Eduardo Nava Hernández

Dos grandes vertientes, una defensiva y otra ofensiva, tiene el movimiento estudiantil que, con la huelga, ha decidido enfrentar la política de reforma verticalista y tecnocrática en la Universidad Nacional. Una de ellas es, precisamente, la defensa del carácter social de la educación pública, amparada en el artículo 3º constitucional; la otra es la impugnación al autoritarismo que impregna la estructura de poder y las prácticas de la burocracia universitaria. Tras un mes de paralización de las actividades académicas en esa casa de estudios, es claro que el problema de fondo no radica en el supuesto cobro de cuotas a los alumnos, cuotas cuyo monto, en el mejor de los casos, no llegaría a incrementar en más de un 3 por ciento el presupuesto universitario: demasiado poco para justificar la prolongada suspensión de actividades, la división, la polarización y el encono en el seno de estudiantado y de la comunidad en general y los enormes gastos en publicidad hechos por las autoridades universitarias para enfrentar el movimiento.

               Lo que los estudiantes en paro comprenden bien es que detrás del polémico pago de cuotas se encuentra todo un proyecto de transformación universitaria desde arriba; proyecto que, al restringir seriamente la autonomía de las instituciones educativas y modificar el compromiso del Estado con la educación superior, introduce en el campus universitario el proyecto de reestructuración del capital que ha venido gobernando la política de las últimas dos décadas: eliminación de subsidios, imperio del mercado en lo que antes fueron servicios públicos o prioridades nacionales, flexibilización laboral, debilitamiento de los sindicatos y demás organismos de defensa popular, etcétera. Es un proyecto que en las instituciones públicas de educación superior se ha introducido ya por diversas vías, que abarcan desde el ingreso hasta la expedición de títulos por dichas instituciones: examen único de ingreso al bachillerato a cargo de una institución privada (Ceneval); abatimiento de los sueldos de los docentes e investigadores, parcialmente compensados por los programas de “estímulos” y el Sistema Nacional de Investigadores; evaluaciones externas a las instituciones de educación superior; presupuestos condicionados y asignados por programas; eliminación del llamado “pase automático” —hoy “reglamentado”—; y la aplicación a los egresados de un examen general de calidad como certificación de sus estudios y requisito para la obtención de la cédula profesional.

               El cobro de cuotas es la prosecución de esas reformas no consensuadas pero aplicadas y el anuncio de otras por venir. Para imponerlas se pone en juego todo el peso del vetusto aparato autoritario de la institución: un poder centralizado en la rectoría y los directores de escuelas y facultades, sacramentado por una reducida Junta de Gobierno amparada en la arbitrariedad, un Consejo Universitario representativo más de ese aparato burocrático que de la comunidad como conjunto. De nada valen, para los representantes formales de la institución, los acuerdos del Congreso Universitario conquistado con la huelga en 1987 y efectuado en 1990, que buscó —infructuosamente, hoy se ve— sentar las bases para una gestión más participativa y democrática en la institución de educación superior más grande de América latina.

               No se trata, entonces, de la lucha entre la “razón” de las autoridades universitarias y la irracionalidad de los paristas, entre la academia y el caos; es, de manera natural, una lucha que, por las formas y el manejo elegidos por la burocracia y por la propia estructura de autoridad, no pudo canalizarse democráticamente y hoy ha desbordado esos insuficientes canales institucionales.  Tanto el modelo de universidad vigente en la UNAM como el más democrático que en ciernes impulsa el movimiento de impugnación a las cuotas tienen mucho que ver con la vida de todas las demás instituciones educativas de ese nivel; por ello es mucho, también, lo que para todos nosotros está en juego en la huelga.

Morelia, Michoacán, 17 de mayo de 1999.