Eduardo Nava Hernández

favoreciendo la eliminación de las formas caciquiles, burocráticas o patriarcales de control político. Debe garantizarse la libertad de asociación y sindicalización, eliminando trabas como la cláusula de exclusión y las modalidades tradicionales de intermediación social y política y las condiciones que las hacen posibles. La autonomía de los organismos sociales es un principio constantemente violado por un Estado con amplia tradición corporativa.

El nuevo orden republicano debe tender hacia el establecimiento de un federalismo cooperativo, que simultáneamente descentralice competencias, derechos y recursos hacia las entidades federativas y fortalezca el pacto federal como una instancia de colaboración para el desarrollo nacional, prioritariamente en el orden fiscal.

La reforma del federalismo debe culminar necesariamente en el nivel municipal y fortalecer el régimen de municipio libre. Ello exige una revisión profunda de su situación tanto en lo jurídico como en lo político y económico, y volver a la concepción originaria del municipio como la primera y más inmediata instancia donde se ejerce la soberanía del pueblo. En consecuencia, se requiere restituir a los municipios la facultad de dotarse de su propio Estatuto de gobierno en los marcos establecidos por las constituciones locales. Hay que hacer realidad también la planeación del desarrollo municipal y dotar a los ayuntamientos de los recursos necesarios para la atención de las necesidades básicas de la población.

En este orden de ideas, el proyecto federalista, cuya esencia es la redistribución del poder y su acercamiento a los ciudadanos concretos, debe culminar con el reconocimiento de las comunidades y la instauración del llamado cuarto nivel de gobierno, el del poder comunitario. La descentralización regional implica reconocer que los sujetos sociales se constituyen ante todo local, antes que nacionalmente. Supone también liberar las fuerzas sociales hasta ahora contenidas por el centralismo y por los despotismos caciquiles apoyados por éste. Federalismo no es el reforzamiento de la autonomía de esos poderes con respecto de sus gobernados, sino la democratización del orden político desde abajo, desde las regiones.

En el ámbito de la justicia social queda mucho por hacer. Lo deseable aquí es, como lo hemos apuntado más arriba, un proceso de desarrollo y modernización con equidad. Partamos de reconocer nuestras grandes carencias y desequilibrios sociales y asumamos una política de carácter redistribuitivo. Por ello habría que entender una política fiscal progresiva que tienda no solamente a erradicar las mayores desigualdades prevalecientes y amortiguar los efectos de la crisis sobre los sectores más débiles sino a distribuir los frutos de la modernización económica y  alentar el trabajo productivo y la iniciativa de los individuos y de las agrupaciones.

En una economía con sentido social, la generación de empleos y la ampliación del mercado es un objetivo en sí mismo, no supeditado a alcanzar los índices máximos de productividad empresarial. Debemos aspirar a una economía donde la productividad de la sociedad no esté sometida a la productividad de la empresa. Para la generación de empleos es preciso apoyar e impulsar a las medianas, pequeñas y microempresas viables, así como al régimen de cooperativas por medio de políticas fiscales y crediticias y de la simplificación de los requisitos legales para su constitución. A través del gasto social, hay que elevar los niveles de educación y calificación de los trabajadores, tomando en cuenta los requerimientos del acelerado cambio tecnológico. La elevación del empleo, de la capacitación laboral y de la productividad del trabajo debe incidir en una progresiva recuperación salarial, para lo cual es necesario romper también las trabas corporativas y políticas y facilitar la libre contratación de los trabajadores.

En materia de educación y salud debe sostenerse, a pesar de la crisis, la política de extensión y elevación de la calidad de los servicios que en otros periodos permitió alcanzar notables avances. Ello supone incluirlos como prioridades nacionales y destinar los recursos necesarios para su mejoramiento cuantitativo y cualitativo. La acción pública debe concentrarse hacia los sectores más desprotegidos, buscando incidir particularmente en la situación de las mujeres, niños, ancianos, la marginación rural y urbana y los grupos étnicos. Es necesario incorporar a ese esfuerzo nacional a los sectores privado y social por medio de políticas de coordinación que permitan aprovechar las experiencias y potencialidades contenidas en ellos. Destaca el papel asumido en la lucha contra la marginación y la pobreza por una amplia red de organizaciones no gubernamentales que es necesario valorar y reconocer.

Un desarrollo económico autosustentado requiere de establecer y sostener una política industrial activa que consista en fomentar las ramas económicas competitivas que tengan efectos en el mercado interno, en el empleo y en la reconstitución de cadenas productivas, estableciendo regulaciones y normatividades. Es necesario también modificar la política fiscal que sigue el gobierno y que privilegia la captación de recursos a través de impuestos indirectos como el IVA y de la gravación a los causantes cautivos, es decir los asalariados. Éstos aportan el 62 por ciento del total de los impuestos directos, con lo cual es evidente sobre quién recae la carga fiscal. Es inaceptable, en cambio, que las grandes empresas y, más aún, la especulación bursátil, paguen las mismas tasas impositivas que los asalariados o inclusive estén exentos de impuestos. Hay que revertir ese sistema fiscal gravando las ganancias especulativas y financieras y desgravando el consumo, sobre todo el consumo popular, para reactivar la economía y reorientar las inversiones hacia la producción.

La catastrófica situación del campo exige un tratamiento especial, orientado con perspectivas estratégicas. La solución a la crisis agrícola implica desarrollar una política integral que dé prioridad a los productores, ya sean propietarios o ejidatarios y que sirva a los intereses nacionales. La reactivación de la agricultura implica las siguientes medidas: a) la recuperación relativa de los precios de los productos agropecuarios a fin de incentivar la producción y permitir a los productores ser nuevamente sujetos de crédito; b) reestructurar los adeudos vencidos conforme a la capacidad de pago de los productores y apertura de nuevas fuentes de crédito; c) reactivar la inversión pública en infraestructura y fomento rural y d) diseñar una política general de precios, insumos, créditos, etcétera, que tienda a propiciar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria.

La recuperación agrícola supone también la preservación de las formas comunal y ejidal, así como la eliminación del latifundio. En una situación como la mexicana, donde los recursos escasos son la tierra y el capital, no la mano de obra, no puede aplicarse una política de concentración en grandes unidades que priorice las economías de escala para ahorrar trabajo. Es preciso conservar en el campo la mayor cantidad de empleos posible, sin demérito de otras formas de elevación de la productividad. No sólo por razones de justicia social sino también de orden económico, sigue siendo necesaria la revisión del actual artículo 27 constitucional con un sentido democrático en beneficio de las masas campesinas y se la eliminación de todas las formas de concentración de la propiedad agraria, de los productos de la tierra o de sus beneficios.

Finalmente, una reflexión acerca de la violencia. Ésta representa indudablemente un retroceso en la situación del país y en los esfuerzos de diálogo y concertación entre las cada vez más complejas y diversas fuerzas sociales y políticas; pero no es tampoco un fenómeno que se pueda erradicar con sólo medidas de contrainsurgencia y represión. Para suprimir el desafío que las nuevas formas de inconformidad política están presentando, y que podrían haber llegado para quedarse, es preciso modificar las condiciones sociales que hacen posible esa violencia, y que tienen su origen en las enormes desigualdades que se han reproducido en el orden económico y social hasta llegar a escindir profundamente a la sociedad mexicana. La violencia rebelde que hemos empezado a presenciar desde 1994 y que parece ir en una escalada, es hija, ciertamente, de la radicalización política e ideológica de pequeños grupos; pero esta radicalización es efecto, a su vez, de la subsistencia de un orden económico-social de injusticia y de la dilación en la solución de los grandes problemas nacionales pendientes.

En este sentido, el riesgo, ya presente, es que ese tipo de violencia, al igual que la que se ha generado en el interior de las élites políticas, se integre como un componente de la hasta hoy inacabada transición política. Es decir, que tengamos que habituarnos a vivir con ella mientras la crisis del régimen, crisis como hemos dicho terminal, no desemboque en una reforma profunda y sustancial de las instituciones y del pacto social que les da sustento.

Coyoacán, D. F., 31 de agosto de 1996