Eduardo Nava Hernández

En la captura de un peligroso delincuente, cuyas andanzas criminales horrorizan por la naturaleza misma del delito que suponen y por la insensibilidad y sangre fría que él mismo confiesa y demostró al cometerlas, han encontrado los medios (particularmente los electrónicos) tema para elevar su audiencia y su público en los últimos días, y el gobierno del país motivo para intentar recuperar fuerza y credibilidad en medio de la recaída económica, la corrida contra el peso, el creciente destape de todo lo que hay detrás del escandaloso endeudamiento del Fobaproa, la incapacidad para resolver problemas de primer orden como el de Chiapas y la inminencia del informe presidencial.

               El presidente de la República aprovecha la coyuntura de la aprehensión del malhechor para convocar a una cruzada contra la delincuencia que intentaría revertir la impotencia que el gobierno ha mostrado para dar garantías a la población en materia de seguridad pública; y el secretario de Gobernación lanza la humareda de convocar a un supuesto debate acerca de la pena de muerte, tan inútil como revelador del deterioro del sistema de administración de la justicia, visto en su conjunto.

               El reconocimiento de que el sistema policiaco y judicial del país ha fallado y necesita renovarse es tan sólo un primer paso. El crecimiento exponencial de la delincuencia de todo tipo encuentra dos grandes causas inmediatas. Por una parte, los estragos de una crisis prolongada, profunda y extendida sobre el conjunto de la sociedad, con sus secuelas de abatimiento en el empleo y los salarios, así como de una política económica generadora y reproductora de la desigualdad social, que innegablemente han incidido en los niveles de vida de la población, en la carencia de oportunidades y en el auge de la delincuencia llamada común. Por otro lado, en la corrupción, también extendida, de los aparatos de seguridad y de justicia, que hacen causa común con los infractores y delincuentes antes que con las víctimas inermes del crimen. En la complicidad con las autoridades radica en gran medida la explicación de la delincuencia organizada y de los delitos de cuello blanco.

               La propuesta gubernamental, empero, al igual que el mencionado debate acerca de la pena capital, se centra en un solo aspecto del problema: el endurecimiento de las penalidades impuestas a cierto tipo de delitos, aquellos que más han agraviado a la sociedad. Cuando se habla de prolongar las penas de cárcel o incluso de llegar a la imposición de la muerte misma, se está pensando tan sólo en la parte final de un problema que debería verse en su complejidad, que va desde los débiles mecanismos de prevención del delito hasta un deteriorado sistema carcelario, inútil para la rehabilitación social de los infractores de la ley.

               La indignación social, legítima como es, puede ser fácilmente manipulada cuando se presencian acciones criminales de la naturaleza como las que ahora se conocen en detalle: un secuestrador crudelísimo, que se graduó en violencia sirviendo como madrina en la policía judicial de Morelos, y que además de amasar una enorme fortuna a través del crimen, se ensaña con crueldad sin par mutilando a sus víctimas y quitándoles la vida aun después de haber obtenido el rescate buscado. La pena de muerte, promovida desde no pocos foros y medios de comunicación de gran alcance, parece un recurso legítimo de defensa contra una personalidad criminal de tan gran peligrosidad.

               A más de la demostrada inutilidad de la pena capital para impedir la comisión de delitos, la sanción atiende a una parte muy pequeña del gravísimo problema de la delincuencia criminal.

               ¿Cómo se gesta o, mejor aún, cómo puede prosperar una mentalidad perversa como la que nos horroriza, y que en su individualidad las ciencias psicológicas deberán tratar de descifrar? De otro modo: ¿cómo es que un fenómeno de desviación individual puede desarrollarse hasta alcanzar dimensiones semejantes? No estamos ante el caso de un asesino solitario, por más que en el ejecutor puedan existir rasgos de una subjetividad retorcida. Sabemos hoy que, a lo largo de su trayectoria criminal, el delincuente contó con múltiples complicidades, dentro de los aparatos de seguridad pública y fuera de ellos, entre notarios y funcionarios de instituciones bancarias. Se trata de una verdadera empresa del secuestro, con conexiones múltiples en diversos niveles de la administración de la justicia y de la economía. Y el origen de un fenómeno tal no pueda encontrarse en la patología individual sino en el entramado de una sociedad y un poder público tocados por la descomposición.

               Sobrecoge conocer lo que los estudios de personalidad revelan acerca de los integrantes de la industria del secuestro. Se trata de individuos que, en su mayoría, muestran “una carencia total de afectividad hacia otras personas”; profesan la religión católica y temen a la justicia divina, pero se conciben a sí mismos como justicieros que “actúan como si el mundo fuera injusto con ellos”, “como si la sociedad estuviera en deuda con los criminales (La Jornada, 17 de agosto).En ellos se combinan los rencores y proclividad a la agresión con las presiones sociales que actúan como catalizadoras de las desviaciones mentales que presentan.

               La ausencia de cualquier gesto de piedad entre un victimario que se sabe impune y su víctima nos habla, antes que nada, de la ruptura de todo lazo de solidaridad, que está corroyendo al tejido social, del avance de la guerra de todos contra todos, que Hobbes temía; del extravío de los mínimos valores de humanidad, por el cual la motivación monetaria se llega a sobreponer a cualquier consideración moral. Es, en algún sentido, la ruptura del pacto de convivencia social como producto de la exacerbación del individualismo, y de los lazos de comunidad sin los cuales ninguna sociedad puede subsistir.

               En la pérdida de esos lazos y en la exaltación sin medida de la riqueza monetaria como criterio de status y éxito social, se encuentra en gran medida la causa más última del fenómeno de la delincuencia organizada, o al menos de muchas de sus expresiones. Paradójicamente con su discurso individualista, para el imperio puro del mercado la mayoría de los individuos no importa. Bajo sus reglas privan la carencia de oportunidades y el sistema que hace desechables a las personas en aras de la gran concentración de riqueza. Paradójicamente también, la lucha por la subsistencia —o por el control de esa riqueza— no se da entre individuos sino entre corporaciones. Para asumir esas reglas y cobrar venganza de la propia sociedad que los ha marginado, algunos individuos se organizan como corporaciones criminales, dedicadas ora al secuestro, ora al narcotráfico. Bajo esas reglas no es casual tampoco que muchos de ellos se reputen como auténticos líderes sociales de los grupos que encabezan y aun más allá, entre sectores sociales más amplios que ven en una u otra modalidad de la delincuencia una oportunidad alterna a los valores y vías de movilidad social de los que han sido marginados.

               Ni la sociedad ni el Estado pueden, es cierto, impedir que ciertas patologías se presenten entre los individuos; pero sí pueden prever que éstas alcancen magnitudes que lleguen a convertirlas en una amenaza para la sociedad misma. Ello implica un combate total a la impunidad y un mejoramiento integral de los sistemas de justicia. Si, como lo declaran las propias autoridades, además de la hoy desintegrada banda de Daniel Arizmendi, existen al menos otras quince organizaciones con características semejantes actuando en diversas entidades del país, enfrentamos un problema de otra naturaleza: la generalización del delito, común u organizado, como una actividad paralela que se incrusta y desarrolla en los poros de la economía de mercado, a veces con tintes subjetivos de autodefensa ante la agresividad o indiferencia de una sociedad que previamente marginó e ignoro a las personas y sus necesidades.

               Cuando se plantea un tema como el de la pena de muerte, puede tratarse de que la sociedad cobre venganza de quienes la han agraviado eliminándolos físicamente; el problema real es, en cambio, cómo evitar que nuevos mochaorejas, mutiladores o criminales de nuevo tipo surjan y encuentren condiciones para desarrollarse.

Morelia, Mich. 27 de agosto de 1998.