Eduardo Nava Hernández

La fiebre de los debates recorre las campañas electorales. Lo que algunos ven como un verdadero avance democrático, y otros como una simple imitación de los usos y costumbres que nos vienen del norte, amenaza con convertirse en uno de los fenómenos novedosos y espectaculares de la contienda por la Presidencia; en una verdadera moda, que no sabemos si llegue para quedarse.

     ¡A debatir todos! Es la consigna de la presente campaña. Nadie puede resistirse ni oponerse, so pena de lesa democracia, y no ha faltado quien se atreva a proponer que se reglamenten los debates a través de alguna norma legislativa.  

     Con su “invitación a todos los candidatos a la Presidencia a debatir” con él sus propuestas, el todavía precandidato del partido oficial, Luis Donaldo Colosio, abrió por primera vez en las campañas presidenciales en México, la posibilidad de una polémica verdaderamente fructífera entre los abanderados de las diferentes opciones políticas. En el curso de los últimos días, los presidenciables de prácticamente todos los partidos han coincidido en promover la confrontación directa de sus ideas y programas frente al gran público, empleando preferentemente para ello las ondas y pantallas televisivas.

     Desde tiempo atrás, la oposición han sugerido y hasta demandado el debate directo con los abanderados presidenciales del partido oficial, sin que hasta ahora estos últimos hubieran aceptado jamás tal posibilidad, presentando argumentos más bien sosos e insustanciales: que el “debate” se daba de cualquier modo en las propuestas contenidas en las propias campañas, o que las cámaras legislativas eran la tribuna donde de por sí se confrontaban las posiciones de los diversos partidos, etcétera, etcétera. Consideraban que cualquier comparecencia de esa naturaleza sólo haría “el caldo gordo” a la oposición, a la que no le reconocían el merecer la atención directa de los candidatos oficialistas. Lo novedoso es, entonces, que en esta ocasión el aspirante del PRI haya anunciado su intención de participar en la confrontación directa de ideas, lo que podría ser el comienzo de una suerte de institucionalización de los debates televisados entre candidatos, como los que se practican desde hace ya tres décadas —por supuesto— en los Estados Unidos, o como el que se dio recientemente entre el vicepresidente Albert Gore y el opositor texano Ross Perot acerca del TLC.

     Dada la situación política de México, es difícil que un debate o varios, televisados o difundidos por otros medios, sean un factor determinante en los resultados de la elección (como sí ha ocurrido en los Estados Unidos), los cuales dependen en realidad de muchos otros factores, algunos de ellos poco relacionados con lo ideológico, lo doctrinario o lo propositivo. Por otra parte, el hecho de sentarse juntos a discutir dos o más candidatos frente a los medios masivos, no eliminará las enormes desigualdades en cuanto a recursos, utilización de medios institucionales, tiempo en radio y televisión, espacios en la prensa, etcétera, entre el candidato oficialista y sus adversarios, es decir, no implica una equiparar realmente las condiciones de las diversas campañas.

     Pero eso tampoco quiere decir que los debates sean actos simplemente frívolos, circenses. No sobrevalorando la importancia que puedan tener, todos deberían estar de acuerdo en apreciarlos como un mecanismo más de comunicación entre candidatos, partidos y electores, y como una fuente más de información hacia estos últimos, un elemento más que eventualmente puede enriquecer la politización de grandes sectores del pueblo.

     La actitud de los candidatos y partidos frente a la propuesta de debatir, no deja, empero, de tener matices reveladores. En principio, quienes se pronuncian por fortalecer el pluralismo en el país y acabar con el sistema de partido de Estado, deberían estar, teóricamente, en favor de una apertura total de los medios de comunicación masiva y el debate más amplio. Ello corresponde, por lo demás, al interés de todos los partidos minoritarios. Por eso, no extraña que, a través de su vocero nacional, el Partido Demócrata Mexicano, por ejemplo, se diera por convidado a debatir con los demás aspirantes (La Jornada, 2 de diciembre, pág. 14), o que Cecilia Soto, candidata del Partido del Trabajo anunciara que ha enviado ya invitaciones a debatir a Cárdenas, Fernández de Cevallos y Colosio.

     Sin embargo, aun en un tema como este, han reaparecido, peligrosamente, las posiciones excluyentes,  provenein de quienes sólo aspiran, quizás, a sustituir el régimen actual por el bipartidismo o el tripartidismo. Diego Fernández de Cevallos, por ejemplo, opinó abiertamente que el debate debería ser tan sólo entre los aspirantes del PRI, PAN y PRD, y que los candidatos de los demás partidos han de buscar otros medios para dar a conocer sus planteamientos.

     Más lejos llegan los voceros perredistas, que se revelan ahora, a despecho de sus posiciones programáticas y de anteriores declaraciones, como insospechados defensores del bipartidismo (ellos y el PRI). Roberto Robles Garnica, coordinador general de la campaña cardenista, descartó la posibilidad de que su candidato presdidencial (sí: el mismo que sólo está dispuesto a hablar con el patrón, no con los empleados), se rebaje a discutir sus propuestas con alguien más que no sea el postulado presidencial del tricolor (La Jornada, 1º de diciembre, pág. 5). Y el propio Cuauhtémoc Cárdenas, armado con la peregrina idea de que sólo existen dos proyectos de nación que se confrontarán en las elecciones del 21 de agosto próximo, dijo no tener ningún interés por debatir más que con el candidato oficial (La Jornada, 4 de diciembre de 1993).

     Los debates, y el debate sobre los debates, pueden ser un buen ejemplo de los obstáculos que aún se interponen a la construcción de un orden político pluralista, que corresponda a la pluralidad realmente existente en la sociedad mexicana, y que no se reducen a solamente acabar con el partido de Estado. ¡Falta tanto para asumir la cultura democrática!

Morelia, Michoacán, 8 de diciembre de 1993.

*Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 10 de diciembre de 1993.