Eduardo Nava Hernández

La nominación del ex rector Salvador Galván Infante por el Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Morelia fue sorpresiva no por el procedimiento —que simplemente actualiza al PRI de siempre, el del verticalismo, antidemocracia y disciplina lindante con la abyección—, sino por la persona misma, carente a los ojos de los militantes y de los ciudadanos en general de méritos y trayectoria partidaria suficientes como para obtener la candidatura al cargo más importante de los que estarán en juego  en el próximo proceso electoral. Pero fue también una afrenta que el propio Galván y los dirigentes del priísmo (o quien haya tomado la decisión) infligieron a la Universidad Michoacana.

               Por tercera ocasión consecutiva, un rector de la casa de Hidalgo no termina el periodo para el que fue designado. Y el problema no es, como lo ha comentado la caterva de Perogrullos que medran en la burocracia universitaria, si tiene o no derechos políticos, como cualquier otro ciudadano, sino moral. Al presentar su renuncia al cargo, Galván Infante abandonó los planes y programas que tenía el compromiso de concluir, dio pruebas de su respeto hacia la institución y utilizó una posición que debiera ser eminentemente académica para buscar puestos políticos, contrariando su propio y reiterado decir. Quien de ese modo engañó a los universitarios ahora  irá, con nuevas promesas, a buscar el voto de los morelianos para tratar de gobernarlos.

               Por tercera vez, también, se adelanta para la Universidad la designación de un rector y llega a la responsabilidad un interino que luego de unos meses será ratificado sin que jamás abiertamente universitario o grupo alguno lo haya propuesto, así sea en el discrecional mecanismo previsto en la legislación, es decir, la llamada auscultación. La Comisión de Rectoría (que, por cierto, ya merecería ser investigada por los expedientes secretos X para saber si es real su sobrenatural existencia, pues nadie sabe quiénes la integran) hizo otra vez su aparición para cumplir su sombría misión de imponer a los universitarios a su principal autoridad administrativa.

               Tres veces ya,  como san Pedro, esa fantasmal instancia ha negado a la comunidad nicolaita la posibilidad de siquiera opinar acerca del gobierno universitario. Tres veces, repito, que coinciden, no por casualidad, con el periodo de vigencia de las reformas del 18 de septiembre de 1986 a la Ley Orgánica de la Universidad. Es decir, ninguno de los rectores designados bajo esa norma, que pervirtió el sentido democrático presente en el resto de  la Ley, ha terminado su periodo administrativo; en ningún caso se ha cumplido con la letra de dichas reformas, que obliga a hacer una consulta o auscultación a la comunidad universitaria —depositaria y sujeto real de la autonomía, es decir de la facultad de autogobernarse, según el artículo 8º de su principal norma— antes de hacer la designación de rector.

               Una institución como la Universidad Michoacana no puede mirar hacia adelante cuando sus propias bases de legitimidad están siendo corroídas por las prácticas viciadas que le impone su sometimiento a las fuerzas políticas y estatales, es decir, cuando sus autoridades sistemáticamente llegan a espaldas de la comunidad a la que deberían servir, y a veces se van, cualquier fin de semana, por la puerta trasera, hasta sin despedirse.

               ¿Tres veces no son suficiente evidencia de que la Ley no es operante, o de que es muy grande el temor de los presuntos integrantes de la Comisión de Rectoría a cumplir cabalmente su cometido de escuchar —pues eso quiere decir el concepto, tomado en préstamo de la práctica médica, de auscultar— o, peor aún, de otras fuentes de poder, externas a la Universidad a permitir que los universitarios se expresen?

               El incumplimiento permanente de la norma prevista para la designación del rector, que coloca el nombramiento en manos de un órgano externo a la comunidad universitaria, proviene, en realidad, de su falta de congruencia, de su flagrante contradicción con el espíritu democrático que impregna el resto de la Ley Orgánica. Se ha demostrado ya en múltiples procesos para las direcciones de las dependencias: cuando se abre, así sea con las restricciones que por encima de la propia legislación, las autoridades centrales han puesto a esos procesos, el resquicio para que la comunidad participe, ésta demuestra su vocación activa, crítica, opinante y democrática, que muchas ocasiones ha impedido que prosperen las imposiciones. Por ello, en el caso de la rectoría, de lo que se trata es de impedir, por medio de cualquier triquiñuela, la posibilidad de que los universitarios tengan intervención, no importando que se trate de un asunto que les concierne directamente.

               El problema de fondo en la Universidad Michoacana sigue siendo, desde hace casi doce años, el injerto colocado por el gobernador Martínez Villicaña en la Ley Orgánica, para garantizar la sujeción de la institución a los poderes políticos reales. Y no se trata, por si es necesario aclararlo, de regresar a la anacrónica idea de una universidad encerrada en la entelequia de la academia pura, ajena a toda manifestación de la política, que al menos en Michoacán nunca ha existido. Se trata, por el contrario, de abrir cauces a una práctica diferente de la política en la universidad; de sacarla de las catacumbas de instancias inexistentes, de sustraerla a presiones ilegítimas por ocultas y subrepticias. Se trata de cumplir efectivamente con el espíritu de una Ley Orgánica de la que los universitarios nos sentimos justificadamente orgullosos, para que al interior de la institución circulen y se confronten abiertamente las corrientes de pensamiento y de opinión, en una palabra , de hacer política universitaria. No queda otro remedio: hay que cambiar la realidad actual, que la casa de Hidalgo no merece; hay que bregar por la democracia.

Morelia, Mich., 13 de agosto de 1998.