Eduardo Nava Hernández

Francisco Stanley, “Paco”, fue ejecutado el pasado lunes en la vía pública y a plena luz del día, en una operación que por su factura no puede menos que evocar las utilizadas por las bandas de narcotraficantes para efectuar sus ajustes de cuentas. Un crimen sangriento como los que con anterioridad se han visto en Culiacán, en Guadalajara, en Tijuana, en Cancún, en Ciudad Juárez…

               Pero el hecho, en sí impactante, dio lugar a otra operación: una manipulación mediática gigantesca y sin paralelo que quiso capitalizar el escalofriante hecho en varios sentidos. Primero, elevar la audiencia de las cadenas de televisión (el medio obligado, dadas la personalidad del asesinado, la mayor capacidad de cobertura de los dos grandes consorcios y la subcultura, ya cultivada en diversos segmentos del público, de presenciar la nota roja a través de la pantalla chica); segundo, lanzar una blitzkrieg informativa contra el gobierno de la ciudad de México, culpándolo de los sangrientos acontecimientos (el conductor de TV Azteca Jorge Garralda llegó a afirmar que Cuauhtémoc Cárdenas era responsable del crimen por no haber logrado frenar la delincuencia en la ciudad); y tercero, hacer de la víctima un mártir de la inseguridad social.

               No acababan de enfriarse los restos del conductor televisivo cuando Televisión Azteca iniciaba ya la más repugnante, gratuita y escandalosa campaña contra el gobierno capitalino. Esa ofensiva no paró en señalar la gravedad del crimen y sus circunstancias, sino que buscó irresponsablemente (no encuentro otro calificativo) inducir una nada espontánea oleada de indignación popular contra la delincuencia, encauzada en realidad contra el gobierno capitalino. Durante largas horas, Azteca hizo desfilar ante las cámaras a personajes conocidos del público, jóvenes actores y noveles actrices que, a veces entre sollozos y a veces con expresiones de histeria, clamaban por justicia, exigían la renuncia del gobierno de la ciudad o vociferaban por la pena de muerte. Televisa se unió pronto, aunque con menos altisonancia, a la oleada desatada por TV Azteca.

               Quiso la casualidad que los dramáticos hechos tuvieran lugar en la fecha que, desde hace medio siglo, el régimen ha consagrado a celebrar con los medios la libertad de expresión. Las empresas televisivas demostraron la peor forma de ejercer esa libertad. En vez de buscar fuentes objetivas de información y convocar a la serenidad frente a una noticia de gravedad evidente, apelaron a la desinformación e improvisación, dieron rienda suelta a los rumores y a los comportamientos irreflexivos y convocaron los demonios del linchamiento político y la histeria colectiva. No repararon tampoco en el daño que estaban haciendo a la imagen del país en el exterior al magnificar los hechos y proyectar al extranjero una nación dominada por la violencia y la delincuencia común.

               La muerte de un transeúnte sin más culpa que el haberse encontrado en la escena, y la desafortunada y torpe declaración con que inicialmente el jefe de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, pretendió minimizar los hechos, entre otros factores circunstanciales, contribuyeron a desviar la percepción de la ejecución de Stanley y presentarla como un hecho simplemente delincuencial, atribuido a la inseguridad citadina de cada día. El esfuerzo de manipulación televisiva se coronó con la aparición del presidente de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, ante las cámaras, azuzando la campaña contra el gobierno capitalino, cuestionando de manera absoluta su capacidad y, como de paso, poniendo en tela de juicio las elecciones, la división de poderes y la autoridad toda. Ver para creer. Bakunin, el anarquista radical, parecía haberse alojado en el Ajusco.

               El monumento de desinformación y manipulación construido en particular por Televisión Azteca resultó, sin embargo, endeble, quizás efímero. Los primeros avances de las investigaciones —expuestos por el Procurador de Justicia del DF— han mostrado evidencias de que el pretendido mártir y su compañero de armas, Mario Bezares, habían consumido cocaína que el propio Stanley llevaba junto con un curiosos artefacto para prepararla, y que el animador tenía perforado el tabique nasal a consecuencia de la inhalación frecuente de esa droga. Portaba también una extraña credencial de “servidor público” expedida por la Secretaría de Gobernación, que lo autorizaba a portar armas.

               En la opinión pública se abre paso la hipótesis, que los propios medios no logran disipar suficientemente, de que el repulsivo crimen del lunes 7 fue en realidad un asunto vinculado con el narcotráfico. Ante ello, la reacción de los noticieros de Azteca no podría ser más paradójica y grotesca. Han intentado, por ejemplo, desmentir (?) la declaración del Procurador Samuel del Villar con la opinión de ¡un mesero!, que ante las cámaras expresó no creer que el conductor de “¡Pacatelas!” necesitara drogarse porque era “alegre por naturaleza”. En el extremo del desconcierto, el medio informativo ha sugerido que las autoridades ¡no den información de los hechos!

               La Secretaría de Gobernación, por su parte, no logra explicar convincentemente por qué expidió a Paco Stanley una credencial de “servidor público”, usurpando, además, funciones de la Secretaría de la Defensa al “autorizarle” la portación de armas. Mucho queda por averiguar aún en relación con lo que apunta ser un escándalo mayúsculo en el que, como en otros, se involucran complicidades entre distintos núcleos de poder (los medios de comunicación, pesados grupos empresariales y autoridades gubernamentales) y las oscuras redes del tráfico de estupefacientes.

               La población espera, ojalá que con serenidad, más información y resultados prontos de las investigaciones. Pero ya basta de manejo amarillista, de tergiversaciones y verdades a medias, de encubrimientos y manipulación informativa. El empleo de la información para aturdir puede ser de corto alcance. La corrupción, esa sí escandalosa, que los hechos empiezan a mostrar, difícilmente podrá ser ocultada por la vocinglería y estridencia, que ya no corresponden al grado de maduración de la sociedad mexicana. A las exigencias legítimas de seguridad, combate a la impunidad y honestidad de las autoridades, hay que sumar también la del respeto a la verdad y al público por parte de los medios informativos. El escándalo que ya son de por sí nuestra deteriorada situación social y nuestro sistema de ejercicio de la autoridad y procuración e impartición de justicia, no tienen por qué ser tratados escandalosamente.

Morelia, Michoacán, 9 de junio de 1999.