Eduardo Nava Hernández

Pero saldrás al aire, a la alegría

saldrás del duelo de estas agonías

y de esta sumergida primavera,

libre en la dignidad de tu derecho

y cantará en la luz y a pleno pecho

tu dulce voz, ¡oh! Patria prisionera.

Pablo Neruda

La detención en Inglaterra del ex dictador Augusto Pinochet, acusado de graves violaciones y crímenes contra los derechos humanos, y la ulterior decisión del Tribunal de Apelaciones de la Cámara de los Lores de ese país de negarle reconocimiento a su inmunidad diplomática, ha hecho caer el telón de una etapa entera de la vida política de Chile: la puesta en escena de la transición pactada en 1988 a una democracia a la que el régimen militar levantado sobre la traición, el odio de clase y el crimen, logró en su retirada convertir en rehén. Paradójicamente, aquellas acciones externas ejecutadas a instancias de un juez español que pide la extradición del criminal para juzgarlo, abren hoy la oportunidad histórica de completar dicha transición y liberar definitivamente a Chile de las rémoras impuestas a su avance democrático.

               Como en ningún otro país latinoamericano, los militares pudieron en Chile diseñar la institucionalización instaurada tras su retiro —nunca completo—del poder y la transición a una nueva forma de régimen autoritario, a partir de la Constitución, aún vigente, de 1980 y del plebiscito de 1988 donde se puso a consulta una candidatura única a la Presidencia, la del propio general Pinochet. Aun después de perder los comicios, éste conservó el poder durante un año, rigiendo el proceso de elección presidencial y del Congreso. Al retirarse de la Presidencia, la propia Constitución le garantizaba conservar el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y el de Senador vitalicio. Previamente, los militares habían expedido una ley de amnistía de sus propios crímenes. Como afirma James Petras en un artículo reciente (“El papel de las clases privilegiadas en la destrucción de la democracia chilena”,  Memoria núm. 117, noviembre de 1998), “lo sorprendente de la transición a la política electoral es la continuidad de las iniquidades sociales y económicas fundamentales del periodo anterior, lo intacto de las instituciones militares y de inteligencia y la impunidad de todos los grandes violadores de los derechos humanos”.

               Al cumplirse 25 años del sangriento derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende Gossens, y 10 del histórico plebiscito donde la población rechazó con un contundente no el proyecto de institucionalización del régimen militar y la continuidad del Pinochet en el poder, previstos en la espuria constitución de 1980, el apresamiento del decrépito militar y su posible entrega a los tribunales españoles o a los de alguno otro de los países que lo reclaman, tienen en lo inmediato un doble resultado ineludible.

En primer lugar, colocan a Augusto Pinochet en el centro de una disputa que obliga a todos los actores sociales a pronunciarse y tomar partido, polarizando lo que parecía ser una confortable y tersa cohabitación entre la derecha hegemónica y una izquierda sin iniciativa propia, paralizada por la traumática experiencia de la dictadura. Ha quedado hecha añicos el sólo aparente retorno a la “normalidad democrática” que los personeros neoliberales del capitalismo globalizado ponían como ejemplo en el que se sustentaba el milagro económico más exitoso del continente en los últimos años. En pocos días o semanas, el proceso iniciado por el juez Baltasar Garzón en España, la respuesta hasta ahora favorable del gobierno laborista inglés y la decisión de la Cámara Alta británica, han abierto también, la crisis de la Concertación por la Democracia, la coalición de los partidos civilistas pactada desde el plebiscito de 1988 para una transición light, sin sobresaltos para los factores de poder representados por los militares.

               En segundo lugar, al deslindar los campos de la endeble constitucionalidad del Chile de los noventa, la iniciativa española y británica ha acabado también, de un plumazo, con el mito de la derecha democrática chilena; ésta vuelve a mostrar, como siempre lo ha hecho, su rostro autoritario y su complicidad con la violencia institucionalizada del pasado reciente.

               Reputado desde el siglo pasado como una de las democracias más tempranas y estables de América latina, Chile fue, sin embargo, durante ese periodo, un régimen donde los oligarcas usaban la democracia electoral —basada en el sufragio censitario; es decir, votaban sólo los propietarios, que representaban menos del diez por ciento de la población— como el mejor mecanismo para garantizar su representación. En Chile, los gobiernos democráticos, nos recuerda Petras, masacraban impía e impunemente a trabajadores mineros y campesinos. En 1891, el Parlamento, en alianza con los intereses ingleses que dominaban el país,  impulsó el derrocamiento del presidente José Manuel Balmaceda, que intentó impulsar un programa radical de reformas liberales, debilitó el sistema de inquilinaje (peonaje) en las haciendas e intentó nacionalizar el salitre, una de las principales riquezas naturales del país. En los años veinte y treinta de este siglo la oligarquía recurrió al golpe de Estado para frenar intentos como el de Arturo Alessandri, que intentó frenar el poder del Congreso; y a la proscripción del partido comunista en 1948 para desmantelar el primer intento de gobierno socialista, el del Frente Popular. Durante el gobierno de Salvador Allende, la Democracia Cristiana, heredera natural de los intereses oligárquicos, participó activamente en el sabotaje y la provocación apoyó sin vacilaciones el golpe pinochetista hasta que éste la marginó también de la posibilidad de compartir el poder.

               No es sino una más de las paradojas de la era de la globalización el que sólo al impulso de instancias externas pueda advenir el cambio político de un país como Chile. Los pinochetistas aparecen hoy como defensores de la soberanía, olvidando cómo en su momento el gobierno militar ordenó el asesinato de sus opositores más allá de sus fronteras, como el de los  generales Orlando Letelier en Washington y Carlos Pratts en Buenos Aires, entre muchos otros, violentando las normas internacionales del asilo y las leyes de otros países.

               La retención de Pinochet en la Gran Bretaña obliga al actual gobierno de concertación, encabezado por el demócrata cristiano Eduardo Frei, a definirse ante su propia legalidad. En el marco de ésta, a pesar de las declaraciones de algunos altos funcionarios chilenos y de los deseos del candidato socialista Ricardo Lagos, no hay posibilidades de que el viejo ex dictador sea juzgado en su propio país; de regresar éste a Chile sin ser sometido ahí a juicio, el desprestigio internacional de Frei y su régimen sería mayúsculo; y, de intentarse modificar el marco jurídico constitucional, ello acarrearía una división política tan o más profunda que la que hoy se ve en la sociedad chilena. La actual etapa de la transición, la de una democracia tutelada militarmente, está tocada de muerte, tanto como la coalición civilista en el poder, independientemente de cual sea el resultado de este episodio.

               Tierra de grandes contrastes sociales y políticos, Chile es también por derecho propio, la patria grande del socialismo latinoamericano: la de Luis Emilio Recabarren, Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende; la de las grandes huelgas y movilizaciones mineras y populares y también la cuna, en América, de la lucha electoral con sentido de clase.

               No hay mejor homenaje al sacrificio de  Salvador Allende y de quizás miles de militantes de izquierda secuestrados, desaparecidos, torturados, mutilados y asesinados o exiliados durante el golpe castrense y los años de la dictadura, que el resurgimiento del reclamo de justicia que hoy los defensores de derechos humanos, familiares de las víctimas y grupos de izquierda han levantado en apoyo a la acción internacional contra el principal responsable de la pesadilla instaurada desde el 11 de septiembre de 1973. La memoria y el espíritu de esas víctimas sólo será debidamente vindicados si hay castigo a los verdugos y la democracia plena se implanta, sin interferencias, como un mecanismo normal para dirimir las ingentes diferencias sociales y políticas que la sociedad chilena contiene.

Morelia, Mich., 3 de diciembre de 1998.