Eduardo Nava Hernández

Tosudez, valentía, convicción neoliberal, insensibilidad social y mucha penuria de recursos, pero también desatino político, se requieren para plantear a la nación en el momento actual, como lo ha hecho el presidente Zedillo, una iniciativa de privatización de la industria eléctrica que implica nada menos que la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución general de la República.

               Después del sino ingrato del la reprivatización de la banca, que terminó en la colosal operación de rescate conocida inicialmente como Fobaproa (y ahora con otro nombre pero con la misma esencia encubridora de fracasos y corrupción); después de la privatización de carreteras que también han requerido de recursos públicos para no mostrar con impudicia el fracaso de su administración por manos privadas; después de la privatización del servicio telefónico, que sigue requiriendo de mantener su condición monopólica y de alzas muy por arriba de la inflación promedio del país; después de la frustración  de la privatización —ya en el presente sexenio— de la industria petroquímica; después de no ser pocos los escándalos de malos manejos y corrupción en empresas antes estatales (Aeroméxico); después de todo ello, en fin, se desempolva el argumento de que sólo merced a la inversión privada el país podrá salir adelante, ya que sin su ayuda enfrentará retos insalvables y apocalípticos.

               Como cada vez que se achican las funciones y propiedades del Estado, el alegato gubernamental se centra en el argumento de que, al despojarse de ellas, podrá el gobierno atender mejor las necesidades de carácter social, ya que las odiosas y lastrantes empresas públicas “distraen” recursos que podrían ser mejor empleados en servicio del pueblo.

               Que el argumento está desvencijado salta a la vista. En primer lugar, por la experiencia misma del sexenio pasado, tan pródigo en desincorporaciones que terminaron “distrayendo” más recursos —por una u otra vía— que cuando las empresas se conservaban en manos del poder público. Pero también, en segundo término, porque, sin paradoja alguna, en este caso las empresas en cuestión, generadoras de energía eléctrica, coinciden en su función con esas necesidades públicas que el aparato político del régimen dice querer seguir atendiendo.

               En efecto, la extensión de la electrificación en el país es el gran fruto de los casi cuarenta años de industria nacionalizada. En ese lapso se logró atender el 95 % de la demanda y llevar la energía eléctrica a vastas regiones particularmente rurales, antes desabastecidas.

               Cómo se logró esto no es ningún misterio. La incorporación del sector eléctrico incluyó la electrificación entre las prioridades de la nación, a diferencia de la lógica empresarial que antes lo orientaba. No quiere decir que, de haberse mantenido en manos privadas, no habrían existido avances en esa extensión; pero con seguridad hubieran sido más lentos, y a otros costos.

               La desincorporación propuesta lleva implícita esa pérdida o relegamiento de la función social de la industria eléctrica. Gracias a esa función social, la electricidad se transformó en un insumo productivo de primero orden para miles de empresas —incluidas pequeñas y micros, cuyas finanzas se mueven siempre en el filo de la navaja, pero que dan empleo a millones de trabajadores— y se incorporó al consumo de familias mexicanas de todos los niveles sociales. Hoy, en gran medida cumplida esa meta social, los administradores del poder público parecen creer llegada la hora de sustituirla para hacer participar al capital privado de las ganancias que real o potencialmente produzca el sector. Sin engaños, lo sabemos, sólo bajo esas condiciones tal capital está dispuesto a participar, y sólo así tiene viabilidad la privatización.

               Para los próximos años es previsible, por diversas razones, un crecimiento de la demanda de electricidad superior al del PIB (véase el artículo de José Antonio Rojas Nieto en La Jornada, 14 de febrero), lo que no sólo hace necesario incrementar las inversiones sino apetecible participar en un mercado en expansión.

               Pero, en la práctica, al abandonarse la concepción social de la misión electrificadora, ello sólo conducirá a una creciente estratificación y aun una polarización del mercado, con tendencia a desintegrarse: a las empresas privadas les interesará prioritariamente la demanda de los grandes consumidores (centros urbanos, grandes empresas), o, con tarifas elevadas, el de los pequeños. No es previsible que resulte “rentable” la electrificación rural, o viable el abaratamiento del suministro a los muy pequeños consumidores microempresariales o familiares. ¿Sirve, entonces, a intereses nacionales la privatización del sector eléctrico?

               Si ésta se plantea es, llanamente, por la urgencia de nivelar presupuestos; por la incapacidad para enfrentar en el corto y mediano plazo las inversiones necesarias para proseguir la expansión del sector eléctrico y, sobre todo, por la incapacidad de quienes están tomando decisiones en el país para buscar alternativas de financiamiento que no pasen por la única vía que en su obcecación reconocen: la de las privatizaciones. El sector eléctrico en general ha demostrado eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, y no es su culpa que no existan recursos suficientes para garantizar su crecimiento, del mismo modo que —contrariamente a lo que afirma Gilberto Guevara Niebla— no es por la ausencia de cuotas que la Universidad Nacional pasa aprietos económicos. Si el sector eléctrico se descapitaliza y la educación universitaria se deteriora se debe, fundamentalmente, a que el gobierno destina a otros fines (nuevamente, Fobaproa y otras formas de subsidio al gran capital) recursos que mejor serían invertidos en aquéllos. Por los tropiezos en las propias privatizaciones tenemos que pagar los mexicanos todos con nuevas privatizaciones, en lo que parece ya un círculo infernal, más que sólo vicioso.

               Pero la propuesta zedillista resulta, además, inoportuna. Cuando el gobierno federal ha entrado ya en su último tercio, con un fin de sexenio adelantado en términos electorales, la iniciativa obligará a deslindes políticos ineludibles, que pronto tendrán que hacer quienes dentro del PRI aparecen o se sienten precandidatos a la Presidencia. El problema no es para Vicente Fox, que ya se apresuró a reclamar para sí y para el PAN los derechos de autor de la iniciativa privatizadora; ni para Cuauhtémoc Cárdenas, que naturalmente asume una posición opuesta, sino para los múltiples aspirantes priístas, que tarde o temprano —si alguna seriedad existe aún en al medio político en el que medran— tendrán que apartarse del discurso para consumo interno con el que ahora comparecen y encarar definiciones ante los grandes problemas nacionales.

               Declararse en desacuerdo con la medida implicaría deslindarse con respecto de la postura presidencial, profundizar las fisuras existentes y ver limitadas las posibilidades de llegar a la ansiada candidatura. Apoyar acríticamente la privatización implicará ir en contra de los acuerdos de la más reciente Asamblea Nacional y de la plataforma electoral y el programa vigentes en ese partido. En cualquiera de los dos casos, tanto el PRI como el gobierno podrían salir perdiendo, como producto de la debilidad de un gobernante que ahora parece tener que apoyarse más en las alianzas o coincidencias con el PAN que en su propio partido.

Pero con la privatización de la industria eléctrica, de llegar ésta a consumarse, será la nación mexicana en su conjunto la que salga perdiendo. Estará pagando una vez más con la venta de patrimonio nacional la quiebra de las finanzas estatales a la que ha conducido la política de los últimos gobiernos. Cancelada por éstos la posibilidad de que el pueblo participe en las decisiones más trascendentes pasará, como una desnacionalización más, a la cuenta de las disminuciones de la soberanía popular y de la soberanía nacional.

Morelia, Michoacán, 17 de febrero de 1999.