Eduardo Nava Hernández

Como en política, al igual que en las leyes de la física, no hay acciones sin efectos, el país ha comenzado a vivir, de manera trágica, las consecuencias de la entronización conseguida por el gobierno priísta en las elecciones del 21 de agosto. Sin el efecto de “carro completo” que los comicios produjeron (aparente o fundadamente) al interior del partido oficial, no se explican el consternante asesinato del secretario general del PRI por sus propios correligionarios, el ánimo de provocación y persecución de los sectores de la derecha radical priísta en Chiapas, ni el belicismo —ni siquiera frenado por la impresionante movilización indígena del 12 de octubre en San Cristóbal de Las Casas— al que el Ejército federal parece apostar como desenlace del conflicto en la Selva.

     ¿Hacia dónde va México? Pocas veces como esta, esa pregunta, hija de la incertidumbre, ha sido planteada con tanto nerviosismo. No se trata ya, como antes del 21 de agosto, de la duda racional acerca de un futuro próximo por definirse entre las opciones políticas en las elecciones. Se trata de una real incertidumbre frente a los múltiples elementos que el grupo gubernamental no controla y que lo desbordan. La insurrección chiapaneca y el ominoso asesinato de Luis Donaldo Colosio habían esparcido ya los espectros del temor entre vastas franjas de la población. Ante el miedo, se dijo que el sufragio por el PRI era el voto por la paz, y en consecuencia, el portador del poder de exorcizar la violencia.

     Nadie pensó, sin embargo, que ésta volviera a adueñarse del escenario tan pronto y de manera tan estremecedora, proviniendo del interior del propio partido oficial y tocando las fibras más sensibles de la política nacional. Pocos imaginaron que, en una dialéctica macabra, el “voto por la paz” se trocara con tal celeridad en su contrario: la señal que desatara la violencia y el ajusticiamiento. ¿Quién podía imaginar que un diputado del PRI y presidente de una importante comisión legislativa llegaría a ser el prófugo más buscado por la justicia en el país?

     El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y las investigaciones que han trascendido a la opinión pública han sacado a flote la descomposición que se ha extendido en el aparato político en el gobierno del país: diputados corrompidos, grupos políticos que constituyen verdaderas mafias, encubrimientos, vinculación de política y narcotráfico, funcionarios cocainómanos… También ha confirmado en la conciencia social muchas de las sospechas y temores que el crimen contra Luis Donaldo Colosio había planteado. La duda racional: ¿hacia dónde va México?, se ha transformado en un estado generalizado de sobrecogimiento: ¿en qué manos está el país? ¿Quiénes nos gobiernan?

     Porque quien quiera ver más allá de la apariencia no podrá desligar el 28 de septiembre y el reciente agudizamiento de la tensión en el conflicto en Chiapas del 21 de agosto. En una situación de conflicto y enfrentamiento social latente como la que se vive en diversos segmentos de la sociedad nacional, el extraño retorno de la invencible aplanadora priísta más bien dio aliento a la ofensiva de los sectores más retardatarios y anquilosados del sistema. El papel relevante que los grupos más opuestos al cambio jugaron en la victoria de Zedillo y el PRI se ha empezado a traducir en sordas y exacerbadas pugnas por las posiciones de poder y en presiones en favor de salidas radicales a la insurrección zapatista y a diversos conflictos sociales más localizados, sobre todo agrarios en Chiapas y en diversas partes del país. Casi inmediatamente después del proceso electoral se han reanudado los asesinatos de militantes sociales o políticos en Chiapas, Veracruz y Guerrero. Los ganaderos chiapanecos asumen posiciones para retomar la ofensiva contra el movimiento campesino, y el Ejército nacional adopta iniciativas temerarias de provocación en la zona de conflicto con los zapatistas, como los sobrevuelos rasantes, los movimientos de tropas y el avance denunciado el 16 de octubre hacia territorios considerados francos o neutrales. Sin duda, hoy estamos más cerca de la guerra que el 21 de agosto.

     La descomposición toca tejidos profundos y vitales de la estructura del poder. El partido oficial, como mecanismo de conciliación y negociación política entre los diferentes grupos que comparten el poder ha comenzado a mostrar su avanzada erosión, en cuyo estrato profundo está la gran paradoja de la modernización mexicana reciente: no se puede modernizar la economía ni la política sin afectar y excluir los añosos intereses corporativos que hacen la historia del partido oficial; pero para conservar el monopolio del poder, necesario al modelo oligárquico-excluyente que impulsa, el grupo modernizador no puede prescindir de los viejos mecanismos de control que ese corporativismo representa, ni ha madurado un esquema alternativo de dominación. El viejo pacto corporativo está herido de muerte, pero no puede morir porque lo nuevo no acaba de nacer.

     Como en el mito azteca, la serpiente que se muerde la cola marca el fin de un ciclo del poder. Los asesinatos de Colosio y, ahora, de Ruiz Massieu señalan el punto en que el PRI (y no una fuerza exterior a él) es hoy por hoy el límite del sistema de dominación priísta. Las opciones visibles son sólo dos: o el régimen se moderniza a fondo ampliando los espacios de competencia política, renunciando al avasallamiento y a las políticas de “carro completo” y extirpando el tumor corporativo que invade su cuerpo todo, o se reproduce como hasta ahora en una prolongada agonía que lo lleve de crisis en crisis hasta su final agotamiento. No sólo los priístas, sino el país entero esatá pagando ya un costo demasiado elevado por el mantenimiento de este régimen.

Coyoacán, D.F., 19 de octubre de 1994.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 21 de octubre de 1994.