Eduardo Nava Hernández

Las elecciones federales del naciente 1997 serán decisivas para el futuro político inmediato y mediato del país. Más que nunca desde 1988, está planteada la posibilidad efectiva de un cambio en la correlación de fuerzas políticas a escala nacional, precedida por un conjunto de comicios locales altamente competidos que han mostrado ya las tendencias y reclamos de los electores. Se suma a ello la crucial elección, por primera vez en casi setenta años, de un gobernador para el Distrito Federal y la de otros gobernantes locales en estados decisivos como Nuevo León.

     El partido gobernante, el PRI, carga con el enorme desprestigio de la crisis económica, la debacle moral del salinato con su corrupción, patrimonialismo y crímenes políticos, la debilidad del gobierno de Zedillo y su constante recurso a la “regla de oro” del mayoriteo para aprobar parlamentariamente las más impopulares medidas por las que los ciudadanos no votaron ni votarían jamás.

     De los retrocesos del oficialismo se ha beneficiado fundamentalmente Acción Nacional, el viejo partido de derecha que, refuncionalizado, lo mismo acoge las expresiones democráticas de la burguesía y las clases medias liberales que las del tradicionalismo parroquial y el integrismo fascistoide, y cuya oferta económica y social se sustenta en un liberalismo radical de inspiración manchesteriana. Su rancia cepa opositora y una imagen cuidadosamente cultivada de honestidad, pacifismo y eficiencia le han permitido, como ninguna otra opción, traducir en respaldo electoral el deterioro progresivo del gobierno y el partido oficial.

     Hoy, la gran interrogante de la política nacional es qué sucederá en el ya nada improbable caso de que el PRI pierda la mayoría electoral y legislativa en los procesos de este año frente a la oposición y, en su caso, ante cuál de sus expresiones. Hasta ahora, la tendencia más probable —señalada en diversos comicios locales y en algunos sondeos de opinión— es el afianzamiento del PAN como primera fuerza de oposición y aun como alternativa mayoritaria en el Congreso, lo que lo colocaría de lleno en la disputa por el gobierno para las elecciones del año 2 000.

     Para muchos, desde una perspectiva netamente práctica, no es un mal escenario. Los triunfos panistas son, a fin de cuentas, avances en la competitividad electoral, actualizaciones de la potencial alternación en el poder y la ruptura del añoso monopolio pri-gubernamental. Sin embargo, no es posible observar con indiferencia, menos aún con regocijo, el panorama que esas tendencias viene planteando, muy claramente desde por lo menos 1991 cuando se revirtió el espectacular avance de la oposición de centro-izquierda de 1988.

     Ya en 1994 ese panorama quedó definido en los resultados electorales: sobre el basamento de una abstención relativamente baja, las dos grandes opciones políticas del neoconservadurismo, el PRI de la era tecnocrático-neoliberal y un refuncionalizado PAN cada vez más vinculado al gran capital, captaron conjuntamente poco más de las tres cuartas partes de los sufragios emitidos. Eso quiere decir que, más allá de la declinación política del PRI, la profunda crisis social y económica se encamina hacia una salida por la derecha que, de consolidarse, bien puede traducirse en una derrota histórica y de larga duración para las fuerzas progresistas del país. No es un mal presagio sino una realidad virtualmente presente.

     El gran desafío para esas fuerzas progresistas en la coyuntura presente es constituirse a sí mismas como una alternativa viable frente a la descomposición del sistema vigente, pero también frente al ascenso de la alternativa de recambio emanada desde la derecha. La permanencia del régimen clientelar y corporativo priísta no es, desde luego, una opción apetecible; pero tampoco lo es el afianzamiento de un nuevo esquema de dominación de rasgos oligárquicos e igualmente vinculado a intereses monopólicos.

     No parece fácil enfrentar esa crisis de las expresiones progresistas y de izquierda. Hasta ahora, éstas han logrado —principalmente el PRD y el PT— conservar espacios políticos más o menos delimitados y nichos electorales identificables; más excepcionalmente han obtenido algunos avances, insuficientes todavía para consolidarse nacionalmente como alternativas en la disputa real por el poder. Sin embargo, se presentan, dada la emergencia nacional y la magnitud de la crisis, extraordinarias condiciones para un proceso de unificación electoral (demandado además por la opinión pública) que abarque a los partidos con registro, agrupaciones políticas diversas y organizaciones sociales.

     Una importante corriente —por cierto, fundamentalmente externa a los partidos— ha venido fortaleciendo la opinión de que es preciso impulsar una alianza PAN-PRD para derrotar al PRI en los próximos comicios. Se evoca con frecuencia la experiencia de Chile, donde se construyó coyunturalmente un frente de la izquierda y la derecha para enfrentar la tarea de restaurar la democracia representativa y vencer electoralmente a la dictadura. Habría que reconocer, empero, que ahí se trataba de una situación extrema donde el régimen militar se había salvaguardado hasta por medio de mecanismos constitucionales que virtualmente no dejaban otro resquicio para la transición democrática que la coalición más amplia posible. La izquierda se incorporaba, por lo demás, en condiciones de suma debilidad, tras quince años de ser sistemáticamente perseguida y diezmadas sus expresiones sociales. Es claro que, en México, la alianza de izquierdas y derechas es menos viable en virtud no sólo de diferencias ideológicas sino de las dificultades para integrar un programa coherente de gobierno con el cual se identifiquen ambas alas. Con mayor probabilidad, ¿tal coalición beneficiaría a todos sus miembros por igual o reforzaría las tendencias al asentamiento de la derecha en el poder por un periodo prolongado?

     Si algo ha deteriorado en los últimos años la imagen del ala progresista es su constante tendencia a las disputas internas y su debilidad frente a intereses oportunistas y personalistas muchas veces llevados hasta la ruptura. Es mucho más factible hoy por hoy el fortalecimiento del ala de centro-izquierda si ésta logra presentar un programa viable y un discurso congruente con sus postulados históricos, y si demuestra madurez y capacidad de unificación en torno a grandes principios.

     Una alianza amplia centroizquierdista, como la que se estructuró en 1988 en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, sí es capaz de potenciar el peso electoral de sus componentes, hasta constituirse en una opción real en la disputa por el poder. Se han presentado nuevamente las condiciones sociales para gestar un proceso de unidad y se ha logrado avances en darle viabilidad política. No hay que olvidar que ya una vez en el pasado reciente se desperdició esa oportunidad histórica. Que no se dilapide ésta, que podría ser quizá la última de darle a la nación otra dirección.

Coyoacán, D.F., 4 de enero de 1997.