Eduardo Nava Hernández

La ruptura del cogobierno y, ahora, hasta del “pacto de caballeros” establecido entre el PRI y el PAN en los últimos años es el saldo político más notable de los acontecimientos que han mantenido en vilo a la opinión pública nacional. Farsa, drama y tragedia al mismo tiempo, el escándalo al que han conducido las investigaciones del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu profundiza una vez más la prolongada crisis del régimen y envuelve a los personajes más elevados de la política y de los dos principales partidos del país en el ambiente neblinoso de la sospecha.

     La historia podría servir para una ópera bufa: un joven ambicioso, de origen plebeyo pero con fama de inteligente y bienintencionado, logra llegar mediante un pacto de caballeros a la corte del Palacio a servir al rey. Una hechicera le vende una osamenta capaz de revelarle las más importantes incógnitas y los más recónditos secretos del poder, y de abrirle por tanto el camino del éxito en la vida palaciega. Sin embargo, todo sale mal. Los resultados esperados no se dan y poco después el buen servidor se ve en la desgracia de separarse de los huesos de sus afanes. Al final, todo es un sainete: la hechicera resulta ser de pacotilla, la osamenta más falsa que una explicación autoexculpatoria de Salinas desde Harvard y el desdichado funcionario, perdidas ya la lozanía y la gracia de su juventud, llora ante el público alegando su inocencia, para que éste no deje de aprender la moraleja de a dónde la ambición y la credulidad desmedidas pueden conducir.

     Para el país, empero, esta inocente historia es en el momento actual una verdadera tragedia. Ella revela la vulnerabilidad de un orden institucional, el de la procuración de la justicia, cuando es sometido a los rejuegos de la negociación política.

     La tarea del Ministerio Público se politizó no ahora sino desde el momento en que Lozano Gracia se aposentó en la oficina principal de la Procuraduría General de la República. Llegó ahí no por contar con una trayectoria determinada en el ámbito judicial o como abogado penalista, sino por haber sido señalado por el PAN como uno de sus mejores políticos y el indicado para incorporarse al experimento de cogobierno abierto por Zedillo. Ahora, es el ámbito institucional el que está pagando el costo político y moral del estrepitoso fracaso de ese ensayo.

     La incorporación de Antonio Lozano a la PGR no fue un rayo en cielo despejado. Fue la culminación de la política de acercamiento entre el gobierno y el PAN cultivada a lo largo de todo el sexenio salinista a través de concertacesiones y acuerdos camerales. En ese sentido, el ensayo estuvo lejos de representar la apertura un gobierno plural que, en medio de la crisis política y económica de 1994, la situación del país hubiera requerido. Esa apertura democrática hubiera implicado un acuerdo amplio y explícito entre todos los actores políticos para reconstruir la gobernabilidad del país, y no una negociación palaciega entre los dos principales partidos. Más que un avance democrático, el acuerdo PRI-PAN que llevó a la PGR a Lozano fue parte del pacto de una transición controlada, restringida y excluyente.

     El costo lo pagará también el PAN. El crash de Lozano ha dejado abollada la imagen de honestidad y eficiencia que los blanquiazules se construyeron afanosamente a lo largo de muchos años; ahora son ellos los que tendrán que defenderla, incluso por la vía judicial, de los tropiezos de su correligionario.

     En última instancia, el affaire Lozano ha acelerado el desmembramiento del bloque gobernante heredado del salinismo como construcción sucedánea de un pacto democrático. El entendimiento con el PAN era una pieza clave de ese bloque al que también se integraron los grupos del PRI tradicional corporativo, el capital financiero y la tecnocracia. La desarticulación de esa estructura comenzó en 1994, con los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, y después de los errores de diciembre y el encarcelamiento de Raúl Salinas, el gobierno de Zedillo no ha podido reconstruirla de manera estable ni constituir un acuerdo más amplio y democrático. El hecho de que muchas de las principales iniciativas del zedillismo hayan tenido que ser aprobadas sólo con el voto del PRI, como el aumento al IVA y las reformas al COFIPE, y no como antaño, por la alianza PRI-PAN, es significativo de ello.

     Ahora, cualquier nueva correlación de fuerzas no saldrá de un arreglo cupular sino del resultado de las próximas elecciones. Son ellas las que darán la base para constituir o no un acuerdo nacional más amplio y democrático, superior a las componendas tan características del autoritarismo presidencial mexicano y en particular del salinismo. Ello le da a los comicios de julio el carácter de una disputa real, en la que muchas cosas están en juego y en la que están cambiando ya las formas de la confrontación.

     En ello, en el desmantelamiento del sistema de equilibrios diseñado por el salinismo, estriba el aspecto positivo de los escándalos en los que se han visto envueltos la PGR, el PAN y la Presidencia de la República. El resultado de las elecciones dirá qué más.

Coyoacán, D.F., 16 de febrero de 1997