Eduardo Nava Hernández

I

La probada e irrenunciable tenacidad de cinco mil trabajadores y el apoyo de docenas de miles son los factores que en cincuenta y cinco días ya de huelga resisten, frenan y mantienen a raya el proyecto modernizador anti obrero de Sicartsa, la más importante empresa siderúrgica del país, con toda su carga democratizante con indeleble marca de política oficial. Independientemente del resultado laboral a que se arribe, es indudable que esta huelga quedará co­mo uno de los episodios fundamentales de la lucha de la clase obrera mexicana en el periodo presente. Como la victo­riosa huelga de 1985. Como otras que este mismo destacamento ha sostenido desde 1979.

Fue claro desde un inicio, sin embar­go, que esta revisión de contrato colec­tivo sería la más difícil de cuantas ha habido hasta ahora en la sección 271 del Sindicato Minero, no sólo porque era ahora la empresa quien pasaba a la ofensiva presentando una propuesta de contrato que implicaba la mutilación de conquistas ya consagradas y el recorte de alrededor del 20 por ciento de los obreros sindicalizados, sino porque se enfrentaba también a otros dos adver­sarios internos aliados con la empresa: el Comité Ejecutivo Nacional del Sin­dicato y los esquiroles ya comprados por los ofrecimientos económicos de la patronal.

Más aún, los antecedentes inmedia­tos de revisiones contractuales en otras empresas paraestatales en proceso de reestructuración mostraban saldos su­mamente desfavorables a los trabaja­dores: Fundidora Monterrey, Teléfo­nos de México, Mexicana de Aviación. Altos Hornos y tantas industrias más.

La lógica de modernización sin y con­tra los obreros presentaba una trayec­toria ascendente y, al parecer, irresisti­ble. Hoy en día, cualquier lucha obrera defensiva tiene que realizarse con un handicap histórico que lastra desde el inicio la fuerza sindical capaz de dete­ner esa lógica. Los trabajadores mine­ro-metalúrgicos lo sabían bien cuando votaron el estallamiento de la huelga. Habían analizado y discutido cuidado­samente la propuesta patronal; sabían de la intención de la empresa de gol­pear a fondo para modificar de una so­la vez la relación de fuerzas en el pro­ceso productivo y reinstalar el despo­tismo fabril del capital trabajosamente contenido a través de luchas y movilizaciones en los últimos años por los obreros. Estos no tenían, entonces, más que confiar en su propia experiencia, en su unidad y en su coraje.

II

El charro Napoleón Gómez Sada ha es­tado al frente del Sindicato Minero des­de 1960. Su misión ha sido siempre re­frenar las demandas y las luchas de los trabajadores y favorecer a la parte pa­tronal, ya sea el capital privado o el es­tatal. Por eso, fiel a su costumbre, pensó que en Sicartsa la tenía ya hecha y que podría mangonear nuevamente a sus agremiados, o aislarlos como hizo con Altos Hornos donde prohibió a las demás secciones dar apoyo o enviar so­lidaridad material a los obreros.

La huelga en Sicartsa debió es­tallar desde el 7 de agosto, pero una ma­niobra de Gómez Sada lo impidió, fir­mando con la empresa una prórroga de 15 días a espaldas de la asamblea de los trabajadores. Para ellos, sin embargo, ese periodo sirvió para preparar mejor el movimiento que se veía inevitable y discutir a fondo la propuesta contrac­tual de la empresa, convenciendo a mu­chos obreros de la base y fortaleciendo la unidad de la sección, aunque la di­rección de la paraestatal pensó que podría avanzar en esas dos semanas comprando a un sector de los mineros para impedir el estallamiento. El nue­vo emplazamiento quedó fijado para el lunes 21 de agosto a las 12 horas.

La asamblea de la sección del día 18 fue acalorada por la inconformidad de la mayoría de los obreros con que se discutiera la negociación de cláusulas que expresan conquistas de todos los trabajadores y que son vistas, por lo tanto, como irreversibles. La decisión sobre el estallamiento se aplazó para el domingo 20 en tanto las comisiones re­visoras aportaban a la asamblea más elementos de juicio. A la asamblea del 20 la empresa impidió que asistieran los mineros más decididos, cambiándoles de turno u obligándoles a trabajar horas extra. Pese a ello se votó la huelga por una diferencia sólo aparen­temente reducida de 300 votos.

En aras de la pretendida modern­ización productiva la empresa exige re­cortar 1,119 trabajadores y suprimir del contrato colectivo cláusulas sustancia­les como la que establece la jornada de 40 horas para los trabajadores del área de minas (cláusula 33), la que asegura a los mismos el transporte a su lugar de trabajo, la que obliga a la empresa a sostener la escuela “Artículo 123” para los hijos de los obreros, la que obliga a dotarlos de vivienda, la que limita la posibilidad de derivar trabajos tempo­rales a contratistas al margen del sindicato, la que asegura a los sindicalizados la fuente de trabajo en áreas como el mantenimiento. Se trata en síntesis, de liberar a Sicartsa tanto de obligaciones con sus trabajadores como de restringir la acción del Sindicato y abrir las puertas al contratismo. Es una propues­ta recortada con el molde tecnocrático de la modernización desde arriba, im­puesta autoritariamente.

Por ello se necesitaba impedir la huelga y se ordenó al charro Gómez Sada que firmara una nueva prórroga, esta vez por treinta días, en la ciudad de México dos horas antes del estalla­miento. La información de la maniobra llegó sin embargo al puerto demasiado tarde. Puntualmente, a las doce horas del 21 de agosto, las banderas rojinegras habían sido colocadas en las puer­tas de la siderúrgica con la participa­ción de la inmensa mayoría de los tra­bajadores. Nadie supo explicar tampo­co para qué el Comité Nacional había solicitado el nuevo aplazamiento, si las pláticas conciliatorias estaban rotas desde el día 16 y la patronal no se habla movido de sus ofrecimientos.

Molesto porque su componenda con la empresa había sido descartada por las bases, Napoleón dijo que los huel­guistas eran una minoría de apenas el nueve por ciento de los obreros, los llamó “compañeritos insubordinados” y los llamó a volver a trabajar, decla­rando que “a nosotros no nos afecta que paren; y si es su decisión que se atengan a las consecuencias”.

A la pregunta de los periodistas acerca de qué era lo que se tenía que hacer, Gómez Sada respondió: “que se encomienden a la Virgen de Guadalu­pe para que no les declaren inexistente esa huelga”.

Todos los huelguistas se atuvieron entonces a sus propias fuerzas, a su ca­pacidad de lucha y de movilización. En algunos casos, atendieron a la reco­mendación de encomendarse a la Gua­dalupana. Ninguno, afortunadamente, se encomendó a los oficios de su dirigente nacional.

III

La empresa había sembrado desde an­tes del estallamiento el cáncer del es­quirolaje dentro de la Sección 271. La cláusula 33, lo sabe bien, es la base de una conquista futura de los trabajado­res, las semana de 40 horas, que había que erradicar. Por eso, a cambio de extirparla, ofreció a los obreros del área de minas —unos 800 de los 5,300 traba­jadores— cinco millones a cada uno más 600,000 pesos por año trabajado. Dos­cientos cincuenta o trescientos de ellos, sobre todo los demás antigüedad, se vieron tentados por las treinta monedas que la patronal ponía frente a sus ojos. Son los “estatutarios” que apoyan a su dirigente nacional; los que se pres­tan a esquirolear el movimiento y orga­nizan bufonescas marchas en la ciudad de México para presentarse como los “verdaderos trabajadores”.

Son los que publican, con dinero de empresa planas enteras en la prensa nacional y estatal, pidiendo el fin del conflicto.

Se niegan a salir de su área de traba­jo hasta que un grupo de mujeres, es­posas de los trabajadores huelguistas los desaloja de las minas vergonzosa­mente.

Algunos esquiroles, con hasta 14 años de antigüedad se embolsarían hasta doce millones. Si piensan liquidarse, podrían llevarse por fondo de retiro e indemnización otros tantos. Con sólo levantar la mano en la asamblea acep­tando el ofrecimiento patronal. Con sólo esquirolear el movimiento de quienes permanecerían trabajando 48 horas semanales en el área de minas donde, en otros países, la jornada es de 30 horas.

Desde antes de la huelga el grupo de incondicionales de la empresa quedó plenamente identificado. Se venían reuniendo para impedir la huel­ga bajo la inmensa sombra de una gi­gantesca parota por el rumbo de La Ori­lla. Allí, con la asesoría de funcionarios y empleados de confianza, se organiza­ban para trazar su estrategia. Por eso se les conoce como “los de la parota”.

El día del estallamiento se negaron a parar. Los de minas se quedaron ahí trabajando y se rehusaron a salir hasta que fueron desalojados dos días des­pués por las mujeres. Algunos más, de la planta, atemorizados o comprados por la dirección de la empresa, también intentaron seguir laborando hasta que se dieron cuenta de lo inútil que resul­taba.

Los introducían y sacaban por he­licóptero para evitar los piquetes de los huelguistas en los accesos a la planta. También por esa vía les llevaban ali­mentos para que no salieran y se que­daran allí como prisioneros, fingiendo que la industria seguía produciendo. También se obligó a los empleados de confianza a realizar tareas de producción, pero, sólo produjeron accidentes aún incuantificados y el desperdicio de materiales: en vez de palanquilla en el departamento de Aceración, sacaban “churros”.

Pronto, muchos de los esquiroles no aguantaron. Comenzaron a burlar la vi­gilancia y a salir corriendo por las puer­tas donde, aunque recibían el desprecio de los obreros de guardia, alcanzaban la libertad. Se suspendió el puente aéreo y se acabó la ficción de normalidad que la empresa había querido pre­sentar. Antes, el Comité de Huelga había invitado a los 200 obreros sindi­calizados que permanecían dentro de la planta a unirse a los piquetes de guar­dia, con lo que se alcanzó la paraliza­ción prácticamente total. Finalmente, el quinto día, la empresa cedió y en­tregó las instalaciones al Sindicato.

El esquirolaje de los 250 ó 300 no terminó, aunque quedó sólo como algo externo al movimiento, expresado en las planas de los periódicos o en la fa­llida marcha de los “verdaderos” traba­jadores al Zócalo capitalino. Lo que desde esos foros piden en realidad los esquiroles es que se les dé la oportuni­dad de recibir sus millones y de irse de Sicartsa. Por eso se han ganado el re­chazo de sus compañeros. Uno de ellos, simbólicamente, me ha expresa­do: “pronto iremos, hacha en mano, a ti­rar esa parota”.

IV

Una huelga no es dejar de trabajar y quedarse apaciblemente descansando. Es, si, parar la producción, pero no el trabajo; y éste es a veces más intenso que en la propia jornada laboral. En los piquetes, de guardia los turnos son de 12 horas continuas para todos los trabajadores. Si es de día, ello implica pa­decer la inclemencia de un calor a ve­ces sofocante que los obreros, hechos al ambiente de la mina o del alto hor­no, resisten bien sin quejarse. Si es de noche, hay que aguantar el despiadado ataque de los insectos que inundan las veladas costeñas. Nada hay de cómodo o confortable en la intemperie cardenense.

Pero sobre todo, la huelga es movi­lización, es activismo volcado al exte­rior para decir de mil maneras, urbi et orbi, aquí estamos, nos mantenemos en la lucha. Desde el inicio de la huelga las comisiones de prensa y propagan­da, de enlace y relaciones, negociadora y otras, intensifican su actividad. Bri­gadas de activistas se trasladan a Morelia, Chilpancingo, Taxco, Guadalajara, la ciudad de México y otros puntos donde es necesario difundir el movi­miento y recabar la solidaridad de sin­dicatos y organizaciones sociales. Ta­les brigadas significan, con frecuencia, estar separados de la familia durante varios días, durmiendo y comiendo donde se puede, casi sin dinero y a la expectativa de noticias provenientes del puerto.

Allá, la movilización de masas tam­bién es necesaria para ir consolidando el movimiento, reafirmando y clarifi­cando sus objetivos y rodearse del apo­yo decisivo de la población.

La primera manifestación es la del 24 de agosto, en medio de un aguace­ro, con la participación de 2000 traba­jadores. En ella se reafirma que el mo­vimiento laboral cuenta con la inmen­sa mayoría de los minerometalúrgicos, se rechaza la amañada prórroga gestionada por el Comité Nacional, se exige diálogo a la empresa y se demanda la aplicación de una auditoría que escla­rezca la administración actual de la pa­raestatal. Los obreros recorren la ciudad a pesar de la tormenta coreando los tradicionales “huelga huelga” y la que desde entonces podría ser la divisa del movimiento” ¡Sicartsa, entiende, la huelga no se vende! También se denun­cia, frente a una radiodifusora local, la vulgar campaña de desprestigio mane­jada por algunos comunicadores radia­les, al parecer bajo el patrocinio de la empresa siderúrgica.

Al día siguiente son las mujeres de los obreros las que se reúnen en asam­blea y se movilizan al área de minas a establecer ahí los piquetes de vigilan­cia. Algunos mineros que seguían tra­bajando se incorporan y desisten de su actitud de esquirolaje.

El principal objetivo de la moviliza­ción es presionar para que la empresa se abra a la negociación, sobre la base de respetar el contrato colectivo y la planta laboral. La respuesta, sin embar­go, es nula o intransigente. Se insiste desde la parte patronal en negar la representatividad y validez de la huelga y en plantear la propuesta de la empresa como base única para iniciar el dialogo.

El 19 de septiembre, a casi un mes de estallado el movimiento, la Secre­taría del Trabajo también responde a los obreros con una declaración de ine­xistencia del movimiento fundada en la supuesta causal de procedimiento de que es el Comité Nacional y no la sec­ción quien puede emplazar a estallar la huelga. La pretendida causal de inexis­tencia no es en realidad sino un proble­ma estatutario interno del sindicato mi­nero: el de la representatividad que el Comité Ejecutivo Nacional asume con respecto de sus secciones afiliadas. Jamás pudo demostrarse que el estado de huelga no existiera o que la mayoría de los trabajadores no participaran en el movimiento. Las aberraciones jurídicas de la declaratoria son eviden­tes, pero ello no obsta para que cumpla con su cometido de golpear políticamente a los trabajadores y dar a la em­presa una base más para presiona a su favor. Mediante el laudo de la Junta, la empresa procede a la rescisión de las relaciones laborales a la anulación del contrato colectivo.

V

Ante la declaración de inexistencia, los mineros responden de dos formas: están de acuerdo en levantar el paro si Sicartsa acepta un pliego petitorio de ocho puntos, pero sobre todo proceden a desarrollar en todos los frentes su ca­pacidad organizativa y de moviliza­ción.

De los ocho puntos, la empresa acepta algunos, pese a que ha declara­do rotas las relaciones laborales con sus cinco mil trescientos obreros sindi­calizados: el 15 por ciento de aumento salarial, el 50 por ciento de los salarios caídos, el no responsabilizar a los trabajadores por los daños en el equipo ocasionados durante el esquirolaje, el no tomar represalias contra los partici­pantes en la huelga, el integrar prime­ra y segunda etapa en un mismo con­trato. Sin embargo, insiste en mutilar el contrato colectivo y en recortar perso­nal sindicalizado.

Para abrir la negociación, los traba­jadores se movilizan. Una comisión de ochenta mineros se traslada a la ciudad de México para instalar un plantón. Cuarenta más viajan a Morelia para ha­cerse presentes en el informe de go­bierno de Genovevo Figueroa Zamu­dio, y apenas logran ser liberados de la Policía de Caminos que los hostiga y apresa en Uruapan para llegar a la ca­pital del estado a cumplir con su mi­sión. El gobernador y el representante presidencial Patricio Chirinos les ofre­cen gestionar una audiencia con el pre­sidente Carlos Salinas de Gortari, lo que hasta ahora no se ha cumplido.

El 2 de octubre, tres mil obreros de Sicartsa, Fertimex y la Factoría de Bie­nes de Capital NKS, acompañados de sus familias y de grupos de colonos bloquean por cuatro horas los accesos a la isla del Cayacal donde se ubican la siderúrgica, Pemex, la Productora Me­xicana de Tubería y las otras grandes industrias del puerto Lázaro Cárdenas. Más de tres mil personas, casi sin ba­rricadas, son suficientes para mantener con su presencia el bloqueo al centro industrial. Una amplia red de apoyo popular se manifiesta en esta acción en torno a los mineros, cerrando de cinco a nueve de la mañana en medio de un festivo ambiente las vías terrestres que comunican a prácticamente toda la gran industria del puerto. Tras el bloqueo una entusiasta columna se manifiesta también en la zona residencia de La Orilla, donde habitan el director general de la empresa, Gabriel Magallón, y otros funcionarios. Los esquiroles que ofician allí de jardineros, y el cuerpo de seguridad de la empresa que resguarda el fraccionamiento salen hu­yendo de la decidida expresión de des­contento obrero. ¡Duro, duro! ¡Huelga, huelga!

En Morelia se instala esa misma tarde una huelga de hambre de do­ce trabajadores siderúrgicos, que han encabezado una gran manifestación de estudiantes, colonos y campesi­nos por las principales calles. Se anuncia que en el puerto una huel­ga de hambre masiva podría insta­larse si así lo resuelve al asamblea ge­neral de la Sección. En los días subsi­guientes, los bloqueos a la isla del Cayacal se repiten.

La huelga persiste así en demostrar la decisión de los trabajadores de no ce­der sin lucha sus derechos. En Sicartsa la resistencia clasista empieza a salir al paso de la ofensiva reestructurada del capital privado y estatal contra los tra­bajadores. Contra ella, contra la voluntad de lucha de quienes labran con sus manos la riqueza, ni traiciones ni com­ponendas ni argucias ni vituperios han progresado. La huelga es un movi­miento que sigue, y que en sus muchas facetas va mostrando atisbos de un nuevo proyecto en el que se gesta algo mejor para el futuro. El de los obreros, y el de todos nosotros.

* Revista Pueblo. Información, análisis y debate. Año XII, No. 147. México, D. F., septiembre-octubre de 1989. Pp. 54-57.