Eduardo Nava Hernández

La distancia que separa a la crisis del régimen presidencial-corporativo de la esperada pero siempre trunca transición democrática aflora  y se hace presente a cada momento en la práctica política mexicana. A diez años de que irrumpiera  sacudiendo las estructuras ya carcomidas pero hasta entonces aparentemente fuertes del sistema, esa crisis no ha desembocado aún —a pesar de innegables avances en materia electoral, promovidos siempre desde la oposición— en la formación de una cultura democrática compartida entre gobernantes y gobernados, como sería su objetivo.

               A la violencia de dudosa legitimidad con que el régimen se reviste en conflictos como el de Chiapas; a la falta de cumplimiento de los acuerdos pactados; a la ausencia de avances sustantivos en el diálogo con las fuerzas de oposición en materia de reforma del Estado; a la persistencia de la corrupción y la impunidad como recursos del ejercicio poder, ahora hay que agregar, como obstáculos notorios al progreso político de a nación,  el discurso belicoso y de confrontación de un sector  representativo del priísmo  y el caos prevaleciente en la élite política a raíz de la crisis del presidencialismo.

               El rasgo característico del presente sexenio parece ser el acelerado deterioro del poder y la figura presidencial, otrora indiscutidos. Pero no se trata de un repliegue calculado que dé paso, por vías negociadas, a formas más democráticas, ordenadas y contrapesadas en la gestión del poder, sino de un desmoronamiento real ante los embates de la sociedad crítica  y la oposición política, y el atrincheramiento en actitudes defensivas de autoritarismo e intolerancia. Éstos, que han sido componentes permanentes del ejercicio del poder político, se exacerban ante el cerco que la opinión pública y la oposición le tienden. Al mismo tiempo, las correas de disciplina que permitían al presidente de la República mantener el control sobre su partido y los múltiples grupos que lo integran, se han debilitado gravemente, dando lugar a una gran fragmentación y a la apertura de formas inéditas de lucha entre aquéllos. El 2000 se anuncia ya como una batalla campal sin reglas entre los aspirantes a la candidatura presidencial.

               En ese contexto, el episodio protagonizado por el gobernador tabasqueño, Roberto Madrazo, en la Cámara de Diputados es mucho más que una anécdota. Es un signo de la crisis política, que está teniendo ya consecuencias en el ambiente general del país, en las relaciones del gobierno y su partido con otras fuerzas y en la posibilidad de sacar adelante proyectos como la endeble iniciativa gubernamental sobre derechos y cultura indígenas, la urgente reforma del Estado y la estrategia hacia Chiapas.

               La agresión del gobernante tabasqueño contra el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales , Santiago Creel, en el propio recinto de San Lázaro, y secundado nada menos que por el jefe de la diputación priísta en calidad de acólito y por un numeroso grupo de legisladores y militantes priístas en actitud intimidatoria, se revierte contra el propio Madrazo y contra el oficialismo. De entrada, ha operado como una provocación que irrumpe en el ambiente de la Cámara, en el momento en que el presidente de la República necesita del acuerdo con el PAN para sacar adelante su iniciativa en materia indígena y por tanto su estrategia de aislamiento y contrainsurgencia en Chiapas. También ha puesto en riesgo la aprobación del paquete financiero, apoyado en principio por el PAN, y ha radicalizado la decisión de éste de someter al propio Madrazo y al gobernador yucateco Cervera Pacheco a juicio político. En suma, ha enturbiado las relaciones, apenas recompuestas, entre el Ejecutivo y Acción Nacional.

               Éstas se pondrán a prueba también con el curso que siga la denuncia del gobernador Madrazo en la Procuraduría General de la República, paralela a la solicitud, esa sí inviable, de juicio político contra Creel. La prosecución de estas vías haría inevitable, a su vez, que se profundicen las investigaciones de los hechos truculentos en los que está involucrado el gobernador tabasqueño, como son, desde luego, sus desmesurados gastos de campaña y sus vínculos con el prófugo magnate Carlos Cabal Peniche, señalado a su vez por sus relaciones posibles con operaciones de  lavado de dinero y narcotráfico. Las consecuencias de esas investigaciones podrían alcanzar a sectores mucho más amplios y más altos de la estructura del partido gobernante y del gobierno federal. Y en caso de ser bloqueadas o declaradas improcedentes, se tendería a descomponer más aún el ambiente político.

               La intentona del gobernador es un ataque no contra un ciudadano o un legislador en lo individual, sino contra el órgano que éste representa, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y contra la Cámara de Diputados en su conjunto. Lo más grave es que a la provocación se haya sumado el líder de la bancada del PRI, más obligado que nadie a velar por la integridad y la dignidad de la institución a la que pertenece. Ello habla directamente de la debilidad de las líneas de mando presidencial y de la disciplina de partido, que ha permitido que el coordinador de los legisladores oficialistas se ponga al servicio o se muestre abiertamente como parte de una facción en lucha por el poder.

               En su comparecencia ante los medios, plena de vulgaridad, el gobernador Madrazo declaró que estaba ahí para honrar su apellido; pero  al hacerlo, en realidad deshonró a su propio partido y a otras instituciones Bien puede no haber medido la magnitud ni la dirección del golpe que trataba de dar. Es seguro que los efectos de su provocación serán más contundentes y demoledores en el sistema al que pertenece y al que en su desesperación ha saboteado, que en los que él cree ver como enemigos inmediatos. Viviremos para verlo.

Morelia, Mich.26 de abril de 1998