Eduardo Nava Hernández

La discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 1998, anunciados como platos fuertes y batalla principal en que medirán fuerzas el poder Ejecutivo y el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados, está por llegar. No es sólo el interés y hasta el morbo de ver la posible pugna y los nuevos modos de negociar ambas instancias estos rubros, antes incondicionalmente aprobados por la mayoría priísta, lo que reviste importancia; se trata también, y sobre todo, de ver hasta dónde es posible a la nueva Cámara modificar la política económica vigente y proponer, en su caso, una distinta y, sobre todo, viable.

     Se trata, en efecto, de una prueba de fuego, no tanto para la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda que, mal que bien, sólo tienen que repetir los esquemas que desde hace muchos años vienen aplicando, sino para la oposición constituida por primera vez en mayoría parlamentaria en la Cámara baja. Es ella, la oposición, la que tendrá que sacar la tarea o asumir el alto costo de exhibir sus limitaciones y aun su incapacidad para cogobernar con responsabilidad y eficacia. Y ello no está automáticamente garantizado por los acuerdos políticos vigentes hasta ahora.

     En el caso de la política de ingresos, el punto medular es la anunciada reducción de impuestos, que implicaría bajar la tasa general del IVA, desgravar del impuesto sobre la renta a los asalariados que perciban hasta cuatro salarios mínimos y eliminar el impuesto al activo de las empresas. Puede incluir también —en propuestas más particulares, al parecer no consensadas aún al interior del propio bloque cameral— subir el IVA a los consumos considerados suntuarios, crear nuevos impuestos a las ganancias del capital especulativo y rediseñar por completo el sistema tributario a través de una reforma fiscal profunda y progresiva.

     El reto en esta materia es que las leyes fiscales tienen que ser aprobadas no sólo por la Cámara de Diputados sino también por la de Senadores donde, como se sabe, el partido oficial mantiene una cómoda mayoría absoluta. La propuesta de la oposición tendrá que ser, si ha de aprobarse, suficientemente consistente en su conjunto para sustentar una política económica convincente e ir más allá de la simple oferta electoral de bajar el IVA a sus niveles anteriores a marzo de 1995.

     El riesgo de un conflicto entre ambas Cámaras está latente, y no se puede, a pesar de los protagonismos y resonantes declaraciones, actuar como si no existiera un Senado donde se mantienen vigentes los mecanismos de control político tradicionales. La ratificación de Genovevo Figueroa como líder de la mayoría no augura, a ese respecto, el aflojamiento de esas formas de subordinación que bien podrían frustrar o posponer hasta el siguiente año cualquier reforma importante en materia tributaria. Y ante la posibilidad de un entrampamiento entre el bloque mayoritario de la Cámara baja y el de la Cámara alta y, a través de ésta, con el Ejecutivo, no parece suficiente apelar a la legitimidad obtenida de los resultados de la elección del 6 de julio, que tendría que ser refrendada en lo particular por alguna nueva y hasta ahora inexistente forma de expresión popular, como el referéndum.

     Pero el debate tiene otra faceta. Y es que la significación de la propuesta de reducir gravámenes puede variar sustancialmente, dependiendo del alcance que se le asigne. En cierto sentido (muy presente en algunos sectores del PAN, por ejemplo), la reducción de impuestos es parte del proyecto neoliberal de desregulación de los mercados y adelgazamiento del Estado, e iría acompañada de la desaparición de las dependencias gubernamentales consideradas prescindibles o, por lo menos, de la reducción sustancial de sus respectivos presupuestos. El reto para quienes no comparten esta visión es armonizar la disminución de ingresos del Estado con el mantenimiento y aun la ampliación de los instrumentos de redistribución social del ingreso, y eso hasta ahora no se ve con suficiente claridad en las propuestas -no homogéneas, por lo demás- del bloque opositor. Dentro de las propuestas del PRD, por ejemplo, existen demasiadas resonancias provenientes de los tiempos del Estado benefactor (que la derecha llama despectivamente populismo), difíciles de avenirse con la realidad económica actual, que ninguna fuerza política se ha propuesto modificar radicalmente.

     En materia del Presupuesto de Egresos, encontrar la cuadratura al círculo no es más sencillo, aun cuando se trate aquí de una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Independientemente de no compartir ni aceptar el catastrofismo zedillista de que no hay otra política económica posible, el problema es objetivamente real: no resulta fácil hablar de expandir el gasto público, mantener intacto el aparato administrativo y, simultáneamente, reducir los impuestos. La negociación política podrá tal vez remover la gran cantidad de matices y prioridades que es posible encontrar entre las fracciones del bloque, pero, nuevamente, es preciso encontrar una fórmula realista y viable que permita cubrir todos esos requisitos de manera convincente para los sectores de la sociedad y respetar la división de poderes.

     Como esa fórmula no está todavía a la vista, el pronóstico más probable es el del conflicto, dentro y fuera de la Cámara de Diputados. Los representantes populares tienen por delante mucho trabajo para llegar a posturas que puedan ser sostenidas conjuntamente y para consensuarlas luego con el Ejecutivo en un ambiente de respeto que ni el triunfalismo oposicionista ni el autoritarismo presidencial parecen estar creando. Estamos en vísperas, pues, de presenciar la madre de todas las batallas, que puede arrojar como resultado un avance sustancial en el ya inoperante sistema político y en una política económica que hasta ahora sólo ha servido a los intereses de la oligarquía financiera, o un empantanamiento que contribuya más a la inmovilidad que al cambio cierto.

Coyoacán, D.F., 3 de noviembre de 1997.