Eduardo Nava Hernández

La oleada de huelgas universitarias de febrero de 1994 ha sido, sin duda, la movilización sindical más importante de los trabajadores del sector en la última década por romper la política gubernamental hacia la educación superior, centrada en la contención salarial y el productivismo. Sin embargo, ha mostrado también las grandes dificultades y obstáculos con que se enfrentan los trabajadores académicos y administrativos en la construcción de un movimiento sindical universitario nacional hasta hoy inexistente.

     Los movimientos huelguísticos expresan, ante todo, el nivel de deterioro asl que la política gubernamental ha llevado a las instituciones de educación superior a través de los topes salariales y los programas de estímulos a la productividad. Con las huelgas de febrero ha empezado a hacer crisis el sistema productivista generalizadamente conocido como “pilones”, y se ha expresado el rechazo al estrangulamiento salarial que ha mantenido durante la última década los sueldos —sobre todo académicos— con un enorme rezago con respecto de los índices inflacionarios y de otros grupos de trabajadores. Es decir, se ha evidenciado que no puede proseguir una política que ha colocado a los trabajadores académicos (muchas veces con posgrados) en niveles de remuneración inferiores a los de los choferes de taxi, obreros calificados y otras categorías de trabajadores.

     Los universitarios hemos visto en los últimos diez años un drástico replanteamiento de las relaciones Estado-Universidad y, dentro de él, el repliegue del gobierno de sus compromisos hacia la Educación superior. Esto se evidencia en la drástica reducción del gasto social en educación superior aplicada durante el presente sexenio, que ha sido el rasgo más característico de la política educativa hacia el subsector. La inversión en educación desde 1988 representó tan sólo el 2.55% del PIB, y en educación superior el 0.6%. En la década de los ochenta la inversión disminuyó, en términos reales, en 27 por ciento para la educación en su conjunto y 27.4% para la educación superior, y esta tendencia se ha mantenido.

     Es en este contexto que debemos ubicar la problemática de la productividad, planteada implícita o explícitamente con frecuencia cada vez mayor en los planes de desarrollo institucional como programas de estímulos al profesorado. Los estímulos y SIN tienden a convertirse en el componente fundamental del ingreso de los académicos más calificados, al margen de la contratación colectiva y los sindicatos. Esto ha repercutido en la creciente desmovilización de las organizaciones sindicales y en una carencia de alternativas generales para los sectores académico y administrativo, pero sobre todo en una creciente diferenciación al interior de los trabajadores que muchas veces desempeñan las mismas funciones pero que obtienen ingresos muy distintos según tengan o no estímulos y/o becas del SNI.

     A este respecto, destaca el hecho de que el sector más movilizado y radicalizado en las recientes huelgas universitarias ha sido precisamente el de los trabajadores académicos. Si tuviéramos que ubicar los grandes ejes de la movilización, creo que podrían agruparse en tres: a) recuperación salarial; b) el cuestionamiento al sistema productivista de estímulos al trabajo académico; y c) la equiparación en el trato salarial entre los académicos y los trabajadores administrativos.

     La coyuntura de fin de sexenio, entrada en vigor del TLC y elecciones federales apareció desde hace varios meses como la más propicia para generar un movimiento nacional de sindicatos universitarios que no había prosperado desde las célebres huelgas de junio de 1983. La insurrección en Chiapas reforzó la idea —en parte correcta, como veremos— de que era posible romper finalmente los topes salariales impuestos desde la Secretaría de Educación Pública y la de Hacienda, sobre la base de sincronizar y coordinar nacionalmente, hacia mediados de febrero, el estallamiento de más de veinte emplazamientos a huelga en diversas entidades del país. No obstante, el curso seguido por los movimientos no ha cuajado en la constitución de un movimiento realmente nacional. Algunos de los emplazamientos no llegaron a estallar: STUNAM, AAPAUNAM, SUTCOLMEX y los sindicatos del CIDE y las universidades de Chihuahua, Baja California, Aguascalientes, Yucatán, Zacatecas e Iberoamericana. A veces, como en el SUTCOLMEX, se firmó aceptando simplemente el ofrecimiento oficial de 5% más 2% a prestaciones.

     En cambio, las huelgas estallaron en las Universidaddes Metropolitana, de Chapingo (empleados y académicos), de Guerero (académicos y empleados), de Durango (administrativos y docentes), de Oaxaca (administrativos), Baja California Sur (académicos) y Michoacana (los empleados en enero y los académicos a partir del 16 de febrero). En todos los casos, el aspecto nodal ha sido el del salario.

     El que en algunas instituciones (Chihuahua, Aguascalientes, Michoacán, Iberoamericana), con huelga o sin ella, se haya logrado rebasar los topes salariales no aparece, sin embargo, como producto de la movilización nacional, sino de condiciones particulares de carácter regional, donde los gobiernos estatales han jugado un papel importante. Por el contrario, las huelgas más difíciles se dan en las instituciones donde existen los sindicatos más fuertes y que dependen más directamente del gobierno federal: Chapingo y la UAM. Los puntos de mayor conflicto son la equiparación de los incrementos ofrecidos a los académicos con los de los trabajadores administrativos y la incorporación de los estímulos de productividad al salario.

     Esta última demanda implica generalizar a todos los trabajadores académicos un beneficio que hasta ahora aparece como exclusivo de un sector, y replantear el tema de la productividad y diferenciación laborales en la educación superior, poner en tela de juicio una política que ha buscado constituir dentro de las instituciones educativas sectores de élite (con becas de productividad y SIN), antes que mejorar las condiciones generales del trabajo académico. Por ejemplo, en nuestra Universidad Michoacana, los estímulos se conceden sólo al 30 por ciento de los trabajadores académicos de tiempo completo, que son el 40 por ciento del total, es decir, sólo al 12 por ciento de los profesores, investigadores y técnicos académicos, mientras que el 88 por ciento restante (que cubre la mayor parte de las horas efectivas de docencia) obtienen sólo sus retribuciones salariales. La lógica y la experiencia han mostrado la insuficiencia del “incentivo” a ese porcentaje para mejorar en lo general los niveles académicos de la institución.

     Las huelgas de febrero no lograron generar hasta ahora, como se esperaba, un movimiento nacional de trabajadores universitarios. Sus resultados inmediatos pueden ser incluso insuficientes; sin embargo, habrán de permitir replantear en el próximo periodo el tema de la productividad laboral del sector académico y la necesidad de un programa efectivo de recuperación salarial a corto plazo como fundamento de cualquier mejoramiento en la calidad académica y de los servicios en las instituciones de educación superior.

Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 1994.