Eduardo Nava Hernández

Tal parece que la impronta y la tragedia de este gobierno fuera la radical disociación de su discurso con respecto de la realidad nacional. Casi cada pronunciamiento y toma de posición sustancial ha sido desmentido más temprano que tarde por alguna situación que se resiste a entrar los esquemas que el gobierno traza para domesticarla. Es ya proverbial y motivo de muchas ironías, por ejemplo, la distancia que ha mediado entre el decir de un gobernante que llegó ofreciendo el “bienestar para la familia” porque “sabía cómo hacerlo” y su errática acción, constreñida a sortear en el nivel macroeconómico la más violenta crisis de los tiempos recientes. No es tampoco sino una humorada cruel el que se hable ahora de que estamos en franca recuperación, pero aclarando que sus beneficios demorarán varios años todavía para llegar a sentirse en la economía popular y doméstica.

     Del mismo modo, viene a resonar con timbre de dramatismo el anuncio del Presidente —el único, por cierto, que logró despertar el entusiasmo de sus partidarios durante su mensaje ante el Congreso— de que se aplicará toda la fuerza del Estado, que se produce justamente en los momentos en que se perciben por doquier los signos de su palpable debilidad.

     La referencia a la fuerza nos remite, desde luego, a la definición misma del Estado, percibido por Weber como el monopolizador por excelencia de la violencia legítima y por Hobbes como el único poder coercitivo capaz de refrenar las ambiciones y las tendencias egoístas de los hombres que, sin aquél, conducen a un estado de permanente enfrentamiento, de guerra. No hay duda, y en ello todo el pensamiento político y jurídico moderno está de acuerdo, de que en toda sociedad se requiere de alguna forma de represión cuando algunos de sus miembros transgreden las normas que hacen posible la convivencia normal y pacífica, y para hacer prevalecer los intereses más amplios por sobre los intereses particulares de los individuos.

     El problema no está en la existencia y uso de una fuerza represiva, sino en la forma como ésta se hace socialmente legítima. En las sociedades modernas no es en sí la soberanía del Estado lo que concede esa legitimidad al empleo de la fuerza sino su conjunción con el derecho y su apego a la ley. El gobierno que viola la ley para aplicar una coacción en principio justificada, deslegitima su propia acción y se coloca en el mismo nivel delincuencial o terrorista que los elementos a los que pretende aplacar o neutralizar. La fuerza del Estado no es sólo material sino, ante todo, moral; y ésta no se refrenda sólo en situaciones determinadas sino en la capacidad general que los gobernantes muestren para regular, organizar y conducir el tejido social como totalidad. La autoridad se debilita moralmente si su competencia se sustenta sólo o predominantemente en el uso de la fuerza y no en el empleo consistente de los instrumentos del derecho.

     El debilitamiento actual del Estado mexicano es patente en la incapacidad o desinterés del grupo gobernante para cumplir con las prescripciones de los párrafos primero y segundo del artículo 25 y con el artículo 26 constitucionales, que hablan de la rectoría del Estado para garantizar un desarrollo integral, soberano y democrático con crecimiento económico y una más justa distribución del ingreso y la riqueza. El incumplimiento de esa función histórica del Estado mexicano y, más aún, el abandono de esas metas en los últimos sexenios, han menoscabado severamente su autoridad ante las grandes mayorías de la nación.

     A mayor abundamiento, el inventario de las variadas formas como ese debilitamiento se expresa en la actualidad es necesario.

     – En primer lugar, la constante inseguridad pública y la proliferación de los delitos comunes como el robo, asalto, secuestros y violaciones contra la población en general, que desde hace tiempo desbordan las facultades de la autoridad para garantizar protección e impelen a los ciudadanos a la desconfianza y a la búsqueda de mecanismos múltiples de autoprotección.

     – La parálisis del sistema de procuración e impartición de justicia ante los casos más connotados e impactantes para la opinión pública. Se trata de la irresolución de los crímenes contra Colosio, Posadas y Francisco Ruiz Massieu, de la impunidad virtualmente otorgada por el régimen en los casos más palmarios de corrupción y abuso del poder como los de Rubén Figueroa, Carlos Madrazo y Conasupo, y también de la impotencia frente a los casos de Mario Ruiz Massieu, Carlos Cabal, De Prevosin y otros.

     – La sustitución creciente de la justicia por la vindicación popular, la mal llamada “justicia por propia mano”, que prolifera en linchamientos y ajusticiamientos y que expresa al mismo tiempo la creciente desconfianza social en los aparatos oficiales y el hartazgo frente a la delincuencia y la impunidad.

     – La explosividad social, también creciente, que ya se ha manifestado en motines, acciones espontáneas de masas (San Quintín, el saqueo del ferrocarril de Nuevo León), y enfrentamientos entre diversos grupos (los comerciantes ambulantes del Centro Histórico), rebasando la capacidad normal de la fuerza pública para regular la confrontación de los intereses particulares.

     – La erección de la economía clandestina del narcotráfico en un poder paralelo y en un desafío al Estado, que conduce a una espiral interminable de violencia social y crimen organizado, no desvinculado de las redes formales del poder político y económico, con las que se compenetra y asimila en forma progresiva.

     – La proliferación de las guardias blancas en el campo y de las guardias personales al servicio de los ricos, como manifestaciones de la sobreposición de intereses particulares por sobre los intereses colectivos.

     – La emergencia de los nuevos grupos políticos insurrectos, el EZLN y el EPR, que han evidenciado, entre otras cosas, la bancarrota de los sistemas de la llamada seguridad nacional e inteligencia militar.

     En este cuadro, la actividad de la guerrilla no es sino una expresión más, no la más compleja ni elocuente, de la gradual desarticulación del Estado como poder unitario y general y de su degradación moral e institucional para orientar y regular las relaciones sociales. No es simplemente una insuficiencia en su capacidad represiva que pudiera subsanarse con mayores recursos materiales, sino una auténtica crisis de la relación Estado-sociedad y de la propia sociedad civil, entendida ésta como el conjunto de organismos que representan, canalizan y modulan los intereses legítimos de los particulares.

     Lo característico del momento actual no es tan sólo la debacle económica y la crisis del régimen y el sistema político, sino su extensión hacia una crisis y descomposición social, donde el riesgo es la sobreposición de los intereses particulares a los generales, el regreso -al menos parcial- al estado de guerra permanente del que hablaba Hobbes. La prolongación artificial, desde el poder del Estado, de un régimen político inoperante después de 1988, con el catalizador de la crisis económica, empieza a derivar hacia un proceso de degradación de las organizaciones sociales y de las instituciones del propio Estado. En el caso de México, la crisis de la sociedad civil es una derivación de la crisis política, y no a la inversa.

     Para la reconstitución de la relación Estado-sociedad se avizoran dos caminos. Uno, de corto plazo y sólo provisional: el fortalecimiento de la capacidad represiva del aparato estatal que ofrece el gobierno y por el que claman algunos sectores comprometidos con el (des)orden económico vigente; el otro, la reconstrucción de la relación Estado-sociedad con sus diversas implicaciones: la reforma profunda del Estado (división de poderes, federalismo, descentralización, democratización de las instituciones); la restauración del sistema de justicia; la eliminación de la impunidad y la lucha a fondo contra la corrupción y el autoritarismo en sus diversas expresiones particulares (Salinas, Figueroa, Madrazo, etc.); la resolución de los crímenes políticos; la justicia a los muchos grupos e individuos agraviados por esa corrupción e impunidad; la eficacia frente al crimen organizado.

     Sólo por esta segunda vía es posible obtener el doble beneficio de la recuperación de la legitimidad del Estado y la eliminación de muchos de los agravios que real o supuestamente dan base a la violencia vindicativa de los grupos insurrectos.

     El drama de la situación mexicana es que no se percibe a los sujetos con capacidad de reconstituir la legitimidad perdida. Ésta no surgirá de una definición entre los sectores tecnocráticos y los sectores tradicionales o “duros”, que son las opciones en las que se mueve el priismo, incapaces ambas, aunque con matices, de otro recurso que el de la fuerza por el que presionan los representantes del capital. Tampoco de la propensión del PAN a la mano dura, a poner el derecho al servicio de la fuerza cuando lo que se requiere es poner la fuerza al servicio de un derecho previa y ampliamente legitimado.

     El fortalecimiento del Estado no es hoy el perfeccionamiento de su aparato de coerción, sino la consolidación de la sociedad civil -es decir de la multiplicidad de organizaciones y partidos que dan viabilidad y permiten canalizar pacífica y regularmente las demandas de los diferentes sectores de la sociedad- y la restitución de algo que en algún tiempo se llamó justicia social.

Coyoacán, D. F., 17 de septiembre de 1996.