Eduardo Nava Hernández

Todo indica que la hostilidad en la zona fronteriza de los Estados Unidos con México va dejando de ser un hecho aislado para tornarse en un abierto clima social. Hemos llegado a un punto en el que casi no hay día en que no nos lleguen del norte las noticias de conflictos exacerbados, violencia, abusos de autoridad y violaciones a derechos que desembocan con mayor y mayor frecuencia en tragedias. Las víctimas son, desde luego, los mexicanos que llegan buscando refugio económico a los Estados Unidos y a los que su propia nación expulsa al cerrarles virtualmente cualquier posibilidad de una vida digna sustentada en el trabajo y la honradez.

     Ciertamente, estamos ante los ominosos signos de una escalada de racismo e intolerancia que no sólo abarca a la policía fronteriza encargada de frenar el tráfico de migrantes sino que se origina o se reproduce en la propia en la sociedad norteamericana. Desde el gobernador que inicia una demencial campaña de rechazo a los migrantes hasta el ranger que se ensaña con los recién llegados como queriendo escarmentarlos a todos de su pobreza, necesidades y sed de trabajo, las autoridades estadounidenses responden -y lo saben- al sentir de sectores más o menos amplios del electorado. Las manifestaciones de apoyo de la población blanca hacia lo que evidentemente son excesos de la Border Patrol en su trato hacia los trabajadores indocumentados han empezado a salir a la calle. Acaso no esté lejos un clima de persecución y guerra racial en California como el que llegó a vivirse contra los negros en los años sesenta y que quedó magistralmente registrado en la memorable película de Alan Parker, Mississipi en llamas.

     Cierto también que ese amenazante ambiente se ve agravado por la situación de lucha preelectoral, y que el recurso a formas abiertas o veladas del racismo para obtener votos, con ser un grave retroceso político y moral de la sociedad estadounidense, su eficacia ha de tener en las estrategias de captación de sufragios.

     México tiene ante sí el gigantesco reto de frenar desde ya, en alianza con amplios segmentos de la opinión pública estadounidense, las tendencias de intolerancia, xenofobia y persecución económico-racial que habitan en sectores posiblemente crecientes de aquella sociedad y de su aparato de gobierno, y que se exteriorizan ya bajo formas salvajes. Se requiere alzar con fuerza la voz de nuestra opinión pública y también de una acción enérgica del gobierno y la diplomacia mexicanos. La tarea es colosal, porque se trata de defender en territorio estadounidense los derechos de miles de compatriotas que también han sido privados de ellos en su propio país. ¿O no se reclutan los migrantes de entre la masa de mexicanos a los que se ha negado el derecho al trabajo, a la tierra, a la vivienda, a la seguridad social, a un salario suficiente para cubrir las necesidades de una familia?

     Es ahí donde los reprobables hechos que con legítima alarma vemos multiplicarse en la frontera mexicano-estadounidense nos obligan también a volver los ojos a nuestra propia situación. La frontera norte, ha dicho Carlos Fuentes, es una cicatriz que aún sangra de tiempo en tiempo y a través de la cual respiramos los mexicanos. Hoy parece ser también el espejo en el cual tenemos que mirarnos como nación.

     El horror de lo que presenciamos en el país del norte es, en algún sentido, el reflejo de lo que sucede en nuestra propia patria. Los mexicanos son maltratados en los Estados Unidos porque antes lo fueron en México. Lo que los grupos más conservadores de la sociedad yanqui perciben como una amenaza es el fenómeno de la pobreza masiva que México no puede contener y que se desborda al exterior. México, socio comercial privilegiado de los Estados Unidos, aparece, sobre todo desde la crisis económica estallada en 1994, como exportador neto de pobreza. Difícilmente se eliminará esa apreciación si, como se ha dicho repetidamente, no se hace algo sustancial por mejorar las condiciones que hacen de la migración laboral una necesidad social.

     Pero el problema tiene también una dimensión ética. Si el resurgimiento del racismo allá es signo de una clara degradación moral de la sociedad, México no es ajeno a un proceso semejante, aunque éste pueda expresarse bajo formas distintas. Existe por ejemplo el antecedente de la política mexicana de expulsión de los migrantes indocumentados en nuestro territorio, que se da de patadas con cualquier intento de defensa de nuestros connacionales en los Estados Unidos; y están lejos aún de resolverse de raíz los problemas que dieron origen al conflicto que desde el mundo indígena estremeció nuestra conciencia en enero de 1994.

     Pero hay otros rasgos que están presentes en nuestra coyuntura y que resultan no menos indicativos de un proceso de envilecimiento de nuestros valores morales como sociedad. Además de la migración, el auge de la delincuencia es la otra válvula de escape de los sectores más desprotegidos frente a la crisis. Si la brutal caída de la economía que hemos resentido en el último año no se ha traducido todavía en la ruptura social violenta que muchos temen, no es sólo porque los mexicanos seamos muy aguantadores. De hecho, las fracturas sociales ya están entre nosotros, a escala micro, expresadas en cada uno de los mexicanos que abandonan su país porque éste les ha dado la espalda y en los muchos que adoptan conductas antisociales porque la sociedad no les da alternativas.

     Frente a ello, se alzan las indignadas voces de ciertos sectores por reimplantar la pena de muerte -que, como se sabe, no ha impedido ahí donde existe el florecimiento de la delincuencia-, y el Estado y los dos principales partidos políticos, PRI y PAN, promueven una iniciativa de reformas legales en materia penal que propone reducir la edad penal, para ciertos delitos, a 16 años. Es difícil pensar en un reconocimiento más explícito de la crisis social y de la incapacidad de los gobernantes para controlarla que el retroceso a formas de punición que se consideraban moralmente superadas. ¿Cómo puede sostener con congruencia un Estado la defensa de los derechos humanos en el exterior cuando a su interior, incapaz de ofrecer a su niñez y juventud la salud, alimentación y oportunidades de estudio que necesitan, las amenaza con equipararlas a los adultos en el castigo de sus infracciones?

     El rechazo que sufren nuestros compatriotas en el extranjero debe, sin dejar de condenarlo, obligarnos a ver nuestra propia imagen como sociedad, y preguntarnos cuáles son los efectos que está teniendo la crisis en la población y si moralmente estamos avanzando o retrocediendo. Quizás estemos atravesando por uno de esos momentos en la historia de una nación en que aflora la decadencia de su sociedad y se anuncian grandes conmociones que pueden hundirla o renovarla.

Coyoacán, D.F., 16 de abril de 1996.