Eduardo Nava Hernández

1. Aunque no es meramente una repetición de las que conocimos durante las décadas de los setenta y de los ochenta (de hecho, ninguna crisis es igual a otra), la nueva debacle de la economía mexicana amenaza ya con tener efectos tan profundos y prolongados como la eclosión del desarrollo estabilizador, el derrumbe del efímero auge petrolero o la crisis de la deuda externa. Es el agotamiento de un ciclo –que, a diferencia de aquéllos ni siquiera alcanzó a consolidarse y dar frutos sociales– de la acumulación del capital en México, y que se combina con una de las más severas crisis políticas de la etapa posrevolucionaria, marcada por la rebelión popular en Chiapas, la permanencia y prolongación de conflictos electorales, los irresueltos asesinatos políticos y el desafío de la delincuencia organizada al Estado.

     2. En la búsqueda de responsables cada quien puede ahora elegir a su favorito. El hoy defenestrado ex secretario de Hacienda Serra Puche quiso inicialmente endosarle la catástrofe al movimiento armado chiapaneco sin sospechar que unos días después él mismo sería señalado por otros como responsable y que su propia cabeza de turco acabaría pagando los platos rotos. Para el nuevo discurso presidencial se trata del impersonal déficit de la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos, explicación correcta pero parcial que recuerda a la del célebre “problema de caja” al que el entonces secretario de Hacienda reducía la crisis en el segundo semestre de 1981. La oposición perredista, haciendo el juego al nuevo gobierno que aspira a presentarse libre de culpas, llama a llevar a juicio político y aun penal al ex Presidente Salinas.

     Las indagaciones podrán proseguirse sin descartar que, en efecto, surjan responsabilidades de las que no pueden de antemano excluirse la corrupción o el incumplimiento de normas legales por los funcionarios que han tenido en sus manos las finanzas nacionales. La crisis, en sí, no es sin embargo un cuestionamiento a determinados comportamientos políticos sino el estallido violento e irrefrenable de las contradicciones estructurales del capital social.

     3. En particular, la actual catástrofe pone en evidencia el hecho de que la última década, la del cambio estructural con tan alto costo social para la población trabajadora, nos heredó finalmente una estructura económica tan quebradiza como la que se evidenció tras el dramático derrumbe de la economía petrolizada y dolarizada en los inicios de los años ochenta. Lo que estrictamente está en cuestión es la organización de un proceso de acumulación que desemboca cíclica y recurrentemente en recesión, endeudamiento, devaluación e inflación. De ellos ni el intervencionismo estatal de ayer ni el liberalismo salvaje de hoy han podido librarse. La diferencia más significativa, desregulación, apertura externa, liberación económica y tratados comerciales de por medio, es que hoy el Estado nacional cuenta con menos instrumentos de política económica para frenar la especulación y la descapitalización, y la dependencia de los organismos financieros supranacionales es, si cabe pensarlo, mayor.

     En el curso de menos de un año se volatilizó la mitad de las reservas monetarias, precisamente cuando habían alcanzado un nivel histórico de 24 mil millones de dólares. Pero no podía ser de otra manera cuando, de hecho, el déficit de la cuenta corriente (la diferencia entre los ingresos y los egresos en las operaciones económicas con el exterior) alcanzaba para 1994 prácticamente las mismas proporciones. Durante varios años se concibió la idea de que ese déficit podría compensarse con capitales venidos del exterior, los cuales en su gran mayoría, nunca anidaron en las escuálidas ramas de nuestra economía y se limitaron a revolotear en torno de la bolsa de valores libando ganancias fáciles e inmediatas. La masiva salida de dólares (cerca de diez mil millones) con que los inversionistas extranjeros dieron la bienvenida a Ernesto Zedillo en diciembre fue el principio del fin.

     4. El Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica anunciado el martes 3 de enero por el gobierno y las cúpulas corporativas del país echa por tierra, simultáneamente, cualquier compromiso con el bienestar social y la idea misma del pacto como mecanismo de regulación. No puede haber pacto alguno ahí donde sólo una de las partes -aquí, la oligarquía financiera y las finanzas del Estado- obtiene ventajas. Su característica central es que deja de lado las medidas más urgentes e indispensables para frenar la crisis en el resto de la sociedad: recuperación salarial y de los precios agrícolas en el corto plazo, reducción de las tasas de interés, freno a la especulación bursátil, renegociación de las carteras vencidas en el campo, en la industria y en el crédito al consumo (que afectan a las clases medias endeudadas a través de las tarjetas de crédito), verdaderos programas de rescate de la industria y el empleo…

     El Acuerdo es, en cambio, la reiteración, que ni siquiera mal puede presentarse como producto de la negociación, de la política que está fracasando en el manejo de la economía nacional. No se llama, por cierto, salinismo, sino capitalismo salvaje, aunque tanto Salinas como hoy Zedillo sean sus agentes más destacados en el periodo.

     5. El acuerdo sigue por supuesto la misma lógica para el control de la inflación de los Pactos impuestos desde 1987: asegurar al capital a través de la contención de los salarios un margen de ganancia suficiente que haga secundaria su elevación en el mercado a través de los precios.

     Para elevar ese margen, el Pacto se inauguró en 1987, no lo olvidemos, con una escalada brutal de la inflación. El verdadero sustento de los renovados Pactos no ha sido nunca el acuerdo libre de las partes, sino el férreo control corporativo sobre los sindicatos y los campesinos. Pero al paso del tiempo, la apertura externa, el financiamiento especulativo, el Tratado de Libre Comercio y ahora la crisis abierta han restringido a un pequeño sector: los capitales extranjeros y las empresas monopólicas exportadoras, los beneficios de esa modalidad de elevamiento de la rentabilidad. Para la mayoría de los capitales, con bajos niveles de productividad, los precios tienden a ser nuevamente el mecanismo para contrarrestar la caída de la ganancia. A más de ineficiente, en un mercado liberalizado el control de precios no pasa de ser, como se sabe, una caricatura. Por eso es más que dudoso que el Acuerdo logre frenar en el corto plazo las presiones inflacionarias, y más bien amenaza ser desbordado desde afuera y desde adentro: desde afuera, si el impacto de la devaluación es mayor al previsto, y desde adentro por la previsible y desesperada indisciplina de los capitales que actúan exclusivamente en el mercado interno y no cuentan con otro método de compensación.

     6. La total ausencia de logros o, al menos, de consideración para los sectores sindical y campesino dentro del Acuerdo pone también en cuestión sus alcances sociales. La resistencia de los trabajadores ha sido diezmada, ciertamente, en los últimos años por el capital y el Estado; pero diversos sectores y grupos sociales se han mantenido permanentemente movilizados en torno a demandas sociales, democráticas, contra el corporativismo y el fraude electoral. La crisis actual, al igual que el conflicto social generalizado en Chiapas, obliga a replantear el tema democrático, que no puede restringirse ya a los aspectos políticos, menos aún a los simplemente electorales. La demanda de democracia política deberá converger a partir de ahora, con mucho mayor énfasis, con la de bienestar social y democracia económica. En torno de ella, los grupos movilizados y los que se les sumen previsiblemente a partir de ahora podrían reasumir su condición de trabajadores asalariados o informales, en activo, pensionados o desempleados, y reiniciar un proceso de reorganización laboral bajo diversas y nuevas modalidades.

     La crisis le plantea, pues, al movimiento social nuevas tareas y desafíos. Es preciso iniciar esa reorganización en torno a un programa claro y viable de defensa de la economía popular, por romper el corporativismo fortaleciendo la autogestión social y por conquistar la democracia en todos sus ángulos. Podrá darse a través de procesos irruptivos amplios o localizados, o bien por medio de procesos más lentos que obliguen a negociaciones difíciles para consolidar lo avanzado; podrá darse bajo formas directamente económicas o permeadas por la dinámica política; pero el inicio de esa reorganización es ineludible. La crisis, se ha dicho siempre, es el conflicto entre lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de nacer. El esquema monetarista del capitalismo salvaje que nos ha tocado sufrir, ha resultado un mal partero para las necesidades de las grandes mayorías. ¿No es hora ya de ensayar por otras vías?

Coyoacán, D.F., 4-5 de enero de 1995.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 6 de enero de 1995.