Eduardo Nava Hernández
Reseña de
DABAT, Alejandro (Coordinador), México y la globalización.
Cuernavaca, UNAM, Centro Regional de Investigaciones Interdisciplinarias, 1984.
287 pp.
Este libro reúne, según se dice en la Presentación, un conjunto de trabajos realizados por investigadores de diversos centros de México y la Argentina dentro del programa “Cambio Mundial e Internacionalización desde la Perspectiva Latinoamericana y Mexicana”, con sede en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM. En su conjunto la obra es, puede decirse, un ejemplo representativo de una corriente de análisis marxista del proceso de globalización desde la prespectiva de América latina y en especial de México, que se ha venido desarrollando desde hace por lo menos quince años.
La mayor parte de los trabajos agrupados aquí fueron presentados inicialmente al Seminario sobre Globalización Mundial y sus Consecuencias para México que se efectuó en ese centro de investigación y en la Facultad de Economía de la UNAM en diciembre de 1992. Han sido actualizados para esta publicación de 1994.
A pesar de tratarse de una obra colectiva, destaca la coherencia y homogeneidad en la perspectiva de los diversos autores, inscritos dentro de una visión analítica sólida y convergente en sus conclusiones.
Visto en su conjunto, el volumen es una documentada problematización de la economía mexicana en el contexto mundial actual. Este contexto no es simplemente de globalización, sino de crisis, una crisis mundial que presenta cuatro grandes aristas:
– La crisis de la economía capitalista que, desde hace veinte años se mantiene en la fase descendente del ciclo largo, con recaídas prolongadas y breves recuperaciones, y que desde 1990 se expresa como una recesión aguda de las principales economías mundiales. Es la expresión, también, de la declinación de los Estados Unidos como centro de la economía mundial y de la ausencia de mecanismos de estabilización de ésta en torno a un nuevo centro rector de la acumulación.
– El derrumbe de los regímenes burocrático-estatistas como consecuencia de un prolongado estancamiento y esclerosamiento de su sistema político, incapaz de promover oportunamente las reformas internas requeridas para su modernización. La caída del llamado socialismo real ha tenido tres efectos principales sobre la economía mundial: a) la reunificación del mercado mundial capitalista; b) la desaparición del respaldo político militar para los países periféricos confrontados con las potencias capitalistas; y c) el colapso de la economía estatizada como modelo alternativo a la economía capitalista.
– La emergencia ecológica mundial que afecta tanto a los países pobres como a los ricos y que se manifiesta en: a) la destrucción de los bosques tropicales; b) el calentamiento del clima a causa del llamado “efecto invernadero”; c) el adelgazamiento de la capa de ozono que protege a la biosfera de los rayos solares; d) la progresiva destrucción de la bio-diversidad; e) la contaminación de los mares y ríos; y f) la reaparición de enfermedades epidémicas que se creían superadas.
– El derrumbe del orden bipolar de la posguerra y el desorden mundial actual, que se deriva de la inexistencia de una potencia hegemónica capitalista capaz de imponer su superioridad sobre el conjunto de la economía mundial y que abre un espacio de aguda competencia entre las potencias y bloques económicos del mundo.
De esta crisis emerge un amplio proceso de cambio que, hasta ahora, muestra estar dominado por las siguientes tendencias:
– Una nueva revolución tecnológica que ha permitido arribar a un régimen superior de producción, pero cuya difusión a nivel mundial está limitada a las economías más desarrolladas y a algunos sectores del resto de los países.
– La globalización y la nueva polarización del mundo; esto significa que se debilita el mercado nacional como núcleo del comercio y adquiere una nueva dimensión el mercado mundial, “las empresas transnacionales se ven forzadas a ampliar sus alianzas estratégicas y los estados nacionales a conformar bloques comerciales regionales para ampliar el espacio económico y competir más eficazmente”[1]. El mercado mundial tiende a organizarse en torno a grandes polos: Japón, Alemania y los Estados Unidos; pero también en torno a nuevos espacios regionales: el oriente de Asia y en especial los países de la ASEAN y China, América Latina reorganizada en pactos comerciales (Mercosur y el Pacto Andino), el TLC de América del Norte, etcétera.
– La transformación de los estados nacionales a causa de dos tipos de tendencias: internamente, por los procesos de privatización, desregulación, desburocratización y refuncionalización; en lo exterior, por la creciente exigencia de competitividad internacional y la adecuación del concepto de soberanía a los nuevos requerimientos de la globalización y los bloques regionales.
Dentro de este contexto, México se ubica como una economía de desarrollo intermedio o como uno de los que Alejandro Dabat llama “nuevos capitalismos emergentes”, caracterizados por “la combinación de significativos niveles de desarrollo industrial moderno con enormes rezagos sociales pre o semicapitalistas”, por sus similares condiciones de integración a la globalización mundial; por la asunción en el último período de reformas económicas de corte neoliberal; y por una constante inestabilidad social y volatilidad de sus bases de acumulación.
México se ha incorporado a uno de los dos grandes proyectos de integración económica que existen en América, el TLCAN (el otro es el Mercosur, que abarca el área de Brasil, la Argentina, Paraguay y el Uruguay). Dabat lo caracteriza como un proyecto de largo plazo (10 a 15 años) que gira en torno a la economía de los Estados Unidos y que tiende a extenderse hacia el resto del continente a través de dos proyectos más amplios: la incorporación gradual de los demás países conforme al mismo modelo del TLCAN o la constitución de una red de acuerdos complementarios de libre comercio en torno a México, como con Venezuela y Colombia, Chile, Centroamérica y los países del Caribe.
Al TLCAN se ha arribado después de un complejo y tortuoso proceso de apertura comercial desde los años ochenta. De julio de 1985 a noviembre de 1987 se inicia la liberalización de importaciones, paralelamente a las negociaciones para ingresar al GATT. Es, para Miguel Ángel Rivera, “la etapa preparatoria durante la cual se hacían signos enérgicos en pro de la apertura comercial, pero los cambios efectivos fueron más bien modestos”[2]. La apertura a fondo se inicia a fines de 1987, en medio de la crisis de la bolsa de valores y de una coyuntura que amenazaba con llevar a un proceso hiperinflacionario. La respuesta del gobierno y los grupos monopólico-financieros fue integrada por el Pacto de Solidaridad Económica como un acuerdo de estabilización y modernización y por la apertura comercial.
Para la industria, al menos para las empresas más grandes, la apertura comercial, apoyada en una sobrevaluación moderada del peso, significó en esa primera fase la posibilidad de reconversión tecnológica adquiriendo nuevos medios de producción a precios de mercado mundial.
Contra lo que se ha supuesto, la apertura no ha producido un efecto desindustrializador para el sector manufacturero en su conjunto, ya que la disminución de la producción en algunas ramas se compensó con el crecimiento de otras, sostiene Miguel Ángel Rivera con apoyo en información del Sistema de Cuentas Nacionales. Los efectos de la apertura se han resentido en el sector de textiles, prendas de vestir y cuero, productos de madera, metalurgia básica y maquinaria no eléctrica, electrodomésticos y electrónicos. La producción se ha mantenido estable en productos de hule, vidrio, muebles metálicos, equipos y aparatos eléctricos y maquinaria eléctrica. Han crecido, en cambio, las ramas química, de derivados del petróleo y plásticos, cemento, automovilística y equipo de transporte.
Para el consumo, la apertura comercial ha sido un instrumento auxiliar en el control de la inflación que también ha operado cambios en las pautas de operación de la industria[3].
Sergio de la Peña explica más detenidamente los significados del TLC en el que México se ha comprometido. Éste sería, según el, una “tabla de salvación” que permitiría a México incorporarse a la globalización y estabilizar su economía. La integración con América Latina resulta inviable para nuestro país por el momento, dada la debilidad de sus estructuras productivas y comerciales, que ya ha hecho fracasar anteriores intentos. Para los Estados Unidos, el interés en el TLCAN estriba en que México es “Una pieza fundamental para su relanzamiento a la competencia, como mercado potencial. También hay interés geopolítico de seguridad y por establecer relaciones menos ríspidas con un vecino difícil”[4].
Para De la Peña, el TLC es un proyecto viable, acertado como idea, pero cargado de “elementos ofensivos para importantes sectores de la población mexicana” debido a los errores de negociación[5]. Su mayor defecto es el carecer de previsiones suficientes para compensar las asimetrías entre ambas economías y los desajustes que han de sobrevenir. Resume:
Los saldos en el corto, mediano y largo plazo del TLC serán positivos para México si hay la habilidad de rescatar las ventajas que se abren. No es fácil pero no hay alternativa, excepto el atraso sin fin, con los costos de miseria y marginación que conocemos muy bien. El TLC constituye la posibilidad de escapar al subdesarrollo por la vía corta, sobre todo si se retoma la dirección de la economía. (p. 145)
El mayor inconveniente es la posibilidad de que el TLC elimine cientos de miles de puestos de trabajo, frente a lo cual se requiere de un plan de ocupación vigoroso que no deje el problema a las fuerzas del mercado y que aplique compensaciones acordadas regionalmente. Para los trabajadores, es muy viva la amenaza de la pérdida de empleos y de derechos y prestaciones; pero también el hecho de que la presión externa empujará hacia salarios más altos y de que la defensa de las condiciones laborales se tenderá a hacer a través de alianzas internacionales y avances democráticos internos.
Los trabajos de Jorge Basave Kunhardt[6] y de Carlos Morera Camacho[7] se encuentran estrechamente ligados entre sí. Basave plantea la hipótesis de que la asociación con capitales extranjeros de punta y la inversión directa de capitales mexicanos en el extranjero son la punta de lanza de la globalización del capital oligopólico-financiero mexicano, aunque no representan por sí mismos un “proceso integral de globalización”, que es más complejo y está sólo al alcance de los grandes grupos empresariales a escala mundial. La asociación no es tampoco un fenómeno estrictamente nuevo; lo novedoso es la magnitud de estos procesos y, sobre todo, las condiciones internas e internacionales actuales en las que se desenvuelven estos procesos[8].
En términos generales, la estrategia financiera del capital privado en México durante los años 1983-1987, los procesos de centralización del capital iniciados en 1983 y las privatizaciones de empresas paraestatales, colocaron a los grandes grupos económicos privados en situación de afrontar la apertura y la expansión a los mercados externos con nuevas condiciones de fuerza[9]. Así, los flujos de inversión internacional empezaron a crecer a partir de 1991, colocando a México como el octavo receptor a nivel mundial y el primero entre los países en desarrollo, con 4 742 millones de dólares. En 1993 la inversión externa en nuestro país llegó a 15 600 millones de dólares, la mayor parte de ellos provenientes de los Estados Unidos. México llegó a ser también el segundo receptor de joint-ventures, sólo superado por Japón en el mercado mundial.
La característica de esta inversión, destaca Basave, es que representó en su mayor parte creación de empresas nuevas a través de coinversiones con el capital nacional. Entre 1989 y 1993 se crearon el 50 % del total de las 7 708 empresas de diversos tamaños que contaban con participación de capital extranjero a fines de esta último año.
Hasta marzo de 1994 se identificaron 122 asociaciones, de las cuales 104 pueden considerarse como estratégicas[10]. 94 de estas últimas tienen carácter productivo, comercial y financiero, y 10 solamente comercial y financiero.
Para el conjunto -sostiene Jorge Basave- es importante destacar las condiciones de fuerza del capital nacional sobre las que se realizaron las asociaciones, ya que salvo un caso en el que el control quedó en manos del capital extranjero (Pepsicola Co./Grupo Gamesa) y otro de control compartido por partes iguales (Bimbo/Mrs. Bairds), en todos los restantes 92 casos el control mayoritario es del grupo nacional.
En 73 de estos casos la asociación se realizó por medio de la adquisición de acciones del grupo mexicano por parte de las compañías extranjeras. Son 15 los casos de fundación de nuevas compañías y en los 6 restantes el grupo nacional compró la mayoría de las acciones de una compañía localizada en el extranjero o bien entre ambas fundaron una empresa fuera del territorio nacional.[11]
¿Cómo lograron los grupos empresariales mexicanos esa capacidad económica? Carlos Morera describe el proceso de reorganización del capital financiero mexicano a lo largo de los años recientes. Éstos, sostiene, iniciaron hacia 1987 su reestructuración para enfrentar la concurrencia internacional. Para ello, tuvo que modificarse la estructura de propiedad y administrativa de las empresas, adquiriendo un papel primordial el proceso de centralización del capital en los grandes grupos.
Para ello, eran necesarios cambios en la forma de administración, modernización de la tenencia accionaria, facilidad en el financiamiento para garantizar la afluencia de grandes flujos de crédito y un adecuado comercio por acciones, a lo cual, las únicas que por su naturaleza tienen acceso son las grandes sociedades por acciones. Para lograrlo, el gobierno adoptó diversas reformas constitucionales, nuevas leyes y medidas que transformaron radicalmente al sistema financiero, la propiedad y la estructura del capital y la forma de apropiarse del excedente económico (riqueza social generada), por parte de los grupos financieros.[12]
De las reformas operadas, destacan dos aspectos claves. Uno de ellos es el de los cambios en la estructura de la propiedad del capital, es decir, el proceso de centralización del capital que atraviesa por tres grandes momentos: el primero, iniciado a partir de 1983 con la privatización parcial de los grupos financieros nucleados alrededor de la banca y dentro de la cual las casas de bolsa jugaron un papel estratégico; el segundo es el de la venta de los Certificados de Aportación Patrimonial (CAPs o acciones de la banca) durante 1987; y el tercero fue, a partir de 1990, el de la privatización de Telmex, Cananea y la Banca, que se conjuga también con la apertura a la inversión extranjera. Ese proceso de reprivatización posibilitó la constitución de nuevas formas de propiedad y de una nueva oligarquía que reagrupa a una parte de la anterior, más poderosa y vinculada a los sectores productivos y financieros.
El otro aspecto es el que se refiere a las nuevas formas de gestión de los grupos empresariales.
A partir del predominio financiero que prevalece, realizan, de manera inédita, todas las formas de inversión productiva, financiera (mercado de dinero y de capitales), mercantil y patrimonial (inversión en acciones definitivas). En segundo lugar, garantizan la administración del grupo a través de la presencia, por lo regular, de los principales accionistas individuales como presidentes del consejo de administración del grupo (holding); en las entidades financieras del grupo y como directores generales de los mismos.[13]
Como consecuencia de estas reestructuraciones, los grupos financieros mexicanos presentan un nuevo perfil. Por un lado, la nueva estructura de propiedad se caracteriza por la socialización o pulverización de la propiedad y, al mismo tiempo, la centralización del control; por la consiguiente centralización de la oligarquía financiera; por su asociación estratégica con capitales extranjeros; y por la asociación subordinada de los trabajadores que aparecen formalmente como socios de la empresa a través de un fideicomiso sin derecho a voto. Los grupos financieros se han centralizado
a partir de la ley que les otorga, mediante la figura de las sociedades controladoras, la propiedad y el control de las asambleas generales de accionistas, y el derecho de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración de cada uno de los integrantes del grupo. La mencionada ley otorga la exclusividad de la propiedad de las acciones serie “A” para las personas físicas (grandes accionistas individuales y familiares o aristocracia financiera) y les garantiza el control de la misma con la propiedad del treinta por ciento de las acciones. Para el caso de las acciones “B” y “C”, el monto del capital que pueden adquirir los inversionistas no les permite acceder al control de la holding, además de que la gran mayoría de los inversionistas son institucionales, controlados por entidades financieras integrantes de un grupo nacional y extranjero, donde el máximo del capital social que pueden poseer es de un veinte por ciento.[14]
Por otra parte, se da un inédito predominio financiero en la reproducción ampliada del capital durante los últimos diez años que ha permitido a los grandes grupos optimizar sus inversiones en el mercado nacional y en el extranjero y consolidarse tanto en el aspecto productivo como en el del mercado de dinero y de valores.
El último ensayo que interesa reseñar aquí es el de José Vargas Mendoza acerca del proceso de endeudamiento en el período reciente[15]. Para el autor, México ha vivido una nueva etapa de endeudamiento exterior signada por el flujo de recursos provenientes de fuentes privadas por mediación de los mercados secundarios (emisiónm de bonos) y dirigidos fundamentalmente a las grandes empresas privadas.
Es, en algún sentido, la expresión de la recuperación del país como sujeto de crédito internacional que ha permitido que la deuda exterior creciera hasta alcanzar la suma de 130 mil millones de dólares en 1993. Es el reconocimiento de la banca internacional y los inversionistas extranjeros a la política de reestructuración desarrollada por México para dar salida a la crisis padecida durante los años ochenta y al proceso de asociación que representa la negociación del Tratado de Libre Comercio. Si bien el nuevo endeudamiento “tiene lugar en condiciones distintas y mucho más favorables a las imperantes a principios de los años ochenta, tal situación no deja de constituir todavía un peligro para el futuro de la economía nacional”, señalaba José Vargas en 1994[16].
Durante la década anterior, México perdió el acceso al crédito voluntario internacional, que sólo se recuperó a partir de 1988 y empezó a tomar fuerza en 1989 a través de la emisión de bonos que, según el autor, parece constituir la forma más importante de financiamiento internacional para las empresas públicas y privadas. Los prestatarios del mercado secundario lo conforman las grandes empresas monopólicas internacionales, gobiernos soberanos, la banca privada internacional y la banca multilateral; los prestamistas son los inversionistas en renta fija, fondos de pensiones, sociedades mutualistas, aseguradoras, personas físicas, grandes empresas, gobiernos, banca privada y organismos de la banca multilateral.
1991-1993 es el período de mayor endeudamiento de México por emisión de bonos. En 1991 el total emitido fue de 3 851.1 millones de dólares; para 1992 se emitieron 6 883.7 millones y en 1993 13 910.6 millones. Destacan en este período como entidades emisoras Bancomext con 2 180.8 millones de dólares, Pemex con 1 543 millones, Nafinsa con 1 084 y la CFE con 400 millones de dólares. Entre las empresas privadas destaca la emisión de Banamex por 1 795 millones, el grupo Cemex con 1 550 y Bancomer con 1 050 millones de dólares[17].
Así, a partior de 1990 se registra un nuevo crecimiento exponencial de la deuda, especialmente de la privada no bancaria y de la del sector bancario privado. Para 1994 el total de créditos del exterior ascendió a 136 019 millones de dólares.
Las razones de este crecimiento están estrechamente vinculadas a las necesidades de modernización de la planta productiva de las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, a los objetivos de expansión en otros sectores, así como a las alianzas estratégicas que están realizando la mayoría de los grupos monopólicos de nuestro país con empresas del exterior, de cara a las oportunidades que brinda la entrada en vigor del tratado deLibre Comercio entere México, los Estados Unidos y Canadá; sin olvidarse, desde luego, el parovechamiento que representa para ellas la obtención de créditos del exterior a tasas reales de interés más bajas de las que podría ofrecer el mercado nacional (…)
En algunos casos, como el del pago de los bancos que fueron vendidos a partir de 1990, los procesos de privatización implicaron grandes desembolsos que obligaron a los compradores a recurrir al endeudamiento exterior. Proporcionalmente, la deuda privada ha crecido de manera mucho más acelerada mientras que la pública ha tendido a reducirse, como un aspecto de la reestructuración global de la economía impulsada desde 1987.
Al analizar las repercusiones macroeconómicas de la deuda exterior mexicana, José Vargas Mendoza distingue el endeudamiento actual del que se dio en el período 1982-1988. En éste, el esfuerzo de ajuste gubernamental se enfocó al saneamiento de las finanzas públicas, la reprivatización de las empresas estatales y la apertura comercial suprimiendo los permisos de importación y sustituyéndolos por aranceles. La política crediticia fue contraccionista y de subvaluación del tipo de cambio; por un lado, se tendió a deprimir los niveles de la actividad económica y, por el otro, a promover las exportaciones mexicanas al tiempo que se desplomaban las importaciones paralizando así la planta productiva del país. A causa del estancamiento productivo, la relación deuda/PIB fue muy elevada en los años 1982-1988.
Pero, explica Vargas, “en la medida en que tomaron cuerpo las políticas gubernamentales, el producto interno bruto comenzó a repuntar, paralelamente a la revalorización del peso frente al dólar. Desde entonces la relación deuda/PIB medida en dólares corrientes comenzó a descender aceleradamente, como resultado de un proceso que expresaba no sólo la recuperación del crecimiento económico sino, sobre todo, la apreciación del tipo de cambio real de la moneda mexicana”. De representar en 1986 un 78.1 %, esa relación descendió hasta 35.9 % en 1992 y 36.3% en 1993. La relación intereses/exportaciones totales de bienes y servicios bajó también de 34.5 % que representó en 1986 a tan sólo 15.7 % en 1993.
El endeudamiento exterior en el período 1989-1994 se dio, pues, en un contexto distinto al de 1982-1988. En ese entonces, el problema del endeudamiento externo se combinaba con una serie de factores que afectaban el aparato productivo de la economía mexicana, entre ellos el creciente déficit financiero del sector público que alcanzó el de 16.9% como proporción del PIB, la inflación que alcanzó hasta 159.2% con respecto al año precedente y, por si fuera poco, la caída de la inversión bruta fija cayó en 8.9%, mientras el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzaba la cantidad de 4 878.5 millones de dólares.
Actualmente, el endeudamiento exterior continúa siendo un problema potencial para la economía mexicana -alertaba el autor en 1994-. No deja de ser preocupante la celeridad que está tomando el ritmo en que se están reendeudando la iniciativa privada no bancaria y bancaria, pues juntas rebasan un saldo externo de 46 610 millones de dólares hasta 1993 y, conforme datos estimados, para el primer trimestre de 1994 alcanzan la cantidad de 49 500 millones de dólares mientras que la deuda externa total del país rebasa los 136 000 millones de dólares y, al finalizar 1994, puede alcanzar la cifra de 150 mil millones de dólares. (…) la deuda externa de México continúa siendo un problema, porque la economía mexicana enfrenta todavía una serie de problemas que constituyen una amenaza para su estabilidad, entre los que sobresalen la existencia de altas tasas de interés en términos reales y el papel cada vez más usurero de la banca que se conjuga con la sobrevaluación del peso frente al dólar en más de 21% tomando como base 1990.
En esas circunstancias, el nivel del endeudamiento externo de México depende cada vez más del curso del tipo de cambio, pues una importante devaluación de la moneda nacional implicaría un incremento exponencial del servicio de la deuda medido en pesos, al tiempo que afectaría también la capacidad financiera de las empresas privadas para hacer frente a sus obligaciones con el exterior en términos del desembolso en pesos del pago del servicio de estos pasivos. En realidad, la deuda externa dejará de ser un problema en la medida en que México resuelva el problema de su crecimiento económico y el déficit en cuenta corriente de su balanza de pagos. Sólo bajo esta circunstancia podrá decirse que el endeudamiento externo es un problema secundario.[18]
Coyoacán, D.F., octubre de 1995.
[1] Alejandro Dabat y Miguel Ángel Rivera, “Las transformaciones de la economía mundial”, en A. Dabat (coordinador), México y la globalización. Pág. 29.
[2] Miguel Á. Rivera Ríos, “Apertura comercial y reestructuración económica en México”, en Op. cit. Pág. 155.
[3] Miguel Á. Rivera, Op. cit., pp. 162-167.
[4] Sergio de la Peña, “El T.L.C. una larga historia”, en A. Dabat, Op. cit. Pág. 142.
[6] “Asociaciones internacionales y proceso de globalización del capital en México”.
[7] “Los grupos de capital financiero en México y las transformaciones en la apropiación privada de la riqueza social”.
[8] J. Basave, Op. cit., págs. 172-173.
[10] El autor conceptualiza como estratégicas aquellas asociaciones que adoptan una intención de largo plazo, posiblemente permanente, y que tienen como objetivos el mercado interno tanto como los mercados internacionales. “Este tipo de asociaciones modifica la estructura organizativa de la empresa nacional y tiene un impacto en dos aspectos fundamentales: tecnológico y financiero. Se convierte por lo tanto en el sustento de una globalización de su capital”. Ibid., pág. 176.
[12] Carlos Morera, Op. cit., págs. 201-202.
[15] “El reendeudamiento externo de México: 1988-1994”. A. Dabat, Op. cit. Págs. 211-237.
[18] Ibid., págs. 226-227, 229.
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