Eduardo Nava Hernández
Una interesante nota de la revista estadounidense Forbes, reseñada aquí por un cable de la agencia Notimex, podría comenzar a cambiar la percepción que de nuestra economía tenemos los mexicanos. Según la publicación —una de las más importantes del mercado de información económica en los Estados Unidos—, México se consolidó en 1992 como el primer “productor” mundial de multimillonarios; a partir de ese año, trece de sus familias se cuentan dentro del selectísimo club mundial de quienes miden sus capitales en miles de millones de dólares (Cambio de Michoacán, 28 de junio de 1993). Por su número de multimillonarios, se colocó nuestro país dentro de un honroso cuarto lugar mundial, después de los Estados Unidos (108), Alemania (46) y Japón (35).
Ello significa que, en sólo un año, logró México duplicar su número de archimillonarios (hasta 1991 teníamos sólo siete), y colocarse detrás de las superpotencias económicas, superando a muchos otros países de más antigua tradición en asuntos de riqueza. Encabeza nuestra plutocrática lista, desde luego, Emilio Azcárraga Milmo, propietario de Televisa y sumo sacerdote de la cultura nacional, cuya fortuna pasó en sólo doce meses de 2 800 a 5 120 millones de dólares. El incremento, del 83 por ciento, le permitió al famoso “Tigre” subir de golpe 50 lugares en la escala internacional del capital, para colocarse en el puesto 19 del mundo. Le siguen Carlos Slim (Telmex, Sanborns), con 3 700 millones de dólares y ubicado en el lugar 36 del hit parade de la opulencia; las familias Garza Sada y Garza Lagüera, con propiedades por 3 mil millones y en un honroso sitio 56; la familia González Nova (Comercial Mexicana), con 1 500 millones; Angel Losada (Gigante) con 1 300; Lorenzo Servitje (grupo Bimbo) y Jerónimo Arango (grupo Cifra) con 1 100 millones cada uno.
Son ellos quienes, con algunos otros notables, integran el círculo de los 27 más ricos de país, cuyas propiedades equivalen al 22.4 por ciento del valor anual de la producción de 1992, según información de la Bolsa Mexicana de Valores (La Jornada, 26 de abril de 1993). Cada uno de estos afortunados hombres —dicho sea con toda literalidad— posee, en promedio, 8 296 millones de nuevos pesos, equivalentes al ingreso de más de 750 mil trabajadores con percepciones de dos salarios mínimos, que es el promedio de las remuneraciones en el sector formal de la economía del país.
Otra información confirma que los últimos años han sido de consolidación de la oligarquía financiera en el país. En la Bolsa Mexicana de Valores existen alrededor de 22 grupos integrados, que tienen intereses tanto en la industria como en las finanzas, y que controlan el 98.35 por ciento del mercado accionario y la totalidad de la banca reprivatizada, con 4 404 sucursales y 16 millones 238 mil cuentas (El Financiero, 5 de abril de 1993). Tan sólo los 14 más importantes de esos grupos cuentan con una riqueza, si se contabilizan sus activos, de 285 mil 500 millones de nuevos pesos, es decir el 28.5 por ciento del PIB de 1992.
En contraste, pero no en contradicción con tal fastuosidad, el conjunto de los salarios representó en este mismo año de 1992 sólo el 27.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), es decir, ocho puntos menos que una década antes, cuando alcanzaban el 35.2 por ciento. No es ningún misterio entender, entonces, cómo y para quién se ha dado la endeble pero real recuperación de la riqueza, y cómo se correlacionan las bajas remuneraciones al trabajo (¿mito genial?) con el más acelerado y drástico proceso de concentración de la riqueza que se recuerde en la historia del país desde el porfiriato. No se engaña al respecto la revista Forbes cuando sostiene que “el incremento de la riqueza en México puede ser explicado con una palabra: Salinastroika, una reforma de arriba a abajo lanzada en 1989 por el presidente Carlos Salinas de Gortari”.
Lo que llamamos convencionalmente “neoliberalismo”, y que ha tenido efectos semejantes de reconcentración del ingreso, lo mismo en México, que en los Estados Unidos del reaganomics, en la Inglaterra del thatcherato y en prácticamente todos los países, no es sino la restauración de la plena vigencia de las leyes del mercado y de la acumulación capitalista, sin los efectos redistribuitivos que la intervención estatal y las políticas socialdemócratas introdujeron desde la década de los cuarenta hasta la de los setenta. La liberalización económica ha restablecido plenamente, y con brutal violencia para la mayoría de la población, las tendencias a la polarización de la economía: concentración de la riqueza y distribución de la pobreza.
En estas circunstancias, vale la pena reflexionar acerca del discurso empresarial, que va convirtiéndose cada vez más en inadecuado a la nueva situación que nos revela la información de Forbes: “No se puede ya concebir a México como del tercer mundo, mientras su industria se vuelve más avanzada y su clase media se ensancha (¿?), los mexicanos invierten en casa en vez de mandar capitales al extranjero y el capital foráneo fluye a México; se está creando gran riqueza”. Para la gran burguesía y sus voceros, México enfrentará o enfrenta ya lo que en el chocoso lenguaje de la tecnocracia llaman el “reto” de la productividad. Se habla de que lo que el país necesita es crear primero la riqueza y después distribuirla, cuando la realidad parece ser otra: lo que la experiencia mexicana muestra es la gran capacidad social —es decir, sobre todo de su clase trabajadora— para crear riqueza, pero que no ha ido acompañada de una adecuada distribución del ingreso. ¿Será el “reto” para la presente década el seguir incrementando simplemente la productividad en beneficio de unos pocos o, por el contrario, el emprender una transformación sustancial que modifique los actuales patrones de acumulación, con toda su injusticia?
Morelia, Mich., 8-9 de julio de 1993.

Deja un comentario