Eduardo Nava Hernández

Para penetrar en los acontecimientos de los últimos días en torno al conflicto de Chiapas, Carlos Fuentes escribió un notable artículo (“La cuestión chiapaneca”, La Jornada, 14 de febrero) en el que la forma discursiva es una larga sucesión de preguntas que plantean, al mismo tiempo, dudas, conjeturas e hipótesis. Esa forma de expresión no me parece gratuita: el drástico giro que imprimió el gobierno mexicano el 9 de febrero en su política hacia Chiapas provocó el azoro de los mexicanos y de la opinión internacional y generó un sinnúmero de interrogantes que las contradictorias explicaciones oficiales no logran desvanecer.

     La primera de esas dudas es, desde luego, cuáles fueron las razones que movieron a Zedillo a abandonar la búsqueda del diálogo y la negociación, por los cuales se había manifestado desde el primero de diciembre pasado, y optar por un tratamiento judicial y militar que pasó a tender una cortina de humo o incluso a eliminar el anterior reconocimiento de la problemática social, económica y étnica. Aterra pensar, aunque lo sospechemos, en la clase de intereses que pueden haber impuesto en la acciones del gobierno mexicano su lógica de aplastamiento. Quien haya tomado o inducido la toma de una decisión como la del 9 de febrero, acabó de un solo golpe con la estabilidad político-militar precariamente mantenida, pese a amagos y asechanzas, durante más de trece meses, que era la única base real para dar al conflicto una salida pacífica y políticamente negociada.

     Ante la Comisión del Congreso de la Unión para el caso de Chiapas, el lunes 13, el presidente Zedillo declaró, al parecer sin sonrojarse, que entendía el empleo de la Procuraduría General de la República y del Ejército como un “paso intermedio” en el proceso de negociación y mantuvo su posición de buscar una salida pacífica. Se trataría, entonces, si interpretamos bien, de replegar militarmente al EZLN, desalojarlo de las zonas que éste ocupaba y en las que se había constituido en gobierno alterno, dar un golpe espectacular ante la opinión pública desencapuchando al subcomandante Marcos y apresar a algunos pretendidos miembros de la dirigencia nacional zapatista, todo ello para forzar al EZLN a sentarse a la mesa del diálogo. Hacia esa dirección apunta también el haber sacrificado luego al gobernador Eduardo Robledo, una pieza menor en la confrontación entre el gobierno federal y el EZLN y el movimiento popular chiapaneco, y frenar el avance del Ejército una vez ocupadas determinadas posiciones tácticas en el territorio zapatista.

     Lo que se cuestiona es si en verdad el gobierno quiere una salida negociada o, simplemente, la rendición del EZLN. ¿Cómo pensar en un diálogo que constituya una salida política donde a una de las partes se la acorrala y se la amenaza de aniquilamiento? ¿Cómo si se da trato ahora de delincuentes a quienes hasta hace poco se consideraba como “inconformes” y se los reconocía como la representación política de un sector de los indígenas de Chiapas? El mayor viraje en el discurso zedillista se encuentra en su decir de que el conflicto de Las Cañadas no es “ni popular, ni indígena, ni chiapaneco”, y que se trata, en cambio, de un movimiento con fines políticos (de lo cual pudiera haberse enterado desde el primero de enero de 1994, de haber leído la Declaración de la Selva Lacandona), como si esto último anulara los tres rasgos arriba enunciados. Es decir, pareciera que ni el pueblo, ni los indígenas ni los chiapanecos tiene derecho a luchar contra un gobierno al que consideran injusto e ilegítimo, porque dejan de serlo.

     Pero, con más fuerza aún nos asalta la incertidumbre cuando nos preguntamos si el presidente Zedillo fue consciente, al optar por la acción militar, de las consecuencias que esta decisión traería. Moderno Pandora, da la impresión de no haber previsto los efectos políticos y sociales de su ofensiva táctica contra el EZLN. De un solo golpe, por ejemplo, el Presidente revirtió los relativos avances logrados en la negociación con las fuerzas de la oposición –es decir el PRD y el PT, porque el PAN es parte ya, y muy protagónica, de la política zedillista– en torno al Acuerdo Nacional para la Democracia, que habían costado bastantes esfuerzos de las distintas partes.

     El 9 de febrero fue el día del Partido del Orden, conformado por el PRI (sobre todo sus expresiones tiranosáuricas), el PAN, la alta jerarquía de la Iglesia Católica agrupada en torno al embajador Prigione, Televisa y la mayoría de los medios en general, las organizaciones empresariales de cúpula, los cacicazgos rurales y sindicales y los sectores duros del Ejército. La más grave de las consecuencias de esa fecha es haber polarizado nuevamente al conjunto de la sociedad mexicana que no se levanta todavía (ni lo hará en corto tiempo) de los golpes de la crisis económica, ni recupera la confianza en sus gobernantes ni encuentra satisfacción a sus múltiples aprensiones sobre los asesinatos políticos de Colosio, Posadas y Ruiz Massieu.

     Al abrir con la fuerza de los tanques la caja de Pandora, Ernesto Zedillo soltó nuevamente a los demonios. El Partido del Orden ha desatado un ambiente de persecución en Chiapas y en el resto del país, llamando a la población a denunciar policiacamente a sus vecinos, reconstruyendo los cadalsos de la Inquisición para enjuiciar al obispo Samuel Ruiz, lanzando la jauría blanca contra los campesinos que han ocupado tierras en Chiapas durante el último año, preparando, en fin, el linchamiento de los opositores, sean armados o civiles. Los días de Porfirio Díaz y Gustavo Díaz están de nuevo entre nosotros; sólo hay que esperar que este ambiente sea convertido también en telenovela para que quede consagrado nacionalmente como una nueva edad de oro.

     Frente al proyecto del Partido del Orden, a los sectores progresistas de la sociedad sólo les queda el recurso de su movilización y el apelar al progreso de los valores morales. Las marchas por la paz del sábado 11 y el martes 14 en el D.F. y las que han tenido lugar en diversos lugares del interior, son la primera y urgente respuesta popular a la irracionalidad de la fuerza y a la ilegalidad de las detenciones arbitrarias, la tortura, el asedio judicial a las instituciones académicas, el aplastamiento de los opositores y las demás formas de barbarie en las que quiere asentarse el anunciado milenio de los poderosos.

 Coyoacán, D.F., 17 de febrero de 1994.