Eduardo Nava Hernández

Las campañas electorales en curso están teniendo efectos inesperados en otros aspectos de la vida nacional. Como resultado de los muy explicables avances de la oposición en las preferencias de los electores, en el partido oficial empezó a cundir el pánico y se decidió recurrir a la campaña de miedo que en 1994 les había funcionado para captar votos.

     Esta vez, la posibilidad de una catástrofe económica o la pérdida de las actuales condiciones económicas de la población fueron el petate del muerto con el que el PRI quiso infundir la incertidumbre que generara un voto conservador. Pero se les revirtió por dos razones: primero, porque la situación material del pueblo es de por sí precaria e inestable como consecuencia de la crisis financiera de 1994-1995, y la gente, aún sin reponerse, no cree ya que el mantener al PRI en el poder sea garantía de estabilidad; y segundo, porque insistir en que la ahora más posible pérdida de la mayoría de la Cámara de Diputados por el PRI crearía un desconcierto en el gobierno sólo preocupó, en realidad, a los inversionistas que empezaron a dejar en suspenso sus capitales.

     Pero en su intento de atemorizar, el oficialismo arrastró como sus aliados naturales a los banqueros que, encabezados por su presidente Antonio Del Valle, quisieron descalificar las propuestas económicas de la oposición y, concretamente, del PRD. Llegaron a proponer un debate acerca de estas propuestas que no podía menos que ser un tiro por la culata y del que ahora se han tenido que retractar de manera vergonzosa.

     La propuesta de los atemorizados banqueros es precisamente lo que la oposición ha venido demandando hace años: que se abra a debate público la política económica, que todos padecemos pero que unos pocos deciden en consulta con los grandes financieros del país y con las instituciones crediticias internacionales. La política económica ha estado fuera de toda consulta pública, absolutamente al margen de la participación ciudadana. Y su gran beneficiaria ha sido, precisamente, la banca.

     La pérdida de la mayoría absoluta por el PRI en la Cámara de Diputados no produciría por sí misma fugas de capitales, desinversión y menos aún un retorno a los modelos ya superados del pasado. Pero sí permitiría que la política presupuestal y las reformas legales en materia económica pasaran por el consenso de las diversas fuerzas políticas en vez de aplicarse verticalmente como ha sido hasta ahora.

     No se trata, para el Partido del Trabajo, de revertir las reformas que han contribuido a modernizar la economía nacional, como la apertura económica, algunas medidas de desregulación y la privatización de diversas empresas que el Estado no podía ni debía mantener en sus manos. Se trata, sí, de incorporar en ellas criterios que permitan orientar la economía hacia un verdadero desarrollo con equidad y hacia una mejor distribución de la riqueza y fortalecer el mercado interior y los ingresos del conjunto de la población con una política industrial activa y una adecuada atención al sector agropecuario.

     En esas tareas, la participación del sector financiero es fundamental. En su forma actual, éste no sirve al desarrollo nacional sino sólo al enriquecimiento de sus usufructuarios. Sería preciso completar la auténtica modernización de la banca impidiendo su monopolización, estableciendo líneas de crédito preferencial hacia las industrias de punta y a las pequeñas, micro y medianas empresas y, sin volver a la estatización del sector en su conjunto, fundar por lo menos un gran banco como propiedad del Estado, que le permita a éste participar en el mercado financiero.

     Es lamentable que no se haya concretado el debate banca-partidos que podría haber sido el inicio de una gran discusión nacional. Pero la oportunidad no está cancelada. Seguramente se tendrá que dar en la próxima legislatura, una vez que desaparezca la mayoría avasallante del Presidente en la Cámara de Diputados.