Eduardo Nava Hernández

El optimismo y aun la satisfacción son las actitudes que han tendido a prevalecer entre militantes y observadores con los resultados del Cuarto Congreso del Partido de la Revolución Democrática, que concluyó en Oaxtepec hace ya más de una semana. El hecho de que no se dieran fracturas internas ni las disidencias e inconformidades propias de este tipo de asambleas se orientaran hacia la ruptura; el que los delegados se expresaran tanto en las mesas como en las plenarias con gran libertad y en un ambiente democrático; y el que la autoridad de la dirección nacional saliera fortalecida, como saldos inmediatos, hablan, en efecto, de la consolidación interna de ese partido, aún ubicado en la fase ascendente a la que lo impulsaron las elecciones federales de 1997.

            Los resultados del acto no sólo tienen interés para los militantes perredistas sino también para todos los que vemos la necesidad de abrir y consolidar alternativas políticas que impulsen el cambio de régimen en un sentido democrático y de operar un viraje en la política económica cada vez más antipopular que el gobierno impone al país en beneficio de los grandes capitales. En los momentos en que, desde Los Pinos y Bucareli, se despliega una ofensiva en toda la línea para preparar la guerra de aniquilamiento contra el Ejército Zapatista en Chiapas, se revierten los Acuerdos de San Andrés, se despliega la militarización de diversas zonas rurales, se recurre a la xenofobia, a la expulsión de extranjeros y a la descalificación de los organismos no gubernamentales y se desatan acciones represivas en todo el país, más necesario es que los partidos de oposición asuman no sólo políticas internas democráticas sino, sobre todo, líneas claras de estrategia y de acción.

            Que se haya definido, con un amplio consenso, al PRD como un partido de izquierda fue uno de las resoluciones más notables del Congreso. Declarativamente se busca con ello llenar el gran hueco del espectro político mexicano, en el que se había venido imponiendo en todos los partidos la tendencia a un cierto centrismo que en alguna medida escamotea el debate de los grandes proyectos de nación. Si la declaratoria perredista apunta hacia una mayor definición de sus objetivos estratégicos, puede ser un avance sustancial, no sólo para él sino para el sistema político en su conjunto, al deslindar con mayor claridad dichos proyectos, que atraviesan la política mexicana actual. Pero al no hacer explícito los delegados en Oaxtepec qué entienden exactamente por izquierda (por ejemplo, si se trata de una definición en favor del socialismo o se refiere tan sólo a constituirse en un ala o matiz al interior del actual sistema político), subsiste un amplio campo para la ambigüedad y la pluralidad de interpretaciones. En ese sentido, el avance programático es prácticamente nulo; el concepto puede quedar en el mero nivel retórico si no se vincula con contenidos explícitos y, sobre todo, con una congruencia política de la que el PRD no ha sido ejemplo en los últimos tiempos.

            Frente a problemas más concretos, como la coyuntura actual de Chiapas, la oposición del PRD a la política gubernamental es más clara. No obstante, se puso el énfasis en lo más obvio, que en el momento actual no es lo más relevante: el deslinde y el señalamiento de las diferencias entre el PRD (al que sólo una muy torpe mala fe quiere presentar como orgánica e ideológicamente vinculado al zapatismo) y el EZLN. El PRD cayó en la trama que sus más intencionados enemigos le han puesto al presentarlo como el brazo político del zapatismo, y ello restó fuerza a lo principal: el asumir una posición de iniciativa y una política de frente amplio que pueda frenar la política belicista del gobierno de la República y el PAN frente al conflicto de Chiapas.

            Pero el punto más polémico de la convención fue el de la posible candidatura de Ignacio Morales Lechuga, que el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo dejaron llegar sin resolución hasta Oaxtepec. Aun después de que los delegados votaron muy mayoritariamente por rechazar la alianza con el ex Procurador de la República, Veracruz es la prueba no superada del Cuarto Congreso por al menos tres razones.

            En primer término, el procedimiento mismo de discutir y resolver “caso por caso” la política de alianzas y en particular de las relaciones del PRD con determinadas figuras escindidas del régimen, como lo ha sostenido Andrés Manuel López Obrador, sin haber precisado al menos líneas generales aplicables a otras situaciones similares ni vincular la política de alianzas con definiciones tácticas claras, implica consagrar la ausencia de una política al respecto. El PRD ha hecho con anterioridad y sigue haciendo alianzas con diversas figuras escindidas del priísmo (Luna Khan, Layda Sansores, Guillermo del Río, García Sainz y ahora Ricardo Monreal y Máximo Gámiz), con  lustrosos personajes de la talla de La Tigresa Serrano y aun con políticos vinculados estrechamente al salinismo (Dante Delgado, Enrique González Pedrero); pero ahora veta por razones poco claras o superficiales la posibilidad de constituir un amplio frente electoral con posibilidades de  disputar la gubernatura y de acercamiento con Morales Lechuga, a quien se reprocha su pasado político como no se había hecho con ninguno otro ex priísta.

            El Congreso dejó también en entredicho, en segundo lugar,  la relación entre los órganos estatales y nacionales: a las instancias de Veracruz no se les permitió ejercer con autonomía potestades estatutarias de las que sí han disfrutado los órganos de otras entidades para definir sus candidaturas en sus respectivas entidades. También aquí hace falta una mayor claridad en los procedimientos a fin de no dejar espacios de arbitrariedad.

            Pero sobre todo, con el veto a Morales Lechuga, el Congreso Nacional dejó inermes a los militantes veracruzanos frente a una candidatura fuerte como la del oficialista Miguel Alemán, que ha logrado unificar o neutralizar a las diversas corrientes que se disputaban la nominación al interior del PRI, al grupo de Fernando Gutiérrez Barrios  y a los disidentes de la corriente de Dante Delgado, antes aliados con el PRD. No se ve cómo, con  posibles candidatos como la hija de Heberto Castillo o el tantos años ausente Joge Saldagnà, pueda el PRD revertir la recuperación del PRI en ese estado. Todo indica que el PRD se encamina hacia un serio retroceso en un  estado donde apenas el año pasado registró uno de sus mayores avances.

            Será el cursos de los acontecimientos en el próximo periodo el que diga si, a partir de su reciente Congreso, donde volvieron a aflorar actitudes principistas pero donde no se rompió con un pragmatismo electoral que de cualquier modo sigue practicando, el PRD logra consolidarse como el partido de verdadera disputa por el poder que emergió en 1997 y como la alternativa de verdadera izquierda que hace falta a nuestro sistema político, o si continúa entrampándose en las divergencias políticas y prácticas que lo atraviesan constantemente.

Morelia, Mich., 2 de abril de 1998