Eduardo Nava Hernández

De las elecciones presidenciales de este año se ha dicho, con razón, que se trata de las más reñidas e impredecibles de la historia reciente. De su resultado depende también el futuro inmediato del país, no sólo en el sentido normal de cualquier elección que pueda implicar la continuidad o el cambio en los proyectos económico y político para una nación, sino por poner a prueba la institucionalidad política, la credibilidad del régimen en su conjunto y también -aunque a veces se nos olvida- la capacidad de la sociedad para enfrentar los enormes retos que plantea en México la transición política hacia un sistema de competitividad electoral. Pero, a medida que nos aproximamos al 21 de agosto, en medio de una de las situaciones más delicadas y riesgosas para la paz social que pudiéramos imaginar, parece ir generándose un ambiente de aprehensión e incertidumbre que no es conveniente soslayar o menospreciar.

     La inestabilidad que rodea al proceso electoral se genera en diversos factores: a) la actitud de algunos de los principales protagonistas de la elección (los partidos y sus candidatos); b) la innegable —y, por lo demás, explicable y justificada— predisposición e incredulidad de amplias capas sociales ante el sistema priísta y ante la posibilidad de un resultado electoral favorable al partido oficial; c) la presencia, por primera vez en los tiempos contemporáneos, de un actor externo al proceso electoral, el EZLN en estado de tregua armada, como factor potencialmente activo en una posible crisis poselectoral o en su solución.

     A partir del primero de enero, el proceso electoral en curso dejó de ser una elección más. Los tiempos de la crisis política previsible para agosto se adelantaron en ocho meses. La insurrección indígena chiapaneca cuestionó violentamente la política social del gobierno federal; echó por tierra la proclamada paz social como el mayor logro de la era priísta; denunció el clima de injusticia e inequidad prevaleciente, en particular en el estado de Chiapas pero que también encuentra sus equivalentes en innumerables regiones del país; y reivindicó para los pueblos indígenas un nuevo papel en la modernidad nacional. Como agregado, mostró una insospechada debilidad en los aparatos de seguridad nacional y de defensa.

     A pesar de la tregua decretada por el gobierno y la búsqueda de la ansiada vía pacífica y del diálogo, la solución definitiva parece aún lejana, y las salidas hasta ahora logradas no dejan de ser provisionales y endebles. Los hechos sucesivos sólo han enturbiado más aún el panorama: el asesinato no suficientemente esclarecido del candidato oficialista Luis Donaldo Colosio, la forzada designación -por el tradicional método del dedazo- de Ernesto Zedillo como candidato de relevo, no sin expresiones de inconformidad dentro del propio partido oficial; el rechazo zapatista a los acuerdos negociados en San Cristóbal de Las Casas; la pugna entre Zedillo y Manuel Camacho, y el retiro de éste como Comisionado de Paz en Chiapas. Recientemente, el amago de crisis política (en realidad, una verdadera crisis de fin de semana) ocasionado por la renuncia, no aceptada a la postre, del secretario de Gobernación, Jorge Carpizo.

     Mientras algunos sectores al interior del gobierno y sobre todo muy amplios grupos de la sociedad han venido propugnando soluciones definitivas, pacíficas y legales, no han dejado de verse ominosos signos de endurecimiento, tanto en Chiapas como en la política nacional. Su expresión más aguda a escala local ha sido las amenazas de desalojo contra campesinos ocupantes de tierras, a instancias de la poderosa agrupación de ganaderos chiapanecos. A escala nacional, la virtual ruptura entre el candidato oficial Zedillo y Manuel Camacho Solís, que condujo a la renuncia de éste como Comisionado para la Paz.

     En el terreno electoral, el clima de las campañas y el trato entre los candidatos de las principales fuerzas, PRI, PAN y PRD, ha venido mostrando también una gran agresividad e intolerancia. Si algo no parece estar dado para la elección, pese a reformas legales y pactos de civilidad, es un ambiente que haga posible el reconocimiento de quien resulte ganador por sus adversarios. Concretamente, Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas han mostrado sobradamente una nula disposición, en la práctica, para aceptar una derrota. En ambos ha privado el discurso triunfalista y el menosprecio a su rival. En particular, el que el candidato oficial se haya echado en brazos de los máximos representantes del pleistoceno priista, quienes dirigen su campaña, es un retroceso histórico que anuncia el retorno a las prácticas del carro completo y el aplastamiento de la oposición hasta su virtual aniquilamiento.

     Cárdenas y el PRD, por su parte, no conciben la posibilidad de su derrota sino como producto de un colosal fraude, y desde ahora sientan las bases para la descalificación del resultado electoral, en caso de serles adverso. Aun el eventual triunfo del candidato panista, Diego Fernández de Cevallos (o de algún otro candidato), no se les aparece sino como producto de la voluntad presidencial, en claro desprecio al papel de los ciudadanos en el proceso de elección.

     Lo paradójico es que tal encono se presenta en una campaña donde las diferencias ideológicas han pasado a un plano muy secundario y donde las propuestas políticas, económicas y sociales de los principales candidatos parecen diferir sólo en matices que van de la derecha moderada (PAN y PRI) al centrismo de Cárdenas y el PRD. La sobrepolitización y las divergencias no se dan en torno de los proyectos sociales y económicos, sino en función del problema de la legitimidad y legalidad del proceso electoral mismo.

     Esta confrontación se desarrolla en un ambiente de incredulidad social propiciada por el desgaste de los partidos políticos tradicionales, las prácticas fraudulentas también tradicionales del partido oficial, la manipulación burda de la opinión pública por los medios (muy en especial la televisión) y la propensión desarrollada a descreer de los discursos y resultados electorales. Zedillo ha mostrado sobradamente ser el peor candidato que el PRI haya presentado en muchos lustros. Su eventual elección es vista con escepticismo e incredulidad por grandes sectores sociales. El problema radica en que dicho ambiente da la imagen de estopa mojada en gasolina a la espera de cualquier chispa.

     Como trasfondo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha llevado hasta sus últimas consecuencias el discurso de la oposición radicalizada. Ha cuestionado en la práctica, con las armas en la mano, a un gobierno que se reputa ilegítimo y aun usurpador, como en su momento lo hicieron Juárez frente a Maximiliano, Madero frente a Díaz y Carranza ante Huerta. Como una oposición moderna, el EZLN ha buscado y logrado establecer vínculos con el resto de la sociedad. No es ya un grupo aislado, un “foco” en lo recóndito de la selva chiapaneca, sino una fuerza actuante en la política nacional, con capacidad de convocatoria y aun de dirección sobre otros sectores de la sociedad, muy ajenos a la lucha armada. Esto, aunado a su disposición a la negociación, son méritos inéditos en la historia del país, a reconocer en la dirigencia y las bases zapatistas.

     Es indiscutible para quien asuma un mínimo de progresismo la legitimidad de las causas que han movido a los zapatistas chiapanecos. Puede entenderse también el recurso de la violencia revolucionaria en una situación de crisis nacional como la que el país ha vivido en los últimos seis años. Igualmente justificable es la negativa a firmar los acuerdos de San Cristóbal, que desde un principio se vio que no satisfacían ni lejanamente el programa reivindicativo y social que los llevó a la confrontación armada. Más difícil es asimilar al EZLN como juez calificador de unas elecciones en las que no participan; ello sólo puede plantearse, muy parcial y unilateralmente, sobre la base de su alianza con los grupos sociales que sí se encuentran activos en las elecciones. De ahí la importancia de la convocatoria a la Convención Nacional por la Democracia a realizarse en Aguascalientes, Chiapas del 6 al 9 de agosto próximos.

     La Convención debe entenderse, en primer lugar, como un esfuerzo de los zapatistas para romper el aislamiento al que quisiera conferirlos el gobierno actual y como la consolidación de sus alianzas con diversos grupos de la sociedad. Los acuerdos de la Convención podrían condicionar la actitud de múltiples organizaciones y grupos frente al proceso electoral de agosto y sus resultados. En algunos casos, podrían llevar a rebasar a los partidos políticos, tanto en el terreno civil como en la lucha poselectoral.

     La gran pregunta, que hasta ahora ha sido respondida negativamente y que la Convención en Chiapas deberá resolver en un sentido positivo es hasta dónde está dispuesto el EZLN a aceptar un posible triunfo del candidato oficialista o de Diego Fernández de Cevallos, y a negociar en su caso con alguno de ellos la solución política del conflicto armado que, por lo visto, Salinas ya no pudo resolver. Dependerá no sólo de los insurgentes chiapanecos, sino del compromiso y la disposición que los candidatos muestren para resolver los problemas de fondo en la crisis chiapaneca: la transición política y el problema agrario. Hasta hoy, y debemos todos felicitarnos, los zapatistas han mostrado paciencia, mesura y, hasta cierto punto, moderación. Son los candidatos los que tienen la palabra.

Morelia, Mich., 13 de julio de 1994.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 14 de julio de 1994.