Eduardo Nava Hernández
Resumen
El inminente fin de siglo, a medida que se aproxima, aparece cada vez más en la percepción colectiva de los mexicanos, como un fin de ciclo. En él se conjuntan, de manera compleja, los efectos acumulados de una crisis económica y social prolongada, profunda y extensa, con drásticas recaídas, el lento y contradictorio, pero irreversible, agotamiento del régimen político basado en el partido hegemónico oficial fundado en 1929, y la coyuntura de una elección presidencial que se anuncia decisiva y competida. Poco hay, como no sea el diuscurso oficialista, que contradiga la idea de que el milenio, la centuria y el sexenio se cerrarán en medio de una nueva crisis coyuntural de grandes dimensiones que puede encadenarse con la crisis terminal del régimen político de partido de Estado que ha dominado al país durante siete décadas.
Los elementos estructurales que dan sus coordenadas a la presente fase son la inserción inestable de la economía mexicana en el mercado mundial, bajo las condiciones generales de reestructuración del capitalismo, y la desarticulación del bloque gobernante tradicional, aún no reemplazado por una coalición de poder alternativa capaz de asegurar la continuidad del poder político.
De la reordenación capitalista a la crisis
1. La situación económica se ha vuelto a complicar a lo largo de 1998, como resultado de un conjunto de factores coyunturales que, sin embargo, revelan e inciden sobre rasgos estructurales de las finanzas y el sistema productivo del país. Tales factores: la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, la elevación de las tasas de interés, la crisis de los mercados financieros asiáticos y el crecimiento lento de la economía estadounidense, no hacen sino poner de manifiesto las debilidades de la economía mexicana. Sus efectos se hacen sentir cuando el país aún no logra superar los efectos de la catastrófica crisis financiera de 1994-1995 —con sus secuelas en las finanzas del Estado a través del Fobaproa—, no obstante el crecimiento relativo de la economía durante 1996 y 1997.
La crisis de 1994 fue la más grave del último medio siglo. Mientras que la crisis de 1976 registró un crecimiento del producto interno bruto (PIB) al 2.1%, la de 1982 —la más severa— de – 5.4% y la de 1986 de – 4.0 %, la recaída de 1995 llegó a – 6.9%. Esta crisis se presentó en un año en el que la población había acumulado ya 19 en forma consecutiva en que el salario real se ha mantenido a la baja —con la posible excepción del período 1989-1991 en que los salarios industriales observaron una leve recuperación— por la aplicación, desde 1977 de los llamados topes salariales, producto de la firma de la primera carta de intención en el marco de la crisis de 1976. Al desempleo estructural se sumó el de cerca de un millón de trabajadores que hasta diciembre de 1994 estaban en activo.
2. La crisis económica de 1994 se presentó en el momento de transición hacia el nuevo gobierno, irrumpiendo en medio de la apoteosis de la reforma estructural aplicada desde arriba a partir de 1985. Fue en la administración de MMH que se comenzó a instrumentar la reestructuración económica definida en torno a la estrategia de dinamización del sector externo. De la vinculación con el exterior a través del sector exportador se esperaba que emergiera la fuerza de arrastre para el conjunto de nuestro aparato productivo. La gran apuesta de los gobiernos de los últimos tres lustros ha consistido en transformar a nuestro país de exportador de bienes primarios (es decir, petróleo, materias primas y productos agrícolas) en exportador de bienes manufacturados o industriales, con apoyo de los grandes inversionistas y monopolios estadounidenses.
En este sentido, la llamada modernización salinista representó la continuidad de una estrategia de largo plazo encuadrada en el proceso mundial de restructuración del capitalismo. El sexenio de Carlos Salinas se inició con la suscripción de un nuevo acuerdo con el FMI en mayo de 1989, esta vez por 4 135 millones de dólares para ser usados en el curso de los tres años siguientes; se profundizó la apertura comercial, principalmente con los E.U., hasta alcanzar el carácter de tratado internacional (el TLC); se continuó la privatización, que incluyó activos públicos tan importantes como TELMEX y la banca; se mantuvo firme la contención salarial, “concertando” incrementos siempre por debajo del índice inflacionario; se favoreció a los grandes consorcios productivos con capacidad exportadora; y se privilegió al capital financiero–especulativo nacional y, principalmente, extranjero.
A pesar de lo lesiva que resultaba para la inmensa mayoría de los trabajadores mexicanos y sus familias, la estrategia económica de CSG fue alabada por propios y extraños, al grado de presentarla en la comunidad internacional como el ejemplo a seguir por los países en vías de desarrollo.
3. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá (TLC) representó la oportunidad de vincular la ya para entonces abierta economía mexicana con un mercado amplio y dinámico, en un contexto mundial de globalización en el que —como plantea Alejandro Dabat— se debilita el mercado nacional como núcleo del comercio y adquiere una nueva dimensión el mercado mundial, “las empresas transnacionales se ven forzadas a ampliar sus alianzas estratégicas y los estados nacionales a conformar bloques comerciales regionales para ampliar el espacio económico y competir más eficazmente”[1]. En ausencia de una política activa de industrialización y de impulso al sector agropecuario, el Tratado fue negociado fundamentalmente atendiendo al interés de las grandes empresas de uno y otro lado de la frontera que cuentan con capacidad para exportar en gran escala. Para México, el TLC representaba, además, la posibilidad de atraer inversiones de capital para reactivar y financiar su economía.
Para los capitales estadounidenses, el TLC representa la posibilidad de trasladar partes estratégicas de sus procesos productivos a México, aprovechando las ventajas que éste ofrece, como mano de obra ya capacitada para el trabajo industrial y mucho más barata que en los Estados Unidos, una infraestructura productiva y de comunicaciones también más económica, insumos y combustibles baratos y cercanía con el mercado norteamericano, en especial con sus regiones más dinámicas (California, Texas, etc.). Condiciones como estas contribuyen de manera importante a fortalecer la posición estadounidense en la competencia mundial frente a Japón y la Comunidad Europea.
El TLC no es, en consecuencia, un proyecto coyuntural que simplemente refleje las simpatías “proyanquis” de los gobernantes mexicanos, sino parte fundamental del nuevo proyecto histórico del sector más consolidado del capital monopólico–financiero mexicano y de su intento por transitar a una nueva fase de desarrollo del capitalismo en el país. Es decir, es una pieza maestra de la transformación estructural de la economía nacional. Esta implica superar el desarrollo orientado hacia el mercado interno y crecer “hacia afuera” —sobre todo hacia los mercados del norte— a partir de la exportación de manufacturas.
Otros componentes de esa transformación son la privatización de empresas públicas, la liberalización y desregulación de la economía por el Estado (es decir, el permitir que un mayor número de sectores estén regulados sólo por las leyes de la oferta y la demanda en el mercado), la modificación del marco jurídico de la propiedad agraria, la ampliación cualitativa de los mercado financieros, la apertura externa (importaciones), y el control de la inflación a través del recorte del gasto social
4. Sin embargo, apenas algunos indicadores macroeconómicos sustentaban el éxito salinista: se redujo la inflación del 40% en 1988, al 8% en 1994; se lograron equilibrar las finanzas públicas, luego de que el déficit llegó a representar muy altos porcentajes del PIB; y, a diferencia del sexenio anterior, la producción nacional creció 3.8% en promedio entre 1989 y 1991, y 1.8% entre 1992 y 1994. La estrategia salinista estuvo marcada por contradicciones insolubles de origen, que poco a poco fueron desplegando todo su potencial de conflictividad económica y social. En este sentido, los saldos de la modernización salinista se pueden leer así: procreó 24 multimillonarios mientras generaba 40 millones de pobres; alentó la entrada masiva de capital especulativo mientras la pequeña y mediana empresas se asfixiaban por falta de financiamiento; se privilegió a la nueva oligarquía de la banca y la bolsa de valores mientras se abandonaba el sector agrícola; y se pedía a la población soportar pacientemente los esfuerzos del ajuste macroeconómico mientras se beneficiaban del mismo unas cuantas familias de altos potentados. En fin, se hacían cuentas alegres mientras el país se deslizaba peligrosamente hacia la crisis cambiaria y financiera de fines de 1994.
5. La causa de la crisis de 1995 se ubica en la fractura estructural que ha caracterizado a la planta productiva mexicana. Esta fractura se expresa en la marcada escisión entre un grupo de ramas y empresas vinculadas a la exportación y con altos niveles de eficiencia, y el conjunto de pequeñas, medianas e incluso grandes empresas que no encontraron posibilidades de insertarse con dinamismo a los mercados y en consecuencia quedaron destinadas al estancamiento. Las ramas vinculadas a la exportación y a los circuitos de financiamiento, y con posiciones privilegiadas en el mercado, obtuvieron enormes ganancias en tanto que las otras se han caracterizado por su vulnerabilidad, insostenible ya ante un factor detonante como la devaluación y la fuga de capitales desencadenadas en diciembre de 1994.
En el curso de menos de un año se volatilizó la mitad de las reservas monetarias, precisamente cuando habían alcanzado un nivel histórico de 24 mil millones de dólares. Pero no podía ser de otra manera cuando, de hecho, el déficit de la cuenta corriente alcanzaba para 1994 los 28 mil millones de dólares. Durante varios años se concibió la idea de que ese déficit podría compensarse con capitales venidos del exterior. Y, en efecto, fluyeron al país enormes masas de capitales externos; sin embargo, la gran mayoría de éstos nunca anidaron en las escuálidas ramas de la economía mexicana y se limitaron a revolotear en torno de la bolsa de valores, libando ganancias fáciles e inmediatas. La masiva salida de dólares (cerca de diez mil millones), con que los inversionistas extranjeros dieron la bienvenida a Ernesto Zedillo en diciembre del 94 fue el principio del fin.
6. La catástrofe financiera puso en evidencia el hecho de que la década del cambio estructural, con tan alto costo social para la población trabajadora, legó finalmente una estructura tan quebradiza como la de la economía petrolizada y dolarizada que llevó al dramático derrumbe de inicios de los años ochenta. Lo que estrictamente resultaría en cuestión es la organización de un proceso de acumulación que desemboca cíclica y recurrentemente en recesión, endeudamiento, devaluación e inflación. De este círculo vicioso, ni el populismo e intervencionismo estatal de ayer ni el liberalismo salvaje de hoy han podido librarse
La nueva crisis de fin de sexenio
7. Durante 1996 y 1997 la economía registró mejores tasas de crecimiento, como resultado de tres factores: el préstamo de 51 mil millones de dólares que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y organismos privados pusieron a disposición del gobierno mexicano en lo que constituye la más grande operación de rescate financiero a escala internacional; la mejoría de los precios del petróleo durante 1995 y la profundización de la depreciación de los salarios reales, que alcanzó un 20 por ciento más, sólo durante esos dos años[2].
El detonador de la nueva recaída ha sido, junto con la crisis de los mercados asiáticos, la baja de los precios petroleros, que se ubican en el último trimestre de 1998 en menos de 9 dólares por barril en promedio (cayendo hasta 7.50 en las últimas semanas), cuando para el presupuesto de 1998 se había estimado en 15.50 dolares. La baja se transmite al conjunto de la economía mexicana a través de las finanzas públicas, que entraron a raíz de la crisis de 1994-1995 en un nuevo ciclo de petrolización.La estrategia de sustitución de exportaciones aplicada desde 1983 había logrado bajar la participación del sector petrolero en los ingresos fiscales, de 43 por ciento en 1982 —su máximo histórico— a sólo cerca del 26 por ciento en 1993; sin embargo, no obstante que su participación en el PIB sigue decreciendo, la importancia de este sector volvió a crecer hasta más del 38 por ciento en 1997[3].
La tendencia creciente de las tasas de interés, particularmente en los Estados Unidos —no obstante las pequeñas reducciones decididas por el Departamento del Tesoro para el último trimestre de 1998— son un componente de la guerra económica con que se manifiesta la violenta reestructuración del capitalismo mundial. Es un mecanismo de defensa de la economía estadounidense frente a las crisis bursátiles de Asia, que le permite a aquélla atraer o retener capitales; pero que tiene efectos recesivos sobre los sectores productivos, en los que induce un crfecimiento más lento. A México, esos incrementos le afectan por diversas vías: frenan el ingreso de nuevos capitales estadounidenses, incrementan
El servicio de la deuda externa, y propician la salida de capitales, además de que al recesión estadounidense disminuye sus exportaciones.
8. La deuda interna se ha triplicado durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Para 1999 se pagarán por concepto de intereses, alrededor de 137 mil millones de pesos, más del doble de lo erogado por ese concepto en 1998. Tan sólo los recursos destinados al rescate del sector bancario en el proyecto de presupuesto para 1999 ascenderían a 25 145 millones, un 225 % más que lo previsto para los programas de combate a la pobreza. La suma acumulada como pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) bien podrían ascender, al cerrarse el año de 1998, a 650 o 670 mil millones de pesos.
9. El desplome de las finanzas públicas arrastra al conjunto de la economía mexicana a una pronunciada recesión a través de nuevas presiones inflacionarias, el recorte del gasto estatal, la elevación de impuestos y precios y tarifas del sector público y el retiro de medio circulante, justo en el momento de la transición al próximo sexenio gubernamental.
Hacia el 2000: ¿fin de ciclo?
10. La crisis nacional no es sólo económica; a partir de 1988 sabemos también de la creciente descomposición del sistema de dominación vigente durante los últimos 70 años, en sus diversos pilares: el presidencialismo, el centralismo, el corporativismo, la ideología nacionalista y paternal-autoritaria y el partido de Estado.
La desarticulación política toca tejidos profundos y vitales de la estructura del poder. 1994 fue un año particularmente significativo en la descomposición del sistema político sustentado en el partido hegemónico estatal creado por Calles y en el pacto presidencialista-corporativo cardenista. El año que se inició con la insurrección indígena chiapaneca concluyó en medio de uno de los más estrepitosos derrumbes financieros y cambiarios de que se tenga memoria. En el camino, se fueron desplomando los orgullos de trece lustros de régimen posrevolucionario y de una década de transformaciones estructurales bajo la rectoría neoliberal: Chiapas dejó profundamente cuestionada la bandera de la paz social y desenmascaró el mito de la justicia social; los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu actualizaron el empleo de la violencia —que se suponía excluida desde la muerte de Obregón y la fundación del partido oficial— como recurso en la lucha por el poder.
11. Y así como en la economía la crisis emerge en presencia de factores detonantes agudos, la crisis política de fin de régimen quedó expuesta al abrirse graves contradicciones al interior del grupo en el poder. La nominación de Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial suscitó las primeras cuarteaduras en el grupo gobernante, agudizadas luego ante la emergencia de la sublevación indígena en Chiapas y el protagonismo del Comisionado para la Paz. Los asesinatos políticos sembraron la sospecha dentro de la propia élite gobernante, y por primera vez en más de 50 años ha sido encarcelado un familiar cercano de un expresidente, señalado o sospechoso de corrupción, vínculos de narcotráfico y coparticipación, como instigador, en el crimen de su ex cuñado. Como ha dicho Héctor Aguilar Camín, “donde apenas un año antes había un grupo compacto y brillante, uno de los más efectivos y convincentes de la historia moderna de México, un año después sólo había cruces, luto, pleitos, exilios virtuales y cárceles verdaderas”.
12. Son esas las condiciones en que ha quedado acotado el último gobierno sexenal del país en este siglo veinte. Su apariencia es la de una administración trabada por los nudos gordianos que hoy por hoy bloquean las relaciones políticas entre el Estado y la sociedad: la no solución del conflicto armado en Chiapas; las denuncias no investigadas de dispendio en las campañas políticas priístas, como en Tabasco; la pobreza extrema que se antoja ya intolerable; la propia crisis y el dramático deterioro de la planta productiva, el empleo y el salario; el no esclarecimiento hasta sus últimas consecuencias de los crímenes políticos de Colosio, Ruiz Massieu y Polo Uscanga; el auge, en fin, de la delincuencia ordinaria y de las bandas organizadas y la creciente inseguridad pública en las áreas urbanas del país; la violación recurrente de los derechos humanos por los cuerpos de seguridad, particularmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero…
Las dimensiones políticas de esa crisis del régimen son, al menos, las siguientes:
- el deterioro acelerado del bloque gobernante construido sobre todo durante los primeros cuatro años del gobierno de Salinas de Gortari, que incorporaba a diversos grupos tradicionales del PRI (Hank González, Farrell, Gutiérrez Barrios, a la tecnocracia financiera emergente y al PAN, en consonancia con el proceso radical de reestructuración del capital y en alianza con los grupos intelectuales más importantes.
- el agotamiento del presidencialismo autoritario y del pacto corporativo característicos del régimen priísta, llevados al clímax en el sexenio de CSG y caídos en el descrédito social después de los “errores de diciembre”;
- la crisis del sistema de procuración e impartición de justicia; y
- la activa y diversa conflictividad social, que abarca desde las expresiones masivas pero pacíficas de El Barzón hasta las irruptivas como el EZLN y el EPR/ERPI.
13. A lo largo de su gobierno, Ernesto Zedillo no ha logrado recomponer el régimen que parece desmoronársele entre las manos, ni sentar las bases para un nuevo pacto político. El Presidente se mueve lanzando constantemente señales contradictorias, que van de la democratización parcial al endurecimiento y el autoritarismo.
Algunas de las manifestaciones más significativas de la descomposición del régimen presidencial-corporativo son: el adelantamiento de los tiempos de la sucesión presidencial, que ha abierto prematuramente la lucha por la candidatura priísta, y los candados impuestos por la desbordada XVII Asamblea del PRI a los miembros de la tecnoburocracia; las constantes y recurrentes escisiones del PRI, crecientemente capitalizadas por la oposición y que, abarcando a políticos de la primera línea (Camacho, Sodi, Delgado Rannauro, Layda Sansores, Luis Eugenio Todd), así como a una multiplicidad de cuadros locales y sectores de base en diversas entidades, han llevado ya a los partidos de oposición a importantes triunfos directos (Monreal en Zacatecas, Sánchez Anaya en Tlaxcala) o, indirectamente, a derrotas del partido oficial (José Ortiz Arana en Querétaro); los escándalos de corrupción, abusos de poder y vinculación entre los grupos políticos y la oligarquía financiera, personificados particularmente en Raúl Salinas de Gortari, Jorge Lankenau, Ángel Rodríguez El Divino, Carlos Cabal Peniche, Gerardo De Prevoisin, que implican, en algunos casos, sus posibles relaciones con el narcotráfico y llegan a las más altas esferas de la procuración de justicia; la debacle del experimento de cogobierno iniciado con Salinas, concretado por Zedillo con la incorporación del panista Antonio Lozano Gracia a la Procuraduría General de la República, y hoy sepultado, junto con las alianzas PRI-PAN, en las cenagosas tierras de la finca El Encanto; y el debilitamiento —agudizado después de la muerte de Fidel Velázquez— del pacto corporativo sindical encarnado en el Congreso del Trabajo, que ha dado ya lugar a la formación de una nueva central, la Unión Nacional de Trabajadores, que integra sindicatos priístas e independientes.
14. Desplazados durante los últimos dos sexenios y desprestigiados o infuncionales a las necesidades de la transición democrática los miembros de la llamada clase política tradicional, vinculados al aparato partidario y corporativo, los espacios que la ruptura interna del grupo tecnoburocrático en el poder va dejando no han podido ser llenados por otros sectores del partido oficial. Ese factor es el que da al momento político una perspectiva incierta. A pesar de las propuestas provenientes del campo democrático para alcanzar una transición pactada a un régimen más democrático, continúa sin definirse un panorama que permita avizorar las características del nuevo sistema político y, sobre todo, la constelación de sujetos que lo haga posible.
15. El sistema político mexicano, que durante décadas fue un ejemplo de estabilidad a nivel mundial, se ha convertido en unos meses en un ejemplo de fragilidad. La crisis actual señala el punto en que el PRI (y no una fuerza exterior a él) es el verdadero límite del sistema de dominación priísta. Como lo muestran los asesinatos de Colosio y de Ruiz Massieu, y ahora la abierta pugna entre diferentes grupos políticos y hasta entre diversos sectores de un mismo grupo, el partido oficial como mecanismo de conciliación y negociación política entre los diferentes grupos que comparten el poder, ha comenzado a mostrar su acelerado desgaste. Como en el mito azteca, la serpiente que se muerde la cola marca el fin de un ciclo, en este caso, del poder. Queda clara, entre todo ello, una tendencia: el régimen se revela inviable bajo su forma actual, tanto en sus aspectos políticos como en los económicos, y se impone un reordenamiento de las relaciones de poder en el país. Ese reordenamiento puede ser autoritario —como, de hecho, ya lo es la respuesta gubernamental frente a la crisis económica— y destinado a garantizar la continuidad y culminación , durante el próximo sexenio, del proyecto de reestructuración en marcha del capital, o bien democrático. De entre las opciones hasta ahora visibles, cualquiera que sea el resultado de la próxima sucesión presidencial en el año 2 000, el gobierno que emerja será de naturaleza muy distinta al Estado posrevolucionario gestado en los años veinte y consolidado en el cardenismo.
16. Los avances electorales de Acción Nacional en elecciones locales son un dato que no puede ser menospreciado para analizar la correlación de fuerzas en el país. De hecho, más que un contrapeso, dada la convergencia natural entre su proyecto y el del PRI en el último período, el PAN juega un papel complementario en el Congreso y en las posiciones de poder que ocupa. Su incorporación al grupo gobernante se concretó formalmente al integrarse uno de sus miembros al gabinete presidencial de Ernesto Zedillo, pero, de hecho, mucho antes formaba ya parte del bloque en el poder. “Partido provinciano”, escribe Carlos Fuentes, “el PAN puede ser llamado a jugar un papel nacional y aun internacional por los EEUU, si éstos, como es posible, deciden muy pronto desplazar sus solidaridades políticas del PRI al PAN”.
Por otro lado, los triunfos del PRD en el Distrito Federal en 1997 y en Zacatecas y Tlaxcala en 1998, lo configuran como la fuerza más apta para canalizar las expresiones más agudas del descontento popular y capitalizar las escisiones priístas, como se perfila ya yambién en el Estado de México, de concretarse la candidatura de Mauricio Valdés Rodríguez.
17. Desde la sociedad mexicana vienen emergiendo reclamos diversos, genéricamente llamados democráticos, que implican la apertura y conquista de espacios sociales y políticos por las corrientes, partidos y grupos minoritarios organizados y por las regiones frente al centro, y la demanda del equilibrio de poderes y el respeto al sufragio. Esta emergencia se ha dado con la característica de no presentar, en la mayoría de los casos, referentes ideológicos claramente definidos y porque en ella convergen los más diversos intereses y reivindicaciones de carácter inmediato (económicos y asistenciales), así como de mediano y largo alcance (la lucha por el poder en sus diversos niveles). Sus protagonistas son los partidos de oposición o sectores de ellos, las organizaciones cívicas y sociales, las ONGs, el EZLN, etc. Se trata de un espectro sumamente amplio y que con extrema dificultad podría llegar a converger en una alternativa clara de poder.
18. Los escenario visibles para el año 2000 son básicamente dos, aunque pueden presentar múltiples variantes. El primero es que prosiga y se reproduzca inexorable la descomposición política del partido de Estado y de su régimen, sumiéndolo como hasta ahora en una prolongada agonía que lo lleve de crisis en crisis hasta su final agotamiento. En los estratos profundos de esas crisis políticos está la gran paradoja de la modernización mexicana reciente: la radical reestructuración la economía impuñlsada por el gran capital financiero afecta y excluye los añosos intereses corporativos que hacen la historia del partido oficial; pero para conservar el monopolio del poder, necesario al modelo excluyente que impulsa, el grupo modernizador no ha podido hasta ahora prescindir de los viejos mecanismos de control que ese corporativismo representa, ni llegó madurar un esquema alternativo de dominación. La violenta, prematura e insospechada desarticulación política de ese grupo abre un boquete en el casco del navío cuando éste, que había partido viento en popa y con los mejores augurios, está demasiado lejos del puerto como para regresar pero no logra avistar todavía la costa de su destino. No hay posibilidades de un retorno incruento a los métodos tradicionales y corporativos de asignación del poder, pero no se logró consolidar en su primera transición del mando el núcleo portador de la alternativa modernizadora y autoritaria.
La opción de lograr, a través, de un diálogo nacional incluyente, sentar las bases para una reforma democrática del Estado que transforme el actual sistema político e instaure uno más justo y funcional a las necesidades sociales, se ve cada vez más improbable. Los obstáculos que se alzan frente a esta posibilidad son varios; en primer término, la resistencia de los grupos más conservadores del PRI y el gobierno y la afirmación del autoritarismo, por ejemplo en el manejo de la crisis y en el conflicto de Chiapas (cuyas expresiones más palpables son el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, la matanza de Acteal, la persistencia en la opción militar y paramilitar y el creciente protagonismo del gobernador, como personero de la oligarquía local). Los tiempos de este sexenio para ello parecen haberse agotado en el empantanamiento de la negociación del Fobaproa y del propio conflicto en Chiapas.
La crisis puede encontrar tres salidas:
- con el triunfo del PRI en la próxima elección presidencial, si el nuevo gobierno inicia un proceso de reformas, que en su caso sería necesariamente lento y acotado por los intereses de la oligarquía financiera, interesada en la continuidad del proyecto económico actual;
- el arribo al poder de una nueva fuerza, el PAN, abanderando al empresario Vicente Fox Quesada, con el apoyo estadounidense y de un sector del gran capital y con un programa social populista-autoritario; o
- una coalición de fuerzas políticas y sociales, cuyo eje sería el PRD–Cárdenas, con un programa de desmantelamiento del régimen de partido de Estado y de reformas sociales.
La persistencia de la crisis del régimen, improbable pero posible, implicaría una doble derrota: en lo inmediato, la de los urgentes esfuerzos de renovación y modernización del sistema político; en lo mediato, la del propio sistema, incapaz ya de regenerarse por sí mismo y que necesita desembocar a través de una transición ordenada, en una escenario más digno que el actual para iniciar el siglo veintiuno.
Morelia, Mich., noviembre de 1998.
[1] Alejandro Dabat y Miguel Ángel Rivera, “Las transformaciones de la economía mundial” en A. Dabat (coordinador), México y la globalización. Cuerrnavaca, Mor., UNAM-CRIM, 1994.
[2] Felipe Zermeño, “Perspectivas de la economía mexicana” en Memoria. No. 111. México, D.F., mayo de 1998. Pág.7.
[3] Ibid., pág. 6.
*Artículo publicado en en Economía y Sociedad. Revista semestral de la Escuela
de Economía de la UMSNH. Año 3, núm. 4. Morelia, Michoacán, julio-diciembre de 1998.
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