Eduardo Nava Hernández

Aunque en los últimos días la atención pública tendió a desplazarse hacia otros escenarios políticos (el hotel Stouffer Presidente de la ciudad de México, las oficinas y pasillos del PRI, las negociaciones entre los partidos “grandes” en torno a la reforma electoral, los palaciegos vaivenes de Los Pinos y, ahora, las violentas fisuras en la estructura del PRD), el trasfondo dominante de nuestra coyuntura política sigue siendo la guerra de Chiapas. De la resolución del conflicto —o mejor, los conflictos— en ese estado ahora en situación de tregua armada, pero con una efervescencia social generalizada, sigue dependiendo en grado mayor el curso político del país durante los próximos meses y años.

     No porque el Ejército Zapatista, sus bases de apoyo social, sus aliados y sus emergentes adversarios regionales sean los únicos actores del proceso político (lo que ellos mismos han comprendido y asumido, al tender múltiples puentes con el resto de la sociedad), sino porque, al ser los actores más nuevos y dinámicos, han modificado de manera inesperada la situación y alterado la relación entre las fuerzas políticas del país.

     La tregua y el diálogo, ahora en su fase de consulta a las bases indígenas del EZLN, abrieron un compás de espera en la lucha armada. No podemos olvidar que se trata sólo de eso: una pausa que es difícil predecir hasta cuando durará. Mucho depende la solución definitiva —que, de cualquier manera, tendrá que ser de mediano y largo plazo— de la aceptación o no por parte de los zapatistas de lo acordado en las pláticas de paz en San Cristóbal de Las Casas con el comisionado presidencial Manuel Camacho.

     Creo que son tres los escenarios prospectivos básicos que se pueden derivar de la actual situación en Chiapas, con amplias repercusiones en el país.

     Una posibilidad es que la consulta a las bases zapatistas ratifique en lo general los avances logrados en San Cristóbal, si bien éstos pudieran ser parcialmente revisados o modificados en una nueva ronda de conversaciones, pero sobre la base de aceptarlos en su sentido general como la salida deseable y deseada al conflicto por ambas partes: el EZLN y el gobierno. No se descarta que, aun cumpliéndose estas condiciones, surjan nuevos obstáculos, sobre todo por parte de los terratenientes, ganaderos y burguesía regionales; pero en la medida en que se logre contener los brotes violentos de éstos, esta vía podría tender hacia una paz progresivamente consolidada en la región y coadyuvar, como ya lo ha hecho, a abrir los cauces a la democratización política del sistema, específicamente a las elecciones del próximo agosto.

     En un segundo escenario, puede ocurrir que de la Selva chiapaneca surja un rechazo fundamental a los acuerdos de paz negociados con Manuel Camacho, y que los zapatistas decidan conservar las armas, pero prolongando la tregua a la espera de lo que ocurra en torno al proceso electoral; es decir, vigilando en qué medida una de sus demandas políticas centrales, la de elecciones limpias, se va cumpliendo. Esto mantendría la actual situación de impasse, si no sucede otra cosa, hasta después de esa fecha, y el desenlace del conflicto armado pasaría a depender en gran medida del resultado de ese proceso.

     Puede suceder también, en una tercera vía, que el rechazo a los acuerdos de paz por el zapatismo lleve a un proceso de mayor radicalización y al resurgimiento de las acciones armadas, sin esperar al curso de los acontecimientos políticos. Ello podría darse, fundamentalmente, en torno de la problemática situación agraria que ya vive la entidad y a la que los acuerdos de San Cristóbal buscan dar una salida puramente regional y a través de normas legales especiales para el estado de Chiapas. La negativa del gobierno federal a revisar el artículo 27 constitucional y la Ley Agraria es, sin duda, uno de los puntos más conflictivos de la negociación, que podría originar la reactivación del movimiento en su forma armada y también llevar a desbordamientos no sólo en Chiapas sino en diversos puntos del país que viven situaciones similares en la tenencia de la tierra.

     A las demandas del EZLN en Chiapas hay que dar respuestas globales, nacionales, tanto en el terreno de la inaplazable reforma política como en el agrario y el de la política social. La apuesta gubernamental a tratar el zapatismo como un movimiento meramente regional y aislarlo del resto de la sociedad nacional ha fracasado, y persistir en ella puede conllevar enormes riesgos. Las demandas del EZLN no sólo cuentan con un gran respaldo social en el estado de Chiapas, sino que han generado nuevos consensos en todo el país. Su radicalidad estriba en su planteamientos de fondo, nacionales. Pensar que sería posible a estas alturas regionalizar el conflicto armado para acabarlo (o mediatizarlo) como tal sería simplemente aventurero.

     No podemos olvidar las lecciones que da la historia: las grandes revoluciones en México han comenzado siempre como movimientos regionales. El maderismo de 1910, por no ir más lejos, libró todas sus batallas importantes en un solo estado, el de Chihuahua, y en la que el propio Madero dirigió (la de Casas Grandes) fue derrotado militarmente. Bastó, en cambio, con que los insurgentes ocuparan una población de importancia como Ciudad Juárez, contando, eso sí, con una amplia aceptación política en la nación, aunque ésta no se manifestara en movimientos armados, para que el vetusto y aparentemente sólido régimen porfiriano se desmoronara y tuviera que dejar el lugar a un gobierno nacional de transacción.