Eduardo Nava Hernández

Dentro del proceso de modernización educativa que el gobierno impulsa en el actual sexenio, la Secretaría de Educación, por voz de su titular Manuel Bartlett, ha anunciado el advenimiento de un “nuevo sistema de universidades acorde con los tiempos de cambios y modernización” (La Jornada, 6 de octubre de 1991).

En hora buena, dada la evidente necesidad de que la educación superior desempeñe un papel cada vez más relevante en la investigación y en la formación de los técnicos y profesionales indispensables al desarrollo del país. Pero, sin que se conozcan aún las repercusiones académicas y los beneficios de esa propuesta gubernamental, se han venido perfilando ya, a través de diversos funcionarios vinculados al sector, las orientaciones que,  sin constituir en modo alguno una reforma en la educación, sí perfilan el tipo de universidades que se está buscando desarrollar. En la misma comparecencia, el Secretario se refirió al propósito de que, ante el déficit presupuestal de las instituciones universitarias, éstas modifiquen sus políticas, cobren cuotas y servicios y se incorporen al sector productivo de la nación (El Sol de Morelia, 6 de octubre de 1991, p. 10).

Y no se trata solo de un discurso. Algunas instituciones se han adelantado ya a cualquier posible curso del programa de modernización universitaria y han aplicado alzas a sus cuotas en porcentajes muy elevados: la UAP, 20 mil por ciento; la Universidad de Zacatecas en casi 9 mil por cierto para la licenciatura y más de 11 mil por ciento para los posgrados. Los costos, entre cuotas y los llamados cobros de recuperación en los centros de educación superior, oscilan disímbolamente entre 360 mil pesos semestrales (U. A de Cd. Juárez) y 1,200 anuales (U. de G.). La UNAM mantiene sus cuotas de inscripción en 200 pesos, pero ha incrementado ya los cobros de otros servicios en diversas proporciones, y la única universidad que no cobra cuotas a los alumnos es la de Chapingo. En muchos casos, (lo es el de nuestra UMSNH), los cobros no se manejan centralizadamente, sino son acordados por los consejos técnicos de las dependencias con criterio meramente pragmáticos (ver artículo de Georgina Saldierna en La Jornada, 30 de septiembre de 1991). Y donde hasta ahora no se han elevado los costos a los estudiantes, arrecian las presiones para que lo hagan y las universidades reduzcan el mencionado déficit presupuestal.

Cabría cuestionarse, entonces, acerca de la validez del texto constitucional que considera a la educación como un derecho y una garantía, señalando categóricamente que “Toda la educación que imparta el estado será gratuita” (art. 3. Fracción VII), cuando, para el caso de las universidades, las propias autoridades supuestamente encargadas de aplicarlo se proclaman favorables a su violación. “La Universidad debe ser popular, pero no gratuita”, afirma el subsecretario de Educación Superior Luis Eugenio Todd; para Juan Casillas, presidente de la ANUIES, la resistencia a elevar las cuotas y colegiaturas “obedece (sólo) a la permanencia de tabúes y mitos”; y el rector José Sarukhán y el Coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, Luis Esteva Maraboto, consideran indispensable discutir en el seno mismo del Consejo Universitario el incremento de los cobros (La Jornada, 4, 7, 8 y 9 de octubre).

Están planteados, pues, los términos de un debate cuyos resultados, muy previsibles en el marco de las concepciones neoliberales prevalecientes, implican mucho más que un regateo de pesos y centavos. En la práctica se trata del abandono de la doctrina que ha considerado a la educación, al menos teóricamente, como un derecho social, plasmado constitucionalmente, en aras de concebirla como una mercancía. En su angustia por obtener los recursos económicos que el Estado ha dejado de proporcionar, los centros educativos recurren, y el Estado mismo los compele, a ofrecer sus servicios no como una prestación a los ciudadanos sujetos de derechos, sino como mercadería a los consumidores.

El nuevo ingrediente que se ha venido a agregar es el ofrecimiento de que un incremento en los ingresos obtenidos por esta vía en las universidades permitiría elevar los salarios de los trabajadores académicos. Estos aparecerían, así como beneficiarios y de alguna manera como cómplices interesados en la elevación de los cobros a los estudiantes, lo que haría cada vez más difícil la convergencia entre ambos para presentar objetivos conjuntos. La demanda de aumento salarial por los académicos sería vista por los educandos como una verdadera amenaza a sus intereses económicos; y la de congelación de las cuotas a los alumnos como un obstáculo al mejoramiento de los docentes e investigadores. La calidad de la enseñanza se asociará cada vez más con el incremento en los cobros, aparentando la falsedad de que éstos son decisivos en su mejoramiento.

La verdad es otra, y sigue residiendo, como desde hace varios años, en el menor compromiso, reflejado en el gasto social, del Estado con la educación en general y con la educación superior en lo particular. El incremento mismo en las colegiaturas, por grande que fuere, difícilmente pasará de ser más que un remedio casero mal aplicado, insuficiente para compensar la drástica caída de la inversión pública educativa de los últimos tiempos. Y la vía que hoy la SEP, la ANUEIS y Sarukhán proponen para la educación universitaria, de redistribuir la austeridad transfiriéndola a los beneficiarios, ha sido ya ensayada con nulo éxito en otros sectores de la sociedad y la economía. ¿Será el camino para alcanzar la pretendida modernización educativa?

• Publicado en el periódico Alternativa MSU Año II. Morelia, Michoacán, No 7. Octubre/noviembre de 1991.