Eduardo Nava Hernández

Que el presidente Fox haya celebrado como un acontecimiento “histórico” y “maravilloso”, y como un logro diplomático de su gobierno el que el senado de los Estados Unidos decidiera comenzar a resolver el problema de su enorme y creciente población indocumentada no debiera sorprender a nadie. Razones coyunturales y estructurales tiene para presentar como una victoria lo que en realidad es tan sólo —y así lo perciben los gobernantes y la mayoría de los estadounidenses— una medida de reordenamiento de su población.

            En lo inmediato, en un periodo de campaña electoral presidencial, necesita Fox impactar a la opinión pública —claro, con excepción de los contreras y antiamericanos— con una reforma legal que, distando mucho de ser un triunfo diplomático, abre un angosto pasadizo para que millones de inmigrantes no documentados en territorio estadounidense regularicen su estancia y se sometan a las leyes de ese país. En el ocaso de su gobierno, no precisamente pródigo en buenos resultados, cercado por los escándalos de ineficiencia, corrupción y tráfico de influencias que involucran a su círculo más cercano, y frente al irrecusable ascenso electoral de la oposición perredista, adjudicarse la reforma senatorial estadounidense a la política migratoria es aferrarse a una tabla de salvación que le permita apuntalar su endeble proyecto continuista.

Estructuralmente, Vicente Fox ve que la propuesta senatorial estadounidense es la oportunidad de mantener abierta la principal válvula de escape de la economía mexicana sin la cual ésta habría alcanzado hace muchos años una situación explosiva. Los aproximadamente trece millones de mexicanos que radican en los Estados Unidos no representan únicamente el enorme venero de remesas que (sin contar el narcotráfico) ya alcanza el segundo lugar como fuente de ingreso de divisas para nuestro país, sólo por debajo de las exportaciones petroleras y por encima del turismo y de cualquier facturación de mercancías. Es también la vía por la que el desempleo en México no alcanza niveles de conflictividad social incontrolables. No hay modo en que la economía mexicana pudiera enfrentar una deportación masiva de trabajadores, que llenarían las calles de nuestras ciudades en busca de empleo.

            Se viste el emperador, sin embargo, con un ilusorio traje que podría más que engalanarlo exhibirlo en su desnudez. Lo que la presidencia de la República se atribuye, por limitado que como reforma migratoria sea, no es el resultado de una hábil gestión diplomática mexicana, sino de la lucha que en el territorio estadounidense vienen dando los trabajadores emigrantes, sus familias y sus aliados, y que tuvo su momento culminante en las manifestaciones masivas del pasado primero de mayo. Resulta así de suma mezquindad escamotear a éstos un triunfo, así sea parcial, por el que han puesto en juego mucho más que habilidades de negociación.

            La reforma migratoria promovida por el Senado estadounidense (Proyecto S2611) aún tiene que pasar por dos etapas antes de convertirse en una realidad. Primero, habrá de ser revisada por una comisión bicameral para conciliarla con la ley aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre pasado, y luego pasar a ser votada por ambas cámaras. En el camino, la nueva política, que beneficiaría sólo a quienes tienen 5 años o más residiendo en el país (unos 7 de los 13 millones de trabajadores indocumentados), pero expulsará a quienes llevan menos de dos años (alrededor de dos millones), podría quedar en el intento.

            Además, de ser aprobada, la reforma vendría a reforzar algunas de las medidas ya aprobadas por la Cámara de Representantes en la Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y de Inmigración Ilegal, como la construcción de mil kilómetros de bardas a lo largo de la frontera sur, y de la militarización decretada unos días antes por el presidente George Bush, agregando miles de refuerzos de la Patrulla Fronteriza a los elementos de la Guardia Nacional que este último ha movilizado. Se construirían centros de detención para los nuevos trabajadores indocumentados aprehendidos y se exigiría a los empleadores usen un sistema electrónico, en un plazo de 18 meses, para verificar que las nuevas contrataciones sean legales, incrementa las multas a los patronos por contratar trabajadores indocumentados. Se trata de legalizar la mano de obra que requiere actualmente la economía estadounidense, de establecer mecanismos para el abasto futuro —cuotas de trabajadores temporales— y de reforzar el control fronterizo con medidas de criminalización de los trabajadores.

            Fruto del pragmatismo, la presente reforma migratoria viene a reconocer una realidad: la existencia de un gran número de trabajadores extranjeros que se han integrado, legal o ilegalmente, a la economía estadounidense; pero no renuncia a una concepción policiaco-represiva que trata a la fuerza migrante de trabajo como un problema de seguridad nacional. Se viene a impulsar en el contexto de las movilizaciones del 1 de mayo, que hicieron visible la magnitud real del fenómeno del trabajo transnacional, pero no sensibilizaron a los grupos gobernantes, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, de asumir una actitud abierta e integral ante el problema de fondo: la profundización de las desigualdades regionales ocasionada por la internacionalización del capital en su fase actual.

            La globalización viene a representar el derrumbamiento de todos los mecanismos nacionales de protección y regulación frente a los flujos del capital, ya sea imponiendo el libre comercio de mercancías o abriendo las fronteras a los flujos de inversión directa. En las áreas periféricas del mundo, este proceso se traduce en la ruina de grandes sectores de la economía —la agricultura de subsistencia, la pequeña industria manufacturera, etcétera— y el empobrecimiento de las masas de asalariados y productores en pequeño. La contigüidad de dichas áreas con los grandes polos de concentración de la riqueza convierte a éstos en poderosos imanes para la mano de obra excedente y a los trabajadores migrantes en auténticos ciudadanos globales. El fenómeno migratorio no se habrá de detener con medidas autoritarias, porque lo mueven poderosos resortes económicos que representan la otra cara de la extensión mundial de los mercados de mercancías y de capitales.

            Una reforma migratoria profunda tendría que contemplar dicha realidad y reconocer que los flujos migratorios no son sino un síntoma de los efectos del neoliberalismo global, y que el fenómeno de la migración de la mano de obra habrá de acompañar necesariamente en el futuro a la internacionalización capitalista. El derecho al trabajo se ha convertido, así, en un tema de derechos humanos, más allá de la seguridad nacional, y en ese punto es que debieran enfocarse los esfuerzos diplomáticos de nuestro país, denunciando la profunda desigualdad que se ha adueñado de nuestras relaciones económicas.

            Pero para lograr ese reconocimiento falta aún un largo trecho. Seguramente no será pronto que podamos hacer eco a la Presidencia para celebrar alborozados ese día histórico y maravilloso.

Morelia, Michoacán, 1 de junio de 2006

*Artículo publicado en La Jornada Michoacán, 3 de junio de 2006 .