Eduardo Nava Hernández

La mexicana es la primera gran crisis financiera de la era de la globalización. Ha estallado con brutalidad insospechada en el eslabón más débil del recién constituido mercado integrado más grande del mundo y en la inmediatez de la única superpotencia subsistente en la unipolaridad. Se suma y entrelaza, además, con la crisis terminal de un régimen político caduco e insostenible que no resulta funcional a las nuevas formas de reproducción y circulación del capital internacional ni es capaz de garantizar la estabilidad social y política de la que durante cerca de seis décadas se jactó ante el resto de las naciones. El gran riesgo de la crisis mexicana estriba en que ha irrumpido en uno de los más grandes mercados financieros emergentes del mundo, frenando así violentamente la rápida expansión del flujo especulativo del capital. En un mundo globalizado, esta crisis repercute y desestabiliza los circuitos internacionales a los que nuestro país se encuentra interconectado, trocándose en factor de desestabilización externa.

     Internamente, la crisis ha estallado en el momento de transición a un nuevo gobierno, en medio de una rebelión indígena-campesina, un evidente proceso de descomposición del PRI que ha llegado a los asesinatos políticos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, y serios cuestionamientos a la legitimidad del sistema político vigente. Para muchos sectores financieros internacionales y críticos del régimen mexicano, queda claro que no podrá alcanzarse una nueva fase de estabilidad sin resolver los lastres antidemocráticos que, a pesar de las apariencias, delatan el perfil de un país atrasado y premoderno. Se combinan así en la coyuntura las presiones internas y externas por un cambio al sistema político que reforme las dudosas bases de legitimidad en que se apoya, con la necesidad urgente de estabilizar los mercados de divisas y de capitales. Pero ambos requerimientos no son necesariamente compatibles y, de hecho, en la situación concreta de México, más bien se revelan disfuncionales.

     La más reciente y aguda expresión de esta contradicción es, sin duda, la batalla que se libró en los últimos días en torno a las draconianas (y por tanto antidemocráticas) medidas de ajuste impuestas por el gobierno a la población para solventar la recuperación fiscal y financiera en el corto plazo, y particularmente la polarización en torno al cuestionado incremento del IVA del 10 al 15 por ciento. La pugna por el IVA pasó a expresar, dentro y fuera del medio parlamentario, el estado de guerra que priva entre el gobierno mexicano y la población, y a evidenciar plásticamente la sincronización de la crisis económica y la crisis política del país.

     Para la gran mayoría de los mexicanos, la oposición —así fuera inorgánica, débil, aun pasiva— al incremento del 50 por ciento al impuesto al consumo se convirtió en la defensa de un último reducto frente al agresivo programa de ajuste lanzado por el equipo gobernante para imponerle a la población el pago de la crisis financiera detonada por la especulación. El IVA incrementado simboliza con nitidez el tributo que se impone al pueblo para pagar la catástrofe de un proyecto de acumulación basado en la especulación y puesto al servicio de los intereses de la oligarquía financiera tanto nacional como extranjera.

     Para el gobierno zedillista en virtual bancarrota, la lucha por el IVA es, no obstante, un asunto de vida o muerte, la madre de todas las batallas. Detrás del empeño gubernamental de sacar adelante sin concesiones de ninguna especie el incremento y, con él, todo su paquete de ajuste, está, desde luego, la magnitud de la crisis fiscal y financiera, fuera ya de todo control. Como es ya usual y obligado, el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, informó a la comunidad financiera en Nueva York, no al pueblo mexicano, que los créditos otorgados a México a través del llamado paquete de rescate por alrededor de 51 mil millones de dólares no son suficientes para cubrir las obligaciones de corto plazo del sector público mexicano (Tesobonos), que ascienden en realidad a 70 mil millones de dólares (El Financiero, 17 de marzo, p. 5) y que, contrariamente a como fueron contratados, ahora el Banco de México ofrece pagar en dólares. La debacle es total y el gobierno zedillista no podrá cubrir su déficit sino vendiendo plantas petroquímicas y del sector eléctrico, atrayendo capitales externos y elevando urgentemente sus ingresos fiscales con gravámenes al consumo. Por eso, la línea dictada a los legisladores priistas fue sacar adelante, a sangre y fuego, la tasa de 15 por ciento; y por eso se desplegaron como pocas veces todos los recursos —que involucraron prebendas, amenazas y el cabildeo personal del propio Zedillo— para disciplinar a los legisladores oficialistas a votar el impopular aumento.

     La lógica del 15 por ciento es, pues, la misma que la del préstamo promovido por el gobierno estadounidense: frenar lo más pronto que sea posible, aun a costa de los mayores sacrificios para el pueblo mexicano, y sin tocar en lo más mínimo al capital financiero, la crisis monetaria que amenaza con arrastrar consigo a otros mercados y que empieza a poner en riesgo la mismísima reelección de William Clinton en los Estados Unidos ante el embate de los sectores más atrasados y nacionalistas de los Estados Unidos. La inmolación del pueblo de México, en otras palabras, para apuntalar el proceso de acumulación y el proyecto político actual del capital financiero transnacional cuyos agentes se encuentran en nuestro gobierno.

     Sin embargo, la modificación de la tasa impositiva ha tenido ya, y lo tendrá aún más, un elevado costo político para el obsoleto sistema político mexicano. La disputa por el IVA ha abierto una profunda herida social que no se ve cómo pueda el gobierno zedillista restañar, porque dividió profundamente a los representantes de sus representados, a los gobernantes de los gobernados. En esa medida, refuerza el acelerado proceso de descomposición del régimen presidencialista y del partido de Estado. Entran en juego, como lo aceptó Zedillo, la popularidad del gobierno y, en un año cargado de procesos electorales locales, las posibilidades de triunfo de su partido en la mitad de los estados del país.

     Festivamente, ajenos a los sentimientos reales de la nación, los diputados priistas celebraron en la Cámara el haber cumplido con la sombría misión que les impuso el presidente. Ahora, la disputa por el IVA y el proyecto económico neoliberal ha concluido con una derrota para las masas populares en el terreno del gobierno y el poder legislativo, que no son los suyos. Pero antes de sucumbir, la resistencia dejó múltiples testimonios inéditos en la práctica política y social: diversos grupos empresariales buscaron formas propias de expresar su inconformidad y de influir en los legisladores; sectores populares y ciudadanos de distintas clases salieron a la calle en algunas ciudades y han coincidido en oponerse desde la plaza pública a la medida; muchos han enviado cartas y telegramas a sus diputados para pedirles que voten en contra. La derrota probablemente no hará sino trasladar a un espacio distinto, el de la confrontación social, el cuestionamiento a un régimen que ha tocado ya los vértices de lo insoportable. Poco vivirá quien no alcance a presenciarlo.

Coyoacán, D.F., 17 de marzo de 1995.