Eduardo Nava Hernández

Si algo han representado el drástico retroceso del partido oficial en las elecciones federales del pasado seis de julio y sus secuelas en la nueva y tortuosa configuración del poder Legislativo, es el registro del cambio real operado en las estructuras del poder social. Éstas han dejado evidentemente de funcionar como antaño y de servir eficazmente al sostenimiento del régimen vigente durante más de medio siglo.

     En ello se encuentra la necesidad y la justificación más profunda y urgente de reformar el sistema de instituciones y encontrar un nuevo punto de equilibrio que permita renovar el pacto de dominación sobre nuevas bases de legitimidad. El partido oficial mismo, con su aparato corporativo, el control directo o indirecto sobre los medios de comunicación, el uso virtualmente patrimonial de las instituciones en favor del grupo en el poder, etcétera, se han colapsado sin que, hasta ahora, se haya establecido un pacto político acorde con la nueva situación de una sociedad que ya no cabe en los estrechos marcos del partido de Estado y sus accesorios. La reforma del Estado que el país reclama es, precisamente, el establecimiento de una institucionalidad que corresponda a los inocultables cambios de la sociedad realmente existente.

     La parálisis del gobierno de Ernesto Zedillo, su carencia de voluntad para resolver el conflicto de Chiapas y el hecho de que la iniciativa de reactivar el diálogo para la reforma institucional haya tenido que partir del dirigente de un partido de oposición dan cuenta del fracaso y la incapacidad del grupo en el poder para manejar la política del país. La reforma del régimen, que hubiera podido realizarse en la primera mitad del sexenio, cuando el gobierno contaba con amplia legitimidad electoral y el control mayoritario sobre el poder Legislativo, se impone ahora como necesidad, precisamente a raíz del debilitamiento gubernamental.

     Esa situación es la que hace potencialmente conflictiva y más difícil la transición. En algún sentido, la reforma de las instituciones se está realizando ya, al margen de un poder presidencial carente de iniciativa política. Así, por ejemplo, en la reciente aprobación del proyecto de nuevo Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal, votado por unanimidad por las fracciones de la Asamblea Legislativa encabezadas por la oposición perredista.

     Paradójicamente, se ha relanzado la idea del diálogo entre las fuerzas políticas para la reforma del Estado en los momentos en que, al interior de la Cámara de Diputados, se tensan las posiciones entre el campo oficialista y las oposiciones erigidas en gobierno interior en torno a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el año entrante. Particularmente por la vía presupuestaria, se llega incluso a la tentación maximalista de imponer cambios como la disminución y aun la virtual desaparición de dependencias completas de la administración pública federal. No es necesariamente negativo, pero esa vía no contribuiría al diálogo que por otra parte se reclama para la reforma del poder, y se estaría imponiendo, en los hechos, la concepción más estrecha, que reduce la transformación del Estado a su adelgazamiento, como en los mejores tiempos de Salinas.

     Es urgente recuperar una perspectiva amplia y sobre todo incluyente para la reforma del Estado, que incorpore los reclamos más vigentes de los diversos sectores sociales. Esa perspectiva no puede ser ya, en vista de la nueva situación política, la imposición autoritaria del modelo de Estado grato al grupo en el poder, ni tampoco cortado conforme a las convicciones de la oposición parlamentaria. Aun cuando puedan existir algunos consensos básicos, es claro que por fuera del poder y de sus instancias formales existe una multiplicidad de actores sociales (el zapatismo y el movimiento indígena asociado a él, el sector educativo, organizaciones sociales, grupos de derechos humanos, sectores productivos, el sindicalismo emergente, etcétera) cuyas demandas e intereses también tienen que ser conciliados y tomados en cuenta si la reforma del poder público ha de ser progresiva, y que no encuadran en el esquema de polarización entre poderes que hoy se dibuja en el panorama político de la nación.

Coyoacán, D.F., 24 de noviembre de 1997