo, lo cual, va más allá de una reforma.

            He debatido con Jaime Rivera el tema de las jubilaciones universitarias bajo la premisa de que sus propuestas representan un avance de las que el rector Hernández Díaz ha venido anunciando pero no ha presentado formalmente, y él en el supuesto de que la discusión tiene sentido por sí misma, aun en ausencia de una postura oficial, que hasta ahora ha consistido sólo en preparar a la opinión pública. Afirma que “por largo tiempo los líderes sindicales han preferido evadir la cuestión porque no tienen respuestas coherentes sobre ella”. Su reproche debiera ir hacia otra dirección. Las jubilaciones, insisto, no son un problema para los trabajadores, y los sindicatos no tienen motivos para buscar o plantear su modificación, o para abrir una discusión acerca de generalidades que la autoridad no ha llevado al terreno de la negociación. Cuando lo haga, las proposiciones esgrimidas por Rivera cobrarán su verdadera dimensión y se podrían discutir en su contexto real y con un sentido bien determinado.

Coyoacán, D. F., 11 de junio de 2006

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 14 de junio de 2006.