Notas sobre la cultura política y el sistema electoral*

Eduardo Nava Hernández

Una sociedad en transformación

Que la michoacana es una sociedad en transformación podría parecer al lector como una tesis de Perogrullo; sin embargo, ningún otro término define mejor una realidad de cuya ostensión hay que partir si se quiere entender la situación política actual de la entidad, totalmente enmarcada, por lo demás, en la dinámica de cambio de la sociedad mexicana en general.

A Michoacán lo han venido a transformar en los últimos lustros tanto el desarrollo del capitalismo nacional como su crisis: primero, poniendo de manifiesto todos los efectos de la introducción violenta del capital en sociedades de las que los sociólogos suelen llamar tradicionales; después, los de ·una crisis no menos violenta en un medio social que aún no completó su transición hacia la denominada modernidad.

La dinámica de cambio está determinada, ciertamente, por los procesos económicos nacionales —e internacionales— actuantes en la región, pero también ha sido modulada por las propias peculiaridades regionales. Es un resultado vectorial de dos tipos de influencias: la de los grupos locales (me refiero, desde luego, en primer lugar a los grupos dominantes, pero no solamente a ellos) y la penetración y adaptación de los poderes económicos y políticos fuereños: el Estado nacional, los sectores dinámicos del capital. En el pasado, los factores regionales de poder tuvieron, como caso general, un peso más determinante. Aun el avance del capitalismo, esencialmente extensivo durante varias décadas, no exigía la supresión o el debilitamiento de tales poderes, sino sólo su subordinación formal a cierta lógica general de acumulación representada por el Estado central. La acumulación intensiva del capital-que implica cambios tecnológicos y organizativos profundos y perdurables en el proceso de trabajo y, por lo tanto, en la estructura de la clase obrera- impuso, en cambio, una lógica más definida de desarrollo que sí ha modificado añejos esquemas de dominación y ha creado nuevos protagonistas sociales. Como, por rápido que sea, este proceso sólo es paulatino, la crisis del capital y de su Estado encuentran simultáneamente a los viejos y a los nuevos actores anudados en una situación regional más compleja y rica en elementos.

Acaso Michoacán pueda ser visto como una entidad privilegiada para el análisis de los efectos sociales, políticos y culturales que una rápida penetración del capital produce en zonas de economía —y sociedad— escasamente desarrollada. Su transformación ha estado impulsada, en efecto, por una tardía pero muy dinámica expansión capitalista, principalmente en la agricultura, pero también en la industria y en los servicios. Desde la instalación de enclaves industriales hasta la agro industrialización de regiones enteras, el capital se ha asentado creando “polos” de desarrollo para explotar las características geográficas y los recursos naturales y humanos de una zona determinada. Por ello, más que integrar a la entidad, su presencia ha aumentado la fragmentación regional hasta formar un mosaico económico que viene a complementar el cultural que ya existía (Zepeda, 1982).

La transformación de la agricultura y la introducción directa del capital en el campo, que datan de finales de los cuarenta, se iniciaron con la introducción de nuevos cultivos comerciales como el melón, la sandía, el algodón, el limón en la zona de riego del Tepalcatepec, y han proseguido abarcando el cultivo de la fresa en el valle de Zamora, la agricultura forrajera vinculada al complejo porcicultor del Bajío michoacano, la expansión aguacatera en Uruapan-Peribán y, desde los inicios de los setenta, la explotación forestal. En todos estos cultivos Michoacán figura entre las primeras entidades productoras del país (Zepeda, 1982).

El desarrollo industrial se ha caracterizado por su elevadísima concentración y, sobre todo, por su desvinculación de los mercados locales. Pero ha sido, a partir de unas cuantas grandes empresas instaladas en el estado, un proceso muy dinámico, sustentado en la lógica del enclave que produce para mercados más amplios. En él habría que contar a Cepamisa en Morelia, Celanese en Zacapu, Resistol en Zitácuaro y, desde luego, el complejo industrial de Lázaro Cárdenas-Las Truchas en la costa sur, aunque podrían también mencionarse otras empresas de menor envergadura y, por supuesto, muchos pequeños establecimientos de importancia puramente local. En las últimas dos décadas la proletarización no es sólo un fenómeno a intuir entre la población michoacana, sino una realidad palpable que va mucho más allá de los centros fabriles.

Aunque no puede decirse que Michoacán sea un estado ampliamente urbanizado, el crecimiento de las ciudades ha sido parte de su evolución reciente. Según las estimaciones recientes de la población urbana, puede apreciarse que una decena de ciudades rebasan o se aproximan a los 50 mil habitantes, y cinco de ellas cuentan con más de 100 mil. Algunas, como Lázaro Cárdenas, Morelia y Apatzingán, han tenido en los últimos veinte años elevadas tasas de crecimiento, con todos los problemas económicos y sociales que ello implica generalmente. El desempleo, los conflictos por terrenos urbanos o urbanizables, la escasez de vivienda, las invasiones y la movilización de colonos o solicitantes no son privativos, empero, de las ciudades más grandes y dinámicas, sino aun de poblaciones relativamente pequeñas, adquiriendo un carácter verdaderamente general. Como es obvio, se trata de problemas que la crisis ha agudizado. En regiones como Uruapan, Lázaro Cárdenas y Morelia, y en menor escala también Zitácuaro y Zacapu, han surgido movimientos urbanos populares de relativa importancia regional, de los cuales algunos se han vinculado a formas de coordinación nacional o bien han buscado articularse a movimientos campesinos o estudiantiles locales.

Lo desordenado del crecimiento urbano se presenta como resultado de la rápida capitalización de la agricultura y la industria en las últimas décadas, que tiene efectos diversos: por una parte, como desplazamiento del campesino ejidal-minifundista de la producción o su subordinación a las exigencias técnicas del mercado; por la otra, corno impulso de los sucesivos booms de los productos comerciales que repentinamente convierten a un determinado poblado en eje de la actividad exportadora y polo de atracción económica a escala regional. De este modo, rápidamente las ciudades tuvieron que contener aproximadamente la mitad de los michoacanos que no salieron de su estado natal.

También en otros sentidos Michoacán comparte los rasgos fundamentales del proceso capitalista del país en los decenios más recientes. Podrían señalarse como ejemplos la masificación educativa en todos los niveles, la extensión de los servicios de salud y la difusión de los medios electrónicos. Pero ello no quiere decir que se hayan suprimido o siquiera reducido las contradicciones y desigualdades sociales. Todo lo contrario. Cualquier ojeada revela cómo la introducción del capital en el medio rural ha conducido al empobrecimiento absoluto de un sector de campesinos. El más superficial análisis tendría que reconocer el deterioro de las condiciones de vida de la población, que se ha dado aquí en un grado seguramente mayor que en otras zonas del país. Bastaría con recordar el lugar de avanzada que Michoacán ocupa corno exportador de jornaleros a otras partes de la República y a los Estados Unidos. Subsistieron amplias regiones de depresión económica y marginalidad con todas las características de la más arcaica ruralidad. Es evidente .la centralización de las obras sociales en las zonas urbanas, que ha ahondado los contrastes entre la ciudad y el campo y entre los ricos y los pobres.

La crisis de la economía nacional ha actuado, así, sólo acentuando tendencias que ya estaban presentes en la fase de crecimiento. Si ha ocasionado desempleo en la agricultura comercial, éste sólo viene a agravar la desocupación que su expansión había producido entre los campesinos. Si ha profundizado la desigualdad, ésta aparecía corno connatural al tipo de desarrollo capitalista predominante en la entidad. Para muchos michoacanos “la crisis llegó aun antes de que la noción estuviese de moda a nivel nacional” (Zepeda 1987a: 21).

Alejada de toda posibilidad de salida por la vía de la reconversión (incluso la siderúrgica de Lázaro Cárdenas-Las Truchas ha comenzado a convertirse en gigantesco elefante blanco aun antes de operar a toda capacidad), la población de Michoacán ha descubierto en el resurgimiento de la economía informal, en las actividades artesanales, el bracerismo y la empresa subterránea la forma más viable de supervivencia dentro de la crisis. Aquí la llamada modernización se presenta vistiendo el traje típico del arcaísmo, corno retomo a un pasado nada remoto que hoy cobra una significación económico-práctica muy precisa. No es la resistencia consciente de la población al desarrollo del capitalismo, menos aun la rebelión contra las relaciones opresivas de producción. Es, simplemente, la instintiva búsqueda de soluciones inmediatas o de corto plazo a los problemas más acuciantes que el capital y el Estado no han podido resolver para la inmensa mayoría de la población. La crisis repliega a las masas en su propia supervivencia.

Subordinadas como están a la lógica de la acumulación capitalista, estas masas de campesinos o trabajadores conservan y acrecientan, sin embargo, durante la crisis, sus propios recursos para organizar su subsistencia al margen del patrón de hegemonía capitalista, a través de prácticas que escapan al control del Estado y del mismo capital[1]. Si no asumen necesariamente una actitud contestataria y beligerante contra el sistema, el obrero desempleado, el campesino ejidal empobrecido, el trabajador marginal o el emigrante sí eluden los órganos y mecanismos de corporativizarían que durante cuatro décadas operaron eficazmente: el sindicato, la unión ejidal, la confederación obrera o campesina.

Esto, desde luego, no es un rasgo peculiar de Michoacán, sino de la sociedad nacional. Ha sido la crisis profunda y prolongada del capitalismo mexicano, con todo su potencial de corrosión y destructividad sobre los tejidos sociales, lo que ha permitido percibir la magnitud y la orientación de los reacomodos hacia los que se encaminan la economía y la política, las relaciones sociales y la cultura. Son tendencias que hoy ya prácticamente nadie se atreve a negar, y que apuntan a modificaciones sustanciales no sólo en las relaciones económicas y los niveles de productividad sino también en las bases de legitimidad del régimen político: el presidencialismo, la centralización, el sistema electoral de partido dominante y el aparato corporativo de encuadramiento de las masas. Si algo ha patentizado el último periodo ha sido la infuncionalidad de diversos métodos, probados y eficaces bajo otras condiciones, en medio de una crisis que, tras una dilatada etapa de desarrollo capitalista, incide sobre una población mucho más urbana y mucho más integrada económica y culturalmente a lo que se ha denominado la modernidad.

Una cultura política contradictoria

La integración económica y social protagonizada por el capital es un proceso dinámico pero inacabado; una de sus consecuencias es la modificación paulatina y desigual de pautas culturales y éticas, entre ellas las que sustentan la actitud de los grupos sociales frente al poder y la participación política en general.

Los estudios académicos acerca de la cultura política han tendido a enfatizar el análisis de la dinámica que, en una sociedad dada, lleva del tradicionalismo a la modernidad, y a contrastar las formas varias de politicidad según su aproximación o alejamiento con respecto a los cánones que caracterizarían a ambos términos. Se trata, entonces, de captar en qué medida el sistema político y la cultura a él asociada reflejan el nivel de desarrollo o “modernidad” alcanzado por su economía, y cuáles serían las rémoras u obstáculos a su evolución política.

En el caso de México, es innegable que la cultura política y el sistema de participación presentarían elementos de ambos extremos: formas de conciencia y de mediación, por ejemplo, marcadamente tradicionalistas y conservadoras[2] pero también rasgos -como el civilismo y la tendencia aún inacabada a configurar un sistema de partidos, por ejemplo- identificables con la modernidad. En función de estos parámetros, el análisis concluiría irremediablemente en la necesidad de ir suprimiendo progresivamente los elementos de tradicionalismo y de consolidar y desarrollar simultáneamente los rasgos de modernidad.

Sin negar la utilidad que tal enfoque podría tener para captar la dinámica de sociedades en transición como la mexicana, aparece como insuficiente cuando se trata de particularizar en la situación concreta de una comunidad social determinada. En primer lugar, por las dificultades para trazar una línea tal de demarcación entre tradicionalismo y modernidad, que no permite ubicar el papel que en concreto puede jugar un elemento determinado en los procesos reales de modernización. Elementos aparentemente ubicados en el tradicionalismo social, como el campesinado y las formas de conciencia religiosa, pueden bien integrarse en un proyecto democrático de cambio, en tanto que los sectores modernos asumen, por ostentar una posición dominante, actitudes claramente conservadoras. En segundo lugar, porque este esquema requiere incorporar el proceso de formación de los sujetos que portan la cultura, como formas de conciencia y de práctica social.

Considero, pues, más útil realizar una distinción entre formas de cultura hegemónico-dominantes y formas populares, corno expresiones alternativas de los intereses concretos actuantes en una sociedad. Se trata, entonces, de la función que cumplen en la participación política las distintas formas de conciencia y de práctica, asumiendo su naturaleza contradictoria en tanto ubicadas en una sociedad antagónica.

En otro trabajo[3] he planteado ya la existencia de por lo menos cinco vetas político-culturales que dan su peculiaridad a la sociedad michoacana actual, más allá de las manifestaciones locales de la ideología nacional hegemónica. Ellas serían: 1) la tradición comunitaria indígena, resurgida y actualizada por la lucha agraria y cultural que se desarrolla en el contexto de la crisis rural del país; 2) el conservadurismo católico que, si como ideología y actitud moral ha sido hegemónico desde antaño, puede traducirse también en una opción política frente al poder civil, como ha sucedido en determinados periodos de la historia del país; 3) una tradición liberal-jacobina cuyo origen histórico está en el Colegio de San Nicolás, que durante los siglos XVIII y XIX así como la primera parte del XX fue centro de difusión de un pensamiento crítico avanzado y revolucionario; 4) el cardenismo como una forma de identificación popular y de constitución de una  politicidad de masas; y 5) una cultura obrera urbana emergente, expresiva de un nuevo proletariado fabril surgido en los últimos años en los enclaves industriales del estado.

En suma, son estos los cauces por los que corre la participación política del pueblo michoacano. Son resultados y al mismo tiempo elementos formativos de la conciencia colectiva por la que distintos grupos sociales se identifican entre sí y se vinculan a la nacionalidad mexicana. Representan, para decirlo brevemente, lo michoacano de la política michoacana.

Lo primero que destacaría al revisarse este listado de formas culturales es su enorme heterogeneidad, su contraste. Asiento secular de un catolicismo conservador, incluso reaccionario, Michoacán pudo también generar desde los siglos XVIII y XIX un pensamiento liberal que por momentos ha llegado al jacobinismo; bastión social de la cristiada y de su secuela sinarquista en el periodo posrevolucionario, su verdadera aportación a la historia contemporánea del país está constituida por un Múgica y un Cárdenas; ha conocido la acción del integrismo religioso lo mismo que la del agrarismo radical; su cultura política parece tender por naturaleza a la polarización en los momentos decisivos de la historia nacional. Influyen en esta heterogeneidad, sin duda, una formación económica fraccionada y dispersa y una dramática y ancestral desigualdad social.

El segundo rasgo relevante es el carácter eminentemente popular de las manifestaciones de la politicidad local. En realidad, como lo demostró sobradamente la guerra cristera, aun el conservadurismo católico es asumido en Michoacán como movimiento de masas. Las burguesías y oligarquías locales han sido incapaces de articularse ideológicamente a través de Un discurso propio y excluyente (aristocrático o empresarial, por ejemplo) y lo han hecho sólo por medio de terceras opciones: o bien la religiosidad ortodoxa con bases populares, o el populismo oficial del Estado nacional. Y si bien el sistema hegemónico logra subsumir a través de las concesiones o la manipulación a las formas de cultura participativa de las clases subalternas, éstas conservan sus raíces y su carácter emergente, que reaparece en las fases de crisis. Los casos concretos ilustran cómo.

El campo, y en especial las comunidades y pueblos indígenas, se han tornado un punto conflictivo del sistema político local —y nacional— a partir de que éstos han sido las primeras víctimas de la modernización capitalista de la agricultura. Ante la política de despojo y explotación aplicada por el Estado y el capital, los grupos indígenas y campesinos en general han encontrado en la recuperación cultural y política de sus milenarias formas de organización comunitaria un recurso defensivo-ofensivo que les ha permitido crear algunos movimientos regionales y uno de alcances estatales, la UCEZ (Unión de Comuneros Emiliano Zapata). Lo significativo en este caso es el papel dirigente asumido por las comunidades indígenas en la lucha por la tierra en Michoacán.              

  Por la lucha zapatista en Morelos y otras zonas del país, el Estado posrevolucionario se vio obligado a reconocer jurídicamente a las comunidades indígenas que los liberales y el porfiriato habían tratado de suprimir desde el siglo pasado. Durante varias décadas, la restitución de tierras y el reparto agrario le otorgaron a ese Estado una gran legitimidad entre la población campesina. Y por vías distintas que los liberales, no el despojo ni la ocupación de sus tierras, sino por la aculturación e “integración” del indio a la sociedad nacional, el nuevo régimen intentó debilitar la raíz comunitaria. Ahora que la fase intensiva de su desarrollo y la crisis del capitalismo ponen nuevamente en el orden del día el control de los recursos naturales, la movilización campesina ha respondido, en Michoacán y en otros puntos del país, rearticulando sus formas comunales de organización. La comunidad indígena o agraria tiende a ser así el canal para una nueva integración del campesino a la vida política, del mismo modo que antes lo eran el cacique, el PRI y las confederaciones campesinas oficiales. Al mismo tiempo que luchan por sus tierras y sus recursos naturales, las comunidades indígenas y grupos campesinos (que también se presentan legalmente como comunidades agrarias de hecho) levantan reivindicaciones culturales ·que tienden a preservar su lengua, sus costumbres, tradiciones y vida cotidiana frente a las vías de penetración y de dominación capitalista.

La religiosidad popular presentaría una situación semejante: la de una forma de politicidad —porque eso es realmente, aunque el texto constitucional y el Estado no la reconozcan como tal— de origen tradicional que, al reavivarse, tiende a chocar con las normas escritas y el sistema político nacional. Separada legalmente de la participación política, pero —acaso por ello mismo— con gran influencia ideológica y autoridad moral sobre vastos sectores de la población, la Iglesia católica puede transformarse fácilmente en medio idóneo de canalización de intereses diversos de la sociedad civil. Predominantemente, tales intereses han sido los de los grupos conservadores del centro del país, como las oligarquías terratenientes opuestas a la reforma agraria; con ellas fincó la Iglesia desde el periodo colonial una sólida alianza que históricamente ha servido, en por lo menos dos ocasiones, para movilizar a las masas contra el poder del Estado que las afectaba. Por ello el catolicismo en Michoacán ha tenido un perfil histórico marcadamente conservador y aun retrógrado, que se ha interiorizado en amplios grupos de la sociedad y que, si bien no se expresa como una opción política permanente, se mantiene latente. No sorprende, entonces, la facilidad con que grupos de filiación católica lograron movilizaciones masivas en las postrimerías del sexenio de Cuauhtémoc Cárdenas para oponerse al proyecto de Ley Estatal de Educación.

Pero, por otra parte, la comunidad religiosa no ha dejado de ‘servir, así sea por excepción, como factor de aglutinamiento de grupos oprimidos para organizar demandas. Si en Michoacán la diócesis de Zamora fuera un buen ejemplo histórico de acendrado tradicionalismo y de activo hegemonismo social, la lucha de algunas comunidades indígenas como Aquila, donde los párrocos han apoyado las reivindicaciones campesinas, podría ilustrar la segunda situación. En todo caso, el fervor religioso es una variable de participación política popular y de integración social que pueden potenciar en un momento dado las presiones y demandas de los grupos concretos, como de hecho ya se ha comenzado .a hacer en regiones diversas del país.

Contradictoria, aunque no excluyentemente con esa arraigada religiosidad, la forma de cultura política popular más importante en Michoacán es el cardenismo. La permanente presencia del general Lázaro Cárdenas en su estado natal, como gobernador primero, como presidente de la República después y, sobre todo, como ex presidente promotor del desarrollo en diversas regiones es, entre otros, un elemento que contribuye a explicar la virtual veneración que el pueblo michoacano siente por su memoria[4]. La significación del cardenismo como fenómeno popular no radica, sin embargo, en lo que Lázaro Cárdenas representó en el proceso de institucionalización del Estado posrevolucionario, sino en haber inaugurado, con la reforma agraria, un periodo en el que la presencia política de las masas fue decisiva. En la memoria colectiva el cardenismo evoca el punto culminante de la etapa reformadora de la revolución, que las masas campesinas y obreras impulsaron y en la que irrumpieron como fuerza organizada para lograr conquistas por las que ya habían anticipado un alto precio en sangre y sufrimientos, especialmente la tierra[5]. En esa medida modificó la relación entre gobierno y gobernados, entre el poder y las masas, originando una nueva politicidad que el pueblo asimiló y conservó como profundo sedimento ideológico y espiritual.

Por ello el cardenismo no desapareció cuando dejó de ser gobierno. Disuelto el eje de su dinámica Estado-masas, se conservó desplegándose en dos niveles: como corriente de la izquierda al interior del sistema político oficial y como forma de conciencia política extendida entre las masas populares. Pero en ausencia de un vigoroso movimiento de los trabajadores no logró repetir la feliz conjunción con que en los años treinta emprendió, en Michoacán primero y en el país entero después, las transformaciones agrarias y sociales cimeras de la revolución mexicana.

Como prueba de su vitalidad, el cardenismo ha tenido al menos tres periodos de reanimación en Michoacán. El primero con la campaña electoral del general Henríquez en 1952, a la que muchos cardenistas se adhirieron, dándole a la agrupación política que éste encabezaba (la FPPM) una fuerza en la entidad que no alcanzó en casi ningún otro estado de la República. El segundo, a fines de los cincuenta e inicios de los sesenta, cuando se fundó, con una base predominantemente agrarista en el estado, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) del que el propio general Cárdenas apareció como promotor y cabeza. El más reciente en los años ochenta, protagonizado por Cuauhtémoc Cárdenas desde el gobierno del estado y, ahora, como candidato a la presidencia de la República. A diferencia del que protagonizó su padre entre 1928 y 1932, el ensayo de Cuauhtémoc Cárdenas en el gobierno estatal fue fallido. Sin concitar el apoyo activo y organizado de trabajadores y campesinos, sus principales reformas y medidas legislativas quedaron como meros actos de gobierno carentes de sustentación social y como buenas intenciones que empedraron un final de sexenio conflictivo y marcado por la impugnación de grupos sociales muy amplios en la entidad. La fragilidad de sus logros podría evidenciar, acaso, la declinación de una política populista en retirada frente a las tendencias eficientitas y tecnas burocráticas, más adecuadas a la gestión de la crisis por el Estado y a las exigencias de la modernización del capital en la actualidad.

Los acontecimientos protagonizados por Cuauhtémoc Cárdenas desde el fin de su sexenio, con la formación de la Corriente Democratizadora del PRI y su posterior separación del partido oficial han mostrado los límites del nacionalismo popular dentro del sistema. Si bien tiende a confrontarse hasta un punto de ruptura con el PRI, su radicalización no alcanza a ubicarlo con claridad entre las fuerzas de izquierda independiente, optando más bien por soluciones intermedias.

Son otras las masas que hoy pueden impulsar la lucha por la democratización del sistema y aportar los ingredientes de una nueva cultura política popular: las que en Michoacán se han venido desarrollando al impulso del proceso de industrialización. La clase obrera fabril altamente concentrada en los enclaves de Lázaro Cárdenas-Las Truchas es el fenómeno más representativo de estos procesos. En pocos años, con una clase obrera mayoritariamente joven y proveniente de fuera de la región, pero calificada y experimentada en la práctica sindical, se han generado en ese punto de la costa michoacana elementos de una novedosa cultura obrera.

El surgimiento del centro industrial es producto no de un proceso de acumulación regional, sino de la acción ejercida por fuerzas externas, el Estado central y el capital extranjero, asentados en la zona para la explotación de los recursos minerales y el aprovechamiento de su favorable ubicación geográfica. El resultado más inmediato ha sido una vertiginosa urbanización, poblada de contradicciones sociales, que hoy hace ascender a más de cien mil los habitantes asentados en tomo al polo industrial. La mayoría de ellos no son, empero, obreros regulares, sino trabajadores eventuales y desempleados asentados en una docena o más de colonias periféricas carentes en su mayoría de servicios urbanos. Las condiciones objetivas de la región, la alta concentración de la población obrera, la proximidad entre sus diferentes grupos y· las peculiares características culturales han permitido que se generen prácticas propias de democracia y solidaridad y han creado espacios de expresión clasista corno lo han sido, sobre todo, la sección 271 del sindicato minero-metalúrgico y algunos movimientos de colonos. La cohesión y decisión de estos grupos se han dejado palpar en los movimientos de huelga que los metalúrgicos han estallado en 1977, 1979 y 1985, sobre todo este último.

De este modo, el proceso de desarrollo capitalista inducido en la región del bajo Balsas ha modificado radicalmente su conformación social y cultural. La nueva población de la zona combina aspectos ya existentes —el cardenismo, la proximidad a las comunidades campesinas— con elementos nuevos para dar lugar a nuevas formas de politicidad, eminentemente clasistas, con las que una vasta y dinámica población se incorpora a la participación.

Un sistema electoral en crisis

Dos cosas tendrían que responderse al vincular el estudio de la cultura política con el de los procesos electorales a escala regional. La primera es: ¿puede una matriz político-cultural como la reseñada anteriormente traducirse en determinadas actitudes y opciones prácticas identificables dentro de un sistema político electoral? La segunda: ¿qué transformaciones se podrían percibir en la dimensión política corno efectos de la evolución social que la crisis y reestructuración en proceso del capital traen consigo?

En cuanto al primer aspecto, habría que decir que la influencia de la cultura sobre la política real es sólo indirecta, mediada por múltiples factores, unos de carácter exógeno a la formación social —en este caso la michoacana— y otros determinados por la situación concreta de los diferentes grupos sociales, los liderazgos y la coyuntura. En última instancia es cierto que la presencia de ciertos rasgos culturales, valores éticos compartidos, formas de concebir al mundo, etc., a partir de la situación material de los sujetos sociales es condicionante del arraigo y la popularidad que ideológica y políticamente pueden tener los partidos que integran el sistema electoral. La polarización entre el conservadurismo popular de raigambre católica y el cardenismo, por ejemplo, contribuye a comprender la fuerza política que desde antaño ha tenido el PAN en algunas zonas de Michoacán, pero ésta sólo se ha concretizado bajo condiciones específicas y ha sido desigual y oscilante. El propio cardenismo ha sido, como forma de cultura política, una constante, pero sus expresiones han sido diferenciadas corno los grupos que han hecho uso de él para promover sus intereses. A lo largo de cincuenta o más años el cardenismo ha mutado tanto que a veces cuesta reconocerlo (Zepeda, 1987b). El mismo Cuauhtémoc Cárdenas llegó a afirmar en varias ocasiones que, corno corriente política, había desaparecido.

Entre el sustrato cultural e ideológico y la dinámica electoral es posible, entonces, establecer vínculos explicativos, pero que han de pasar por filtros de diversa índole.

En primer lugar, las estructuras políticas, incluidos los partidos, han tendido a corresponder a un sistema configurado nacional y no regionalmente. No hay partidos estatales —aunque la legislación electoral michoacana explícitamente los reconoce y reglamenta—, sino recepción del régimen federalmente vigente[6]. Las filiales de los partidos nacionales, con notables excepciones, tienden a reproducir y difundir planteamientos programáticos e ideológicos nacionalmente elaborados y a menospreciar los elementos constitutivos del regionalismo. Carecen de investigaciones de las situaciones locales y hasta de medios de prensa a escala estatal, y pocas veces incorporan en sus programas la problemática específicamente michoacana. Es un efecto más del centralismo que impregna la vida política entera del país.

 En segundo lugar, todo partido no puede ser sino indirectamente la expresión ideológica o práctica de los grupos sociales reales y de la cultura de la que éstos son portadores. Dicha cultura no es inmediatamente traducible al lenguaje cifrado de la juridicidad política en que los partidos se inscriben.

En tercer lugar, tanto las formas culturales como el sistema político evolucionan, pero no siguiendo los mismos ritmos ni trayectorias paralelas. En general, los cambios culturales tienen un tiempo más lento que las transformaciones económicas y jurídicas, porque su proceso de asimilación y reelaboración por los grupos sociales es más complejo.

Finalmente, en los resultados de una elección dada pueden influir variables meramente circunstanciales, de carácter coyuntural: la dinámica y conflictos de los grupos locales, el modo como se integran los partidos, sus bases sociales —grupos de interés— y aun la selección de sus candidatos pueden ser decisivos en el resultado de los comicios. En México, por lo demás, las estadísticas electorales son más un obstáculo que un medio para conocer las preferencias de los ciudadanos, corno se podría demostrar fácilmente con el examen de las elecciones a nivel municipal, y sobre todo en áreas rurales. Además de las dificultades para obtenerse completas[7],la manipulación de las cifras en las diversas etapas de recuento y calificación hace virtualmente imposible tomarlas siquiera con un mínimo de confiabilidad.

No obstante, es indiscutible que una cultura política debe tener manifestaciones concretas, y que su relación con el sistema electoral formalizado no es unidireccional. No sólo ella influye sobre la ideología y la política práctica de los partidos, sino que, a su vez, es transformada por la presencia y la acción de éstos en el medio social. La política regional, en la que la participación grupal es más inmediata, es el nivel más adecuado para captar este tipo de nexos. El sistema de partidos, es cierto, es un conducto de integración del ciudadano a la sociedad política nacional, más no sin pasar por las mediaciones correspondientes a cada sociedad regional.

Ciertas condiciones estructurales inciden en la práctica electoral en Michoacán. Según los datos censales de 1980, un 53 por ciento de la población podía considerarse urbana por residir en localidades de 2,500 habitantes o más, aunque, en realidad, dadas las condiciones de urbanización efectiva del estado, puede pensarse en un porcentaje muy inferior. El 55.6% vivía en poblados de menos de 10 mil habitantes. El bajo nivel de productividad y del producto per cápita colocan a la entidad entre las más pobres de la República, lo mismo que sus indicadores de escolaridad, de desocupación, de marginalidad y de migración. Son factores que, no favoreciendo una participación política activa, coadyuvan a explicar, por una parte, un abstencionismo generalizado, casi siempre superior a dos terceras partes del padrón electoral; por otro lado, el fácil predominio del PRI en la mayoría de los distritos y municipios y la debilidad de la oposición para triunfar o, en su caso, para defender sus triunfos. Los resultados electorales muestran hasta hoy un PRI que en Michoacán obtiene siempre porcentajes de votación superiores a sus promedios nacionales, y partidos de oposición que, con la única excepción del PDM, están por debajo de sus índices nacionales.

 La insuficiente presencia opositora en las zonas rurales (en las elecciones municipales de 1983 el PRI no tuvo contrincantes en 32 municipios, y en las de 1986 en 36; en muchos otros hubo una sola planilla opositora) hace que, con diversos matices, todos los partidos y observadores, fuera del PRI, coincidan en señalar ahí la persistencia sistemática del fraude.

Otro rasgo general: de acuerdo con la estructura de clases existente, los grupos campesinos constituyen una clientela natural para los partidos políticos, tanto el oficial como los de oposición. Sólo el PAN, por condiciones singulares, aparece en Michoacán como un partido eminentemente urbano, al mismo tiempo fuerte y con poca penetración en los municipios rurales, lo que no ha impedido que se asegure un lugar privilegiado entre los organismos opositores.

La gravedad de los problemas sociales y económicos en el campo michoacano ha generado en ocasiones la organización independiente y cierta actitud de receptividad al discurso de la oposición. En otros casos, la identificación con valores ideológicos religiosos es el conducto para la penetración de los partidos de derecha en el medio rural: No obstante, sigue siendo fuerte el control político oficial, lento el avance opositor, difíciles los triunfos y quimérico su reconocimiento. El campo michoacano es, con muy pocas excepciones, dominio natural del partido del Estado, o por lo menos lo ha sido hasta ahora.

En el caso de los grupos indígenas, es difícil captar su peso específico en el sistema electoral local. Tomando como fuente los datos de población de habla indígena del censo de 1980[8],  tendríamos a lo más a una docena de municipios con proporciones significativas de grupos  étnicos definidos, ubicados en su mayoría en la Meseta Tarasca y la Cuenca Lacustre: Cherán (48.7% de la población es de habla indígena), Charapan (48.5%), Chilchota (43.5%), Tzintzuntzan (33.5%), Quiroga (32.2%), Nahuatzen (31.5%), Erongarícuaro (30.2%), Paracho (28.6%), Tangamandapio (28.0%), Tingambato (15.4%), Los Reyes (15.3%), Aquila (13.9%), Coeneo (13.4%), Pátzcuaro (9.9%) y Uruapan (5.9%). Quiroga, Pátzcuaro, Uruapan y Los Reyes son, sin embargo, municipios predominantemente urbanos, lo que relativiza en mayor grado el papel que la comunidad indígena desempeña en su lógica política.

El análisis estadístico de los municipios rurales es mucho más arriesgado que el de los urbanos. El falseamiento de las cifras electorales es ahí, como se sabe, la práctica más corriente. Pero la generalización de esta práctica es, de por sí, una prueba indirecta de lo que tendría que concluirse también bajo cualquier perspectiva de análisis: que los grupos indígenas no han sido ningún riesgo para el partido gubernamental, ya sea por predominar el abstencionismo —cosa también difícil de apreciar en sus magnitudes reales, pues, además del falseamiento estadístico, ni siquiera aparece en las cifras accesibles— o bien porque mayoritariamente votan a su favor.

Según los datos del cuadro I (anexo), se observa que en los municipios arriba mencionados como de elevado porcentaje de población indígena, el PRI ha obtenido —con notorias excepciones— fáciles victorias electorales. En algunos casos como Charapan y Aquila la oposición ha sido inexistente o sólo por llenar el expediente se ha manejado con el registro de planillas de los partidos paraestatales. La reforma política ha avanzado con lentitud, y tan sólo en las dos últimas elecciones municipales (1983 y 1986) ha habido elecciones algo competitivas, aunque ello únicamente en algunos municipios. La oposición sólo ha logrado obtener algunos votos indígenas en Quiroga (PDM en 1983 y 1986), Nahuatzen (PDM 1983 y 1986), Tangamandapio (PAN en 1986), Chilchota (PSUM en 1983 y 1986), Tzintzuntzan (PDM en 1980,1983 y 1986), Paracho (PSUM en 1983) y Erongarícuaro (PST en 1986).

Aplicando un método estadístico es posible medir la correlación entre los porcentajes de población de habla indígena y de votación priísta para el año 1986, hasta ahora, el de las elecciones más competitivas por el número de partidos participantes y niveles de sufragio opositor. El coeficiente rho calculado para los once municipios más indígenas del estado —aquéllos con más de 15% de habitantes de habla indígena— es de 0.691, positivo y elevado, que puede interpretarse como una correlación directa: a mayor porcentaje de núcleos indígenas, más elevada votación priista (véase cuadro II anexo).

De los partidos de la oposición, las tasas más altas en esos municipios corresponden al PDM, fuerte en Quiroga, Nahuatzen y Tzintzuntzan; al PSUM en Tingambato, Chilchota y Paracho; al PAN en Tangamandapio y Los Reyes; y al PST en Erongarícuaro, Cherán y, con menor apoyo popular, en Charapan. En algunas de estas localidades, no obstante, ha habido fuertes conflictos electorales recientes, corno en Tingambato en 1983, donde un candidato independiente logró derrotar al PRI; en Nahuatzen y Quiroga, donde el PDM reclamó sin éxito el triunfo en el mismo año, y en Chilchota, donde al decir del PSUM dos veces se le han escamoteado sus triunfos, en 1983 y 1986[9]. Antes, en Cherán en 1970, la movilización popular y especialmente de los campesinos, logró deponer a un alcalde.

Habría que señalar también que en muchas de las elecciones municipales conflictivas, la lucha se ha dado con grupos y candidatos presentes disidentes, ya sea que actúen con planillas independientes ya que se acojan a las siglas de algún otro partido. Este último ha sido el caso, particularmente, del PPS y el PST, cuyos mayores progresos han derivado de capitalizar los desprendimientos del partido oficial; pero también lo fue, por ejemplo, del PSUM en Jacona y Tingambato, lo que no hace sino remarcar lo coyuntural e inconsistente de la presencia opositora en muchísimos municipios.

La estabilidad del grupo entre los grupos indígenas; aun en municipios donde hay comunidades movilizadas por la UCEZ o por otras organizaciones independientes, ilustra la paradoja de este tipo de politicidad: los indios son indiferentes a los comicios, inclusive los municipales, ya que para la mayoría de las comunidades las instancias más próximas de gobierno son las jefaturas de tenencia y encargaturas del orden, en cuya elección no participan los partidos políticos sino directamente el pueblo mediante plebiscito (Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, artículos 70, 72 y 73). De ahí que el sufragio campesino e indígena haya sido el más manipulado y manipulable, y que la expropiación política por el aparato central del Estado haga presa allí con mayor fuerza contra los grupos populares. Los indígenas casi no votan, y cuando lo hacen, sufragan por las opciones conservadoras: PRI, PAN y PDM.

En el medio rural, la reforma agraria ha jugado indudablemente un papel en lo general consensual, pues coloca al Estado nacional y a sus agentes en el centro del proceso agrario, corno interlocutores privilegiados y casi exclusivos del campesino. Es ésta, sin embargo, una situación que la decadencia de la economía campesina, la penetración del capital en el agro y la presente crisis han comenzado a transformar, multiplicando los conflictos agrarios y, en algunas ocasiones, las expresiones electorales de los grupos involucrados.

El otro componente relevante del sistema electoral en el campo, vinculado también al fervor religioso popular es, desde luego, el sinarquisrno y su expresión partidaria el PDM, que aparece en las estadísticas electorales recientes corno tercera fuerza política. Esta posición se explica fácilmente si se torna en cuenta que, desde su fundación, la Unión Nacional Sinarquista tuvo aquí uno de sus bastiones sociales basándose precisamente en el conservadurismo religioso del pueblo, la experiencia histórica de la Cristiada y el manejo de un discurso anticomunista y antiestatista. La mayor influencia del PDM se da en municipios rurales, y sólo secundariamente en las áreas urbanas; puede decirse que es la contraparte —complementaria— del conservadurismo que en las ciudades medias encarna el PAN. Aquél es también el partido opositor más extendido en Michoacán, el que mayor número de postulaciones hace en periodos electorales y cuenta con más comités municipales. No obstante, sólo ha gobernado, desde 1978 en que obtuvo su registro como partido nacional, dos municipios: Nuevo Parangaricutiro en 1984-86 e Indaparapeo desde 1987.

El panismo, por su parte, ha tenido en Michoacán una historia de altibajos. Siendo éste uno de los estados más panistas del país en los años cuarenta y cincuenta, se adjudicó aquí sus primeros triunfos electorales: las presidencias municipales de Quiroga y Sahuayo en 1946 y 1952, respectivamente, la diputación federal por Tacámbaro en 1946 y la diputación local por Zamora en 1947. Alcanzó también diputaciones federales de mayoría relativa en el III distrito en 1949 y 1961, y en el IX en 1952. Por aquellos años solía el PAN michoacano obtener votaciones muy por encima de sus promedios nacionales, en ocasiones, como en 1952, triplicándolos. En los sesenta y setenta, empero, Michoacán fue desplazado corno bastión del blanquiazul por otros estados donde su crecimiento fue mucho más dinámico. No sólo sus tasas de votación decayeron por debajo de la media nacional; desde 1961 hasta 1985 no ganó el PAN ninguna diputación, y durante un extenso periodo de 15 años no hubo en el Congreso de la Unión representantes del panismo michoacano. Sólo logró en ese periodo adjudicarse una presidencia municipal: Uruapan en 1968, que, aunque importante, fue un triunfo aislado y sin secuelas.

En los años ochenta, en cambio, el PAN ha venido consolidándose como una alternativa de poder para algunas regiones de Michoacán. En 1980 ganó la presidencia de Zacapu, en 1983 las de Uruapan y Zamora y en 1986 las de Zamora y Jacona. En 1985 se adjudicó también el distrito de Zamora en las elecciones federales. Sus porcentajes de votación en el conjunto del estado se ubican alrededor del 9 y 10 por ciento, pero esta cifra no refleja la importancia real del PAN. Este partido se ha anotado resonantes y contundentes triunfos en algunas de las ciudades más importantes del estado y, en la práctica, ha impuesto el sistema bipartidista en toda una región de la entidad. En elecciones municipales recientes ha obtenido sus más altas votaciones relativas en poco más de una docena de localidades: Jacona, Zamora, Tangancícuaro, Tingüindín, Uruapan, Tangamandapio, Marcos Castellanos, Sahuayo, Zacapu, Briseñas, Los Reyes, Morelia, Chavinda, lo que significa que el panismo se ha consolidado como segunda fuerza —y a veces primera— en las ciudades medias y, sobre todo, en la región noroeste de Michoacán, la más representativa del tradicionalismo y la ortodoxia religiosa.

Sería ilusorio, sin embargo, atribuir el resurgimiento del PAN en dichas zonas a la simple acción de un catolicismo más agresivo. En este auge blanquiazul, que en los últimos seis años le ha costado al PRI cinco presidencias municipales y una diputación federal por mayoría, habría que ver también una muy michoacana insurgencia popular urbana que ha tornado corno eje el cuestionamiento a las imposiciones del centro y de la capital del estado. Los sectores populares que en 1980 llevaron al PAN a gobernar Zacapu no se adherían tanto a una· opción ideológica y programática; expresaban una cultura política oposicionista al Estado-PRI y votaban por el partido que, además de vincularse a sus luchas concretas, ofrecía posibilidades de triunfo. Prueba de ello es que poco tiempo después, en 1986, esos mismos sectores de pobladores organizados se servían de un partido de izquierda, el PMT, para expresar su descontento[10].

Hay que recordar que, aunque el ascenso del PAN se inicia bajo el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, se ha consolidado al refrendar en 1986 su triunfo municipal en Zamora y ganar también la presidencia de Jacona. Lo cierto es que —especialmente en Zamora— más que un triunfo del PAN en cuanto tal, las derrotas del PRI aparecen como efectos de la movilización del pueblo contra la imposición y el fraude (Zepeda, 1987c y Tapia, 1984). Y si bien no es, todavía, un fenómeno generalizado a otras regiones, es indudable que el caso de Zamora se ha convertido en un permanente dolor de cabeza para el PRI en Michoacán, por el efecto demostración que podría generar en un momento dado en las ciudades medias y la posibilidad de sustraer a su influencia toda una zona de gran importancia económica y social.

Mientras tanto, la izquierda se mantiene como una tendencia débil en el espectro electoral michoacano. No puede decirse que sea novedosa: desde los años veinte, el Partido Comunista tuvo un papel dirigente en las luchas agrarias de la entidad, impulsando la Liga de Comunidades encabezada por Primo Tapia y formando con él toda una generación de líderes que se incorporaron también la fundación de la CRMDT cardenista poco tiempo después. En los treinta participó —aportando su cuota de sangre— en los movimientos de trabajadores agrícolas que prepararon las afectaciones del presidente Cárdenas en la Tierra Caliente, concretamente en Lombardía y Nueva Italia.

En la década del sesenta, la corriente comunista desempeñó su papel en las luchas estudiantiles universitarias, las últimas del ciclo del nicolaicismo revolucionario y las primeras de la universidad de masas. A pesar de grandes altibajos, así como de persecuciones y represión, esta corriente ha mantenido su presencia en Michoacán como el más profundo sustrato en que se han apoyado diversas organizaciones de izquierda y movimientos sociales. Si no ha’ logrado arraigar de manera amplia ni consolidarse como potencia electoral, ello no quiere decir que, con sus diversas expresiones, no esté representada en la vida política de la entidad. En coyunturas decisivas de la historia regional, la izquierda radical ha sabido entroncarse con los anchos caudales que impulsaron transformaciones sociales: el agrarismo, el cardenismo. Su papel no fue aglutinar sino catalizar esos movimientos, y en ello radica su importancia histórica, su vinculación con la política regional. No es más que eso, pero tampoco menos.

En sus diversas expresiones electorales (PCM, PSUM, PMT, PRT y hoy el PMS surgido de la fusión de los dos primeros), esta izquierda ha venido captando alrededor del 2% de los votos en las elecciones recientes, pero su tendencia, a partir de 1983, es descendente, debido a diversas causas: escisiones en el seno de los partidos, polarización de los votantes en tomo al PRI y el PAN en algunas regiones, debilitamiento de su presencia en organismos sociales, etc. A pesar de la unificación del PSUM, el PMT y un amplio sector proveniente del PST en el nuevo PMS, se ve difícil revertir en lo inmediato esa tendencia reciente en Michoacán. Por una parte, porque la unificación no agregó por sí misma nuevas fuerzas sociales a las ya existentes; por otro lado debido a la presencia abrumadora que la candidatura cardenista promete tener en el estado, restando votos no solamente al PRI sino también a los partidos opositores.

Sólo un municipio es gobernado por la izquierda socialista: Santa Ana Maya, donde el PSUM ganó una apretada elección en diciembre de 1986. Sin embargo, este último partido ha reclamado. Triunfos arrebatados en Chilchota, Apatzingán y Múgica. En elecciones municipales entre 1980 y 1986.

Un hecho significativo fueron las elecciones municipales de 1986 en Lázaro Cárdenas, donde la izquierda, coaligada (PSUM, PMT, PRT) se constituyó en alternativa frente a un candidato impopular del tricolor. Mucha gente del pueblo da testimonio de la magnitud del fraude que, en este caso, pasó por la anulación y el desconocimiento de una gran cantidad de votos, y que sin embargo no impidió que esa coalición obtuviera el triunfo en la cabecera. Ello habla no sólo de un proceso de maduración de la izquierda sino también de su encuentro creciente con la clase obrera emergente de esa región. Confirma también la vocación clasista de las fuerzas sociales en desarrollo en el puerto industrial más importante del país.

Una hipótesis viable para Michoacán, como para gran parte del país, es que la crisis económica y social tiende a socavar el sistema político. En primera instancia, porque debilita y golpea a las clases populares que constituyen la clientela corporativizada del partido oficial, los obreros, campesinos y sectores medios. En segundo lugar, porque tiende a reestructurar las relaciones entre las propias clases sociales y entre el Estado y la sociedad. El paso a una nueva etapa de acumulación del capital requiere modernizar los métodos de dominación y hegemonía si se quiere asentar sobre bases firmes y duraderas.

Es un hecho que el sistema electoral ha comenzado a hacer crisis. Por una parte, debido al ascenso de una oposición electoral de derecha capaz de disputarle al PRI importantes espacios de poder. Por otra parte, por la subsistencia y reanimación de movimientos populares independientes. Finalmente, en lo que es hoy la manifestación más vistosa de esa crisis, por el desgajamiento de un importante sector del PRI, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, y de los partidos que lo apoyan. Para todos ellos, el voto ha comenzado a dejar de ser un medio de legitimación del sistema y a convertirse en peligrosa arma de lucha que lo cuestiona.

De un modo u otro, todas estas manifestaciones de la crisis política se hacen presentes en Michoacán. La más espectacular es el resurgimiento del cardenismo en torno a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. Por primera vez esta tendencia, arraigada en la historia y la cultura regional, medirá su fuerza al margen del partido oficial. No es difícil pronosticar su triunfo en varios de los más importantes distritos de la entidad. Pero no es un hecho nuevo en Michoacán, donde desde 1974 muchos grupos priistas se movilizaron para impulsar la candidatura del hijo del general Cárdenas a la gubernatura y en donde éste obtuvo, en 1980, una de las más altas votaciones relativas en elecciones de gobernador.

El neocardenismo presenta, en el contexto de la presente crisis, un aspecto conservador de carácter populista jacobino y un aspecto de modernización democrática del sistema político. Su programa económico plantea el retorno a un modelo histórico de desarrollo basado en el mercado interno, el proteccionismo y la alianza histórica del Estado con los sectores medios de la burguesía desde una perspectiva nacionalista. En lo político, propone transformaciones que parten de la crítica al dedazo y al presidencialismo y que se han venido radicalizando hasta cuestionar el aparato burocrático corporativo que está en la base del sistema priista. En lo ideológico, su significación es más profunda. Por vez primera, una tendencia surgida de la Revolución Mexicana (lo que la distingue tanto de la derecha como de la izquierda socialista) se enfrenta electoral y socialmente al PRI, denunciando sus desviaciones políticas[11]. Frente a la tecnoburocracia gobernante, representa una recuperación de la tradición revolucionaria y popular que hace medio siglo llegó a su culminación con la presidencia cardenista. Por eso representa la impugnación más riesgosa para el PRI y el moderno proyecto gran capitalista.

El cardenismo será en las elecciones de 1988, con mucho, la oposición más fuerte en Michoacán, desplazando al PAN y restando al PRI un inmenso número de votos y gran parte de su base popular. Vendrá con ello a enriquecer una cultura política desde hace algunos lustros cada vez más participativa y extendida entre la población.

Conclusiones

Michoacán posee, como quizá pocas entidades de la República, una cultura política rica, diversificada hasta la polarización y con hondas raíces en la historia. Una cultura política que las transformaciones promovidas por el desarrollo del capitalismo no han logrado suprimir en sus aspectos esenciales (comunalismo, cardenismo, religiosidad y conservadurismo populares) y que la crisis ha revitalizado en medio de grandes desigualdades y contradicciones sociales. En cualquiera de sus variantes, es ante todo una cultura popular, generada, asumida y reproducida por el pueblo. Impregnada de tradicionalismos, no se traduce fácilmente en una participación política formalizada en los partidos y procesos electorales, pero dista de ser meramente pasiva, expresándose en cambio de manera actuante en una micropolítica comunitaria local. Las elecciones pasan con frecuencia inadvertidas en medio del desdén popular; pero la renovación de una jefatura de tenencia o de la dirección sindical minera produce una movilización generalizada.

Con una oposición débil en lo general y el vasto espacio de maniobra que le da el abstencionismo, el PRI ha dominado apabullantemente, sobre todo en las áreas rurales. Ha habido triunfos de la oposición, pero con frecuencia han sido desconocidos mediante el fraude o han quedado aislados.

La crisis y la modernización social tienden, en cambio, a politizar más la vida y la cultura populares. Las tendencias nacionales apuntan hacia modificaciones en los métodos de gobierno y, sobre todo, en la correlación de fuerzas entre el PRI y la oposición, que no dejan de reflejarse a escala regional. Señalemos simplemente tres de ellas, cada una de las cuales ha tenido expresiones a nivel local en Michoacán y que se han reflejado o se reflejarán en el sistema electoral: la polarización de sectores radicalizados de la burguesía que esperan el relevo del PRI como una oportunidad para introducir reformas a fondo. Es lo que está detrás de la revitalización del panismo a escala nacional y regional, y que, como hemos visto, también ha comenzado a adquirir carta de michoacanidad. Segundo, la radicalización de un sector proveniente de la misma burocracia priista y sus antiguos aliados, opuesto al tipo de reformas impulsado por el gobierno federal, que es cuanto expresa el fenómeno del neocardenismo. En tercer lugar, el fenómeno de los cuestionamientos desde abajo en reclamo de mayor participación popular en los asuntos públicos, que se expresa, sobre todo, en movimientos a nivel municipal ya sea dentro o fuera del PRI.

CUADRO I

ELECCIONES MUNICIPALES EN MUNICIPIOS SELECCIONADOS DE MICHOACÁN, 1977-1986

	1977		1980		1983		1986
	Votos	%	Votos	%	Votos	%	Votos	%
6. Apatzingán
PAN	32	0.4	2	0.0	208	2.3
PRI	7340		3402	53.1	6032	69.4	10221	96.5
PDM			6	0.1	217	2.5
PCM-PSUM			2989	46.7	2019	23.2	128	1.2
PST			4	0.0	38	0.4	105	1.0
PPS					67	0.7	137	1.2
8. Aquila
PRI	4416	100	1758	100	3497	100	3102	100
11. Briseñas
PAN	11	0.4			803	47.6	270	29.5
PRI	3112	99.4	1921	100	885	52.4	643	70.4
PPS	7	0.2
16. Coeneo
PAN	10	0.1
PRI	6725	99.8	5389	100	5797	94.2	5113	93.9
PPS	3	0.0
PSUM					351	5.7	330	6.1
22. Charapan
PAN	5	0.7
PRI	721	99.3	1431	98.6	1317	100	1070	87.5
PPS			7	0.4
PDM			1	0.0
PCM-PSUM			4	0.2
PST			8	0.5			74	6.0
24. Chavinda
PAN	5	0.1			1103	40.4	406	22.3
PRI	4796	99.4			1502	55.0	1253	68.8
PPS	14	0.3
PSUM					126	4.6	163	8.9
25. Cherán
PRI	265	100	723	80.6	840	77.7	1372	85.6
PPS			3	0.3
PCM			2	0.2
PST			171	18.8
26. Chilchota
PAN	12	0.3
PRI	3956	99.4	2268	99.8	1673	63.3	2791	78.9
PPS	13	0.3
PCM-PSUM			3	0.1	971	36.7	746	21.0
33. Erongarícuaro
PAN	1	0.0	2	0.1
PRI	1603	99.9	1257	91.0	567	100	1096	72.9
PPS			3	0.2
PCM			1	0.0
PST			118	8.5
34. Fco. J. Múgica
PAN	2	0.0
PRI	7800	99.0	4083	99.8	3722	74.9	3565	79.7
PPS	71	0.9	7	0.2	44	0.9
PDM					211	4.2	928	20.2
PSUM					1002	20.1
36. Hidalgo
PAN	79	0.6			2780	21.3	449	3.6
PRI	11294	93.7			6260	48.1	8851	70.3
PPS	579	4.8
PDM					3737	28.7	2788	22.1
PST					249	1.9	46	0.3
42. Indaparapeo
PAN	16	1.1	10	0.8
PRI	1397	96.7	1058	84.4	1234	81.3	427	44.0
PPS	25	1.7	8	0.6	37	2.4	44	4.5
PDM			177	14.1	247	16.3	493	50.8
45. Jacona
PAN	39	0.9			782	18.8	2301	57.3
PRI	3906	98.5	1473	94.7	1855	44.5	1697	42.2
PPS	17	0.4	29	1.8
PDM			19	1.2
PCM-PSUM			34	2.2	1507	36.2
PST					19	0.4	16	0.4
47. Jiquilpan
PAN	22	0.2	15	0.5
PRI	10591	99.6	2051	78	11819	99.5	9194	99.0
PPS	11	0.1	6	0.2
PCM-PSUM			537	20.4
PST			15	0.5
51. Lázaro Cárdenas
PAN	6	0.0
PRI	9524	99.6	1810	100	4322	73.6	4654	45.7
PPS	6	0.0
PARM							134	1.3
PDM					461	7.8	523	5.1
PSUM					457	7.8
PST					549	9.3	294	2.8
PMT							2066	20.3
Nulos							2511	24.7
51. Marcos Castellanos
PAN					980	43.4	698	35.9
PRI	2496	100			1279	56.6	1246	64.1
55. Morelia
PAN	3122	27.5			10763	32.9	8250	23.5
PRI	7501	66.1	18224	90.2	17767	54.3	23828	68.1
PPS	358	3.1	1972	9.7	730	2.2	396	1.1
PARM							209	0.5
PDM					1803	5.5	780	2.2
PSUM					868	2.6	688	1.9
PST					495	1.5	706	2.0
PMT							75	0.2
PRT							32	0.1
57. Nahuatzen
PRI	3619	100	805	86.2	1333	61.3	1909	67.6
PDM					843	38.7	913	32.4
PST			129	13.8
58. Nuevo Parangaricutiro
PRI	1599	99.1	1861	100	900	40.3	1598	52.7
PDM					1332	57.9	1431	47.3
66. Paracho
PAN	2	0.0
PRI	8258	99.1	5296	98.6	2931	74.8	2487	82.8
PPS			8	0.1			307	10.2
PDM			9	0.2
PCM-PSUM			18	0.3	943	24.1	208	6.9
PST			1	0.0
67. Pátzcuaro
PAN	694	9.8			1613	26.2	1193	16.7
PRI	6334	89.4	4360	92.8	3813	62.0	5576	78.0
PPS	61	0.8	58	1.2	98	1.5
PDM			280	5.9	627	10.2
PARM							168	2.3
PST							208	2.9
70. La Piedad
PAN	35	0.9	38	0.3
PRI	3883	99.0	10630	99.1	16100	100	12864	97.6
PPS	4	0.0	12	0.1
PARM							145	1.1
PDM			69	0.6
PST			29	0.2			130	0.9
74. Quiroga
PAN	15	0.3			50	1.5
PRI	4023	99.2			1579	49.7	1252	62.9
PPS	16	0.3
PDM					1370	43.1	736	37.0
75. Los Reyes
PAN	61	0.4	15	0.1			1126	25.0
PRI	12928	98.8	11808	98.7	12351	100	3251	72.0
PPS	32	0.2	3	0.0
PDM			1	0.0			43	0.9
PCM			5	0.0
PST			105	0.9			92	2.0
76. Sahuayo
PAN	255	1.9	138	1.1	3236	35.3
PRI	12700	96.8	11933	98.7	5908	64.5	9227	97.0
PPS	159	1.2	5	0.0
PARM							238	2.5
PST					15	0.2	38	0.4
78. Santa Ana Maya
PAN	13	0.4			662	32.0
PRI	2826	99.4	794	90.2	946	45.8	687	49.4
PPS	4	0.1
PCM-PSUM			86	9.8	458	22.2	702	50.6
80. Senguio
PAN
PRI
PPS
PST

*No se pudieron obtener los datos correspondientes a las elecciones de 1980 en Chavinda, Cd. Hidalgo, Marcos Castellanos, Quiroga, Tangancícuaro y Zacapu, ni las de 1983 en Tingambato.

**Los datos de la elección de 1983 proceden del Partido Acción Nacional, Comité Estatal en Michoacán. No son completos ni oficiales.

FUENTES: Comisión Estatal Electoral. Partido Acción Nacional, Comité Estatal en Michoacán.

CUADRO I

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (p) ENTRE

LOS MUNICIPIOS CON ELEVADA POBLACIÓN DE HABLA

INDÍGENA Y VOTACIÓN POR EL PRI EN 1986

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[1] “(…) En la medida en que la hegemonía (no es simple dominación, admite que las clases subalternas tengan sus propias instituciones (sindica tos, partidos) y redes de solidaridad. Dado que la clase hegemónica y el Estado no pueden incorporar a todos los sectores a la producción capitalista ni proporcionar bienes y servicios suficientes para su reproducción material y simbólica, deben aceptar que parte del pueblo establezca formas propias de satisfacer sus necesidades. (…) A veces, el Estado o las empresas privadas logran apropiarse en una segunda instancia de la producción popular y subordinarla a sus estrategias (por ejemplo, las artesanías y fiestas indígenas convertidos en folklore para incentivar el turismo); en otros casos los productores populares se desarrollan independientes del poder y éste no puede más que admitir su existencia paralela” (García Canclini, 1984: 77).

[2] Destacadamente, lo que Pablo González Casanova llamó en su momento los factores de poder: caudillismos y cacicazgos, la Iglesia, el ejército, etc.

[3] Eduardo Nava H. “Cultura política y política popular en Michoacán. Notas para su estudio”, que fue presentado como ponencia al seminario estatal Poder político y cambio institucional, Morelia, mayo de 1987. Una versión abreviada se publicó en 1987: 25-60.

[4] La figura de Lázaro Cárdenas es singular en la historia política mexicana. Caudillo revolucionario en sus orígenes políticos institucional en su periodo de gobierno y ex presidente benefactor, Cárdenas es la única figura nacional que alternativamente ha presentado rasgos de los tres tipos ideales weberianos de la dominación legítima: el poder carismático, el racional-legal y el que se basa en la tradición, respectivamente. Si la obra de gobierno cardenista ha sido ampliamente estudiada, es aún insuficientemente conocido el impacto de su presencia como ex presidente en el pueblo, de suerte que, en diversas regiones tanto de Michoacán como de otros estados, se le recuerda no tanto por su obra gubernamental como por las funciones de gestoría de obras soda les para los pueblos. Esta faceta acaso no asemeje al general con un sacerdote o misionero, como ha sugerido Enrique Krauze, sino más bien con un cacique patriarcal que al tiempo que protege y vela por su comunidad, funge como mediador der sistema político, de la dominación estatal.

[5] “En México”, afirma Adolfo Gilly (1985: 25), “la tierra es un objeto de la política. El derecho a la tierra, aspiración presente ya en el inicial momento constitutivo de la nación con la rebelión del cura Hidalgo, está establecido en la Constitución de 1917. Ese derecho, que ningún gobierno posterior no se atreve a desmentir, tiene una confirmación fulgurante en la reforma agraria cardenista. Por esta vía se produce el nuevo ingreso masivo de los campesinos a la política, no ya como soldados de los ejércitos de la revolución subordinados a generales o caudillos, sino como sujetos de la lucha por la tierra -derecho constitucional organizados en pueblos y ejidos, donde se informa, se delibera y se resuelve colectivamente. La constante movilización por ese derecho es una de las formas fundamentales de la vida política del país (…)”.

[6] El centralismo del sistema mexicano no sólo afecta a los organismos partidarios sino también a la estructura jurídica de las entidades. Con pocas variantes, la Ley Electoral michoacana de 1984 reproduce la vigente a nivel federal. Y aunque prevé la existencia de partidos y asociaciones políticas estatales, los requisitos exigidos para su registro favorecen más la participación a través de los organismos nacionales. Para registrar un partido estatal se requiere demostrar, mediante asambleas ante notario público o autoridad fedataria, contar con 200 afiliados en por lo menos 57 de los 113 municipios, y para una asociación política mil asociados distribuidos en, por lo menos, una tercera parte de los distritos electorales. En relación con anteriores legislaciones, se ha introducido la novedad de las asociaciones políticas locales, pero en cambio se han incrementado, como en otras entidades federativas, los requisitos de membresía exigidos a los partidos políticos. No existe para los partidos estatales el recurso del registro condicionado al resultado de las votaciones. Ley Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. Morelia, Mich., 1986, artículos 19 fracción II, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Cfr. también Jorge Madrazo: “Reforma política y legislación electoral de las entidades federativas” en Pablo González Casanova (coordinador) 1985.

[7] Para los efectos de este trabajo, fue imposible obtener en las dependencias públicas las estadísticas correspondientes a las elecciones municipales de 1983 en Michoacán. La Comisión Estatal Electoral simplemente declaró no tenerlas. Cuando se le solicitaron al delegado del Registro Nacional a e Electores, quien presumiblemente podría proporcionarlas, admitió tener la información, pero la negó alegando que “esos datos no se le dan a cualquier persona”. Los partidos políticos, por su parte, declararon no tener series completas. El PRl también se negó a proporcionar datos, y sólo el PAN accedió a colaborar, finalmente, con la investigación.

[8] Este procedimiento es ya indirecto, si se toma en cuenta que en la entidad hay numerosos grupos indígenas que han perdido casi totalmente su lengua de origen. Otras fuentes de estimación son, sin embargo, inasequibles y además menos confiables.

[9] Entrevista a Jaime Rivera Velázquez, dirigente estatal del PSUM y hoy del PMS. 26 de septiembre de 1987.

[10] Efraín Pool Capetillo. “La dinámica política de un pueblo michoacano: Zacapu”. Fotocopiado.

[11] Véase, por ejemplo, el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas en Jiquilpan el 30 de agosto de 1985.

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* Agradezco los comentarios del Dr. Francisco Paoli Bolio, del Dr. Andrés Lira y del maestro Jorge Zepeda. También agradezco la colaboración de Pedro Hugo Romero Flores en el manejo de los datos estadísticos.

Ponencia “La cultura política y los procesos electorales en Michoacán”. Seminario Caciquismo y poder político en Michoacán, organizado por el Centro de Estudios Antropológicos de El Colegio de Michoacán. Zamora, Michoacán, 16–18 de noviembre de 1987. Publicada con el título “Participación y cambio en Michoacán. Notas sobre la cultura política y el sistema electoral” en Jesús Tapia Santamaría (Coord.), Intermediación social y procesos políticos en Michoacán. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1992.