Eduardo Nava Hernández

El 17 de noviembre, la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado hizo pública su ­demanda —que por lo demás coincide con lo expresado en declaraciones diversas por Cuauhtémoc Cárdenas— de que se convoque de inmediato a elecciones extraordinarias en Michoacán (“Elecciones extraordinarias, derecho irrenunciable del pueblo michoacano” Cambio de Michoacán, 18 de noviembre y La Jornada, 19 de noviembre). La solicitud no carece de rezones de incuestionable peso y de lógica impecable: “que los michoacanos cuenten con un gobernador electo mediante sufragio popular” y no con un interino designado por el congreso.

Sin embargo, en el contexto en que se enmarca, la propuesta perredista merece ser serenamente evaluada. Otros grupos y voces de la sociedad también deberían opinar acerca de la oportunidad y pertinencia de la propuesta, y por tanto sobre la significación que debiera darse al interinato.

La propuesta perredista da cuenta, ante todo, de un nuevo viraje en la política de ese partido y de un nuevo cambio de táctica en su lucha por el gobierno del Estado. Parece una iniciativa presentada sin considerar los antecedentes inmediatos y la situación actual del estado, y como si el propio PRD no tuviera ninguna corresponsabilidad en el establecimiento del interinato de Ausencio Chávez.

Recordemos. La reciente elección de gobernador y diputados locales dio lugar a una de las fases más agudas de la crisis política nacional, que ha tenido a Michoacán en el ojo del huracán durante ya seis años. La pugna por el gobierno estatal tensó particularmente durante un caliente verano a las fuerzas políticas del estado. El PRI y el gobierno echaron mano de los más conocidos recursos y también algunos nuevos, esta vez en estrecha alianza con importantes sectores de la iniciativa privada michoacana, para asegurar su triunfo. El PRD, por su parte, acudió ante las instancias legales, que fueron canceladas con siniestra torpeza como canales de resolución del diferendo poselectoral, y empleó luego todos los medios de presión a su alcance para impedir la consolidación del  nuevo gobernador en el poder.

La solicitud de licencia de Eduardo Villaseñor y el nombramiento de Ausencio Chávez como gobernador interino representaron una salida intermedia pero necesaria en ese conflicto. Se demostró que el PRD, que no tuvo fuerza suficiente para obtener la gubernatura, si pudo, en cambio, impedir que Villaseñor gobernara. El PRI, por su parte, salió seriamente lesionado por haber tenido que sacrificar a su abanderado, pero logró salvar del naufragio lo principal y conservar el mando del estado a través de una de sus más destacados militares. La virtud del interinato, reconocida por todos fue haber destrabado el conflicto y haber sentado las bases para que se abriera el dialogo., la sociedad michoacana encontró un respiro.

La figura legal escogida para retirar a Villaseñor, la licencia por un año, no podía menos que ser insatisfactoria; resolvió el problema inmediato, pero dejando en la incertidumbre el futuro político del estado, a pesar de que es claro para todos que el todavía presidente municipal de La Piedad con licencia y también diputado federal con licencia no volverá al frente del gobierno de Michoacán. Habría que recordar también que la fracción del PRD es el congreso no impugnó en su momento la solicitud de Villaseñor, ni tuvo en la designación de Ausencio Chávez ningún papel, porque se debatía entonces en el conflicto de asumir o no sus funciones legislativas; pero, por omisión, no puede eludir el haber aceptado los términos de la licencia de la designación, manejadas enteramente por los priistas. Más aún, el PRD festejó como un triunfo el que se hubieran dado esa salida al conflicto poselectoral.

La actual demanda de los diputados perredistas habla de una “crisis constitucional, (que) se evidenció con la calificación de las elecciones y hoy se agrava con la confirmación de un gobernador interino y la falta de precisión de las licencias [sic] al ejecutivo contempladas confusamente para el caso de los gobernadores electos que no pueden ejercer el cargo”, y también de “una verdadera quiebra de las instituciones jurídico-políticas vigentes en la entidad”. También afirma que “la nomina jurídico constitucional [sic], las leyes y reglamentos derivados de ella, se encuentran obsoletos y rebasados por la situación real que vive el estado”.

La elección del 12 de julio nunca fue impugnada en su conjunto por el PRD, ya que, según este partido, Cristóbal Arias había triunfado, y sólo reclamó que se repusieran, con determinadas modalidades los procesos de cómputo y calificación. Cuando Villaseñor asumió el cargo, se planteó, correctamente a mi juicio, la solicitud de desaparición de poderes. Ésta era procedente no porque se hubiera demostrado fehacientemente la llamada usurpación, ni la magnitud de fraude, cuyas evidencias nunca se hicieron públicas por los perredistas, sino simplemente porque en la calificación de los comicios no se cumplieron las formalidades constitucionales por los colegios electorales. Pero esto es válido no sólo para la elección del gobernador, sino también para la del Congreso. No fue, empero, impedimento para que el PRD acatara la licencia de Villaseñor y la designación de Chávez, surgidas de una legislatura tan cuestionable en su integración como la gubernatura misma. Tampoco se dio explicación alguna de por qué ya no se exigiría la desaparición de poderes, tras la caída del empresario piedadense. Lo consecuente con el enunciado de la crisis constitucional y de la obsolescencia de las normas jurídicas sería, quizás, aprovechar el interinato para promover reformas constitucionales y legales que permitan superar esa crisis; sin embargo, el diputado perredista Rafael Melgoza ha declarado enfático, que su partido no presentará iniciativa alguna para hacer transparentes las elecciones y que no ve “por qué tiene que haber problemas luego de las elecciones” (Cambio de Michoacán 22 de noviembre). Si esto es así, qué sentido tiene el convocar a elecciones extraordinarias de gobernador, sin haber sentado previamente nuevas bases para darle credibilidad a sus resultados …

• Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 24 de noviembre de 1992.