Eduardo Nava Hernández

Cuando Pilatos tuvo enfrente a Jesús, y para seguir la tradición de dejar libre a un preso durante la fiesta de Pascua, el que la gente escogiera, el gobernador romano les preguntó: ¿A quién quieren ustedes que les ponga en libertad: a Barrabás, o a Jesús, el que llaman el Mesías? Y la multitud, convencida por los jefes de los sacerdotes y los ancianos, respondió: ¡A Barrabás! (San Mateo, 27). Sólo entonces entregó a Jesús para que fuera crucificado, no sin antes pedir un cántaro de agua para lavarse las manos y deslindarse así de la responsabilidad del sacrificio.

     De este modo, a través de los versículos del Nuevo Testamento, vemos cómo hasta el gobernador que representaba a un poder extranjero, decidió consultar a sus gobernados, el pueblo de Jerusalén, antes de tomar una decisión que concernía a sus tradiciones y costumbres.

     ¿Qué pasaría hoy si, asumiendo el ejemplo de don Poncio, el gobierno mexicano decidiera consultar a su pueblo acerca de la política económica que está siguiendo y que mucho ha contribuido a agravar la recesión y sus consecuentes efectos en el cierre de empresas, desempleo, desplome salarial, caída de la demanda y estancamiento? Porque hasta ahora, el criterio dominante en la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, ha sido sostener contra viento y marea una estrategia de la que los titulares de estas instancias de decisión están o dicen estar convencidos, pero que no goza, ni de lejos, del consenso social. Esa estrategia tiene como única prioridad luchar contra la inflación, sin importar las vicisitudes por las que tengan que atravesar los sectores productivos y comerciales y los trabajadores. Para ello, para reducir la inflación, se restringe hasta el sacrificio el gasto público del Estado y se retira dinero de la circulación, mientras que, por otro lado, se liberan los precios y las tasas de interés y se apoya a la banca con 16 mil millones de dólares para recapitalizarse y ayudarla a sobrellevar sus problemas de cartera vencida.

     Si se escuchara el sentir de la sociedad, se podría percibir sin dificultad que esa política ha sido llevada hasta tales extremos que se ha revertido en efectos mucho más perversos que aquellos que se dice combatir y ha terminado por perder casi por completo la aprobación social. El estancamiento prolongado es la realidad a la que esa política ha conducido a la economía mexicana, como lo perciben ya no sólo los trabajadores sino incluso los sectores empresariales, que lo han expresado en diversos foros, incluido  frente al presidente de la República.

     Permítaseme, como un simple ejercicio, recopilar algunas de las opiniones que se han vertido en los últimos días en torno a la política de restricción monetaria y del gasto público que viene aplicando el gobierno zedillista. Se podrá medir así el grado de aprobación social en que se sustenta.

     El Banco de México “es insensible a la situación actual: recorta y recorta la base monetaria, cree que el problema más importante es la inflación y no es así; lo más grave en estos momentos es el desempleo” (Héctor Larios Santillán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial). Hay que controlar la inflación, pero “las políticas monetaria y fiscal restrictivas deben ser de manera tal que no ahonden la recesión, pero aseguren la caída de la inflación y de las tasas de interés” (Carlos Abascal Carranza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex). “Lo más importante en estos momentos es mantener las fuentes de empleo y por lo tanto, de ingreso para las familias” (Germán González Quintero, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Concanaco, El Financiero, 22 de marzo).

     Aun algunos grupos financieros resienten los efectos de la política contraccionista: “El Banco de México deberá encontrar el equilibrio para no cometer el error de restringir a tal grado la liquidez de la economía  que pueda afectar las expectativas de una recuperación” “Si se orienta la política monetaria a conseguir a toda costa una inflación de 20.5 por ciento para 1996, esto implicaría una restricción de la liquidez mucho mayor a la programada, cuyo resultado sería, en vez de reducir efectivamente la inflación, prolongar y profundizar la recesión de la actividad productiva” (grupo Inverlat, El Financiero, 25 de marzo).

     “El combate a la inflación mediante una política monetaria restrictiva contribuye al estancamiento de las ventas, del empleo y del crecimiento de las empresas. (…) Los problemas de los empresarios son: falta de demanda, reducción de ventas, escasez de capitales, endeudamiento y tasas de interés extremadamente altas, así como incremento en los costos de producción”. (Víctor Manuel Díaz Romero, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales, Concamin, ante al presidente Zedillo, el 25 de marzo; El Financiero, 26 de marzo).     “(Hay que) mantener el equilibrio entre el volumen de inversión pública y la restricción monetaria para evitar, por un lado, el repunte de la inflación, pero por otro la mayor recesión de la actividad productiva” (Claudio Xavier González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, El Financiero, 28 de marzo). “La continuidad de las políticas restrictivas que viene aplicando el Banco de México en la oferta monetaria provocarán un nulo crecimiento en la economía nacional durante 1996. (…) El crecimiento de 3 por ciento calculado por el gobierno federal para el presente año está basado sólo en el aumento de 10 por ciento de las exportaciones, propiciando que el resto de la actividad permanezca subutilizada (Armando Garza Sada, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León; La Jornada, 8 de febrero).

     Con relación al gasto público, las opiniones apuntan en el mismo sentido. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, señaló hace unos días que es indispensable elevar los niveles del gasto social, que es bajo e ineficiente en América latina. El funcionario ha indicado que los préstamos externos deberían redundar en mayor inversión social, y destaca que “hoy los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros tenemos un mandato por el cual el 50 por ciento de nuestras operaciones tienen que dirigirse a los sectores sociales” (La Jornada, 25 de marzo).

     Un estudio económico realizado por El Financiero (25 de marzo) con base en información de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México atribuye al rezago en el ejercicio del gasto gubernamental el lento avance en el producto interno bruto en lo que va del año. De haberse ejercido en los plazos programados, el PIB podría haber llegado por lo menos a un 0.8 por ciento en el primer trimestre del año y se elevaría la expectativa de crecimiento anualizado a un 4 o 5 por ciento, y no el 3 que se prevé para 1996. El grupo Ixe, por su parte, “aseguró que el gobierno tendrá que acelerar una política fiscal expansiva, una vez que se ha reconocido la necesidad de corregir un rezago en la asignación del gasto gubernamental”. El presidente de la Canacintra, Carlos Gutiérrez, también destaca que, aunque se han venido cumpliendo los compromisos del gobierno en la Alianza para la Recuperación Económica (Apre), “quizá el punto negro es la no liberación del gasto público”; mientras que Carlos Abascal, de la Coparmex, ubica el gasto del gobierno como uno de los requisitos de la reactivación, junto a la restructuración de los pasivos de las empresas y el incremento de la inversión privada en proyectos productivos (El Financiero, 24 de marzo).

     En 1995, hay que recordar, la inversión pública se redujo en un 18.5 por ciento, se recortó en 14.8 por ciento el gasto programable y se redujeron en 12.5 por ciento las participaciones a los estados y municipios. EL PIB sufrió en ese año una caída de -6.9%, la más grave de los últimos 60 años. El desempleo alcanzó el 6.4 % de la población económicamente activa (PEA), y el nivel de ocupación parcial y desocupación alcanzó el 11.3 por ciento. El desempleo en el sector manufacturero aumentó en 7.5 %. En el subempleo se encuentran 7.14 millones de trabajadores

     Pero nuestro gobierno es valiente. No se lava las manos sino que las sigue metiendo al fuego en aras de su proyecto económico, confiando quizás en que se trata de puños de hierro insensibles al dolor (ajeno). Seguimos escuchando permanentemente que se mantendrá “con toda firmeza la disciplina fiscal y monetaria”, que ya no gozan de consenso ni siquiera entre el sector de los capitalistas, pues “sólo esto nos permitirá reducir la inflación (Ernesto Zedillo frente a la Asamblea Ordinaria de la Concamin el 27 de marzo). En Buenos Aires, en la Reunión Anual de Gobernadores del BID, Guillermo Ortiz también reitera que se mantendrá el plan económico vigente de tan alto costo social. Y Miguel Mancera, gobernador del Banco de México, no se explica “las propuestas en favor de relajar la lucha contra la inflación” (Discurso ante la 59a. Convención Bancaria, 19 de marzo).

     La suerte del gasto público, sin embargo, está ligada al endeudamiento. Los directores generales de Política presupuestal y de Política de Ingresos y el coordinador de Asesores de la Secretaría de Hacienda confesaron a las comisiones legislativas que de darse en este año una nueva baja en la captación tributaria, como ocurrió en 1995, tendría que echarse mano del gasto previsto para el pago de deuda, al igual que el año pasado, agravando la recesión (La Jornada, 26 de marzo). En otras palabras, la férrea disciplina es para la población, no para los acreedores. La política económica es la ley de Herodes.

     Pero, a pesar de tanto sacrificio, la inflación no se detiene. A enero de 1996, los salarios mínimos habían ya resentido una pérdida del 18.7 por ciento de su poder de compra en relación con el año anterior, lo que se ha acentuado con la cascada de alzas de las últimas semanas. Se prevé que en abril, al entrar en vigor el incremento previsto del 12 por ciento a los salarios mínimos y de 30 por ciento a los bienes y servicios del sector público, el ritmo inflacionario se incremente a un 5 por ciento mensual. No es ilícito hablar de una hiperinflación en los precios de los productos básicos (El Financiero, 23 de marzo). El Estado ha abandonado casi por completo el control de precios y la capacidad de controlar el ritmo inflacionario.

     Ahora que se ha introducido al debate nacional el tema del referéndum, es fundamental que se incluya como tema de consulta a los mexicanos si esta política que ahonda la crisis, agrava la recesión y el desempleo y retrasa la recuperación es la que quieren. Habría que preguntar a la población a quién hay que liberar: ¿a los precios y tasas de interés o a los recursos presupuestales que el país necesita para su recuperación? Ya no es posible continuar con un sistema que sólo en apariencia se democratiza pero en donde sólo un núcleo de funcionarios toma las decisiones en beneficio de los grupos financieros y los acreedores externos, y condena al viacrucis a todo un pueblo al que no toma en cuenta. Hasta Pilatos, el encomendero imperial romano, fue más democrático.

 Coyoacán, D.F., 30 de marzo de 1996.