Eduardo Nava Hernández

La Universidad es una de las instituciones de enseñanza que, indudablemente, más han evolucionado en nuestro país a lo largo del siglo que toca ya a su fin. De ser en sus inicios un centro por excelencia destinado a la formación de las élites de la sociedad e “inspirada en una concepción eminentemente burguesa de la modernidad y de la educación, se ha transformado, sobre todo desde los años sesenta y setenta, en una institución de masas. Su estructura se ha modificado sustantivamente como resultado del desarrollo del capitalismo y de la nueva demanda de fuerza de trabajo calificada en los mercados laborales, y ello ha producido diversos efectos.

Por una parte, la Universidad se ha alejado cada vez más de sus orígenes elitistas y ha pasado a ser un espectáculo de la sociedad en su conjunto. En ella ya no convergen sólo los grupos adinerados, sino jóvenes pertenecientes a todas las clases sociales. Por ello mismo, en su interior tienden a reflejarse, en formas específicas, las contradicciones sociales, culturales, políticas y económicas de la sociedad capitalista que las contiene.

Por otro lado, la masificación, tanto de estudiantes como de maestros y trabajadores, plantea el problema de la administración universitaria. Los métodos de gestión de una institución cerrada hace tiempo que han dejado de ser adecuados para centros verdaderamente masivos de enseñanza como las universidades públicas con que hoy contamos. No faltan quienes, tradicionalmente, han querido seguir viendo a esta institución como sede del elitismo intelectual y cultural, que debe ser gobernada con procedimientos igualmente excluyentes; y bien es cierto que no se trata meramente de trasladar la democracia política de la sociedad al ámbito universitario; pero la modernidad en la universidad no puede dejar de tomar en cuenta las formas democráticas de participación en la administración y elección de autoridades.

En nuestras universidades, tan dependientes del sistema de partido de estado y concretamente en la Universidad Michoacana, sigue habiendo, empero, rasgos de patrimonialismo, ya totalmente obsoletos para los tiempos que corren. Contrariamente a lo que las burocracias universitarias suelen opinar, las prácticas democráticas son, por ello, la mejor garantía contra esa apropiación patrimonial de la institución y, por tanto, del cumplimiento de sus objetivos.

Viene al caso esta reflexión para referirnos a la situación que enfrenta una de las dependencias de nuestra universidad, la preparatoria “Isaac Arriaga”, donde existe un alto riesgo de politización debido al abuso en esas posiciones de poder.

El conflicto tiene su origen en un proceso no democrático de elección de consejeros técnicos profesores y alumnos, donde la dirección del plantel intenta sacar ventaja impulsando a candidatos que le sean adictos. La convocatoria, expedida el pasado 26 de octubre, por el director, ingeniero Rodolfo Lemus, parece claramente pensada para no propiciar una participación amplia y sí para conducir a un típico “madruguete”.

Fue publicada en dos momentos en que realizaba otro proceso de elección, el del consejo estudiantil de la preparatoria; no se cumplió con la publicación oportuna de los padrones de profesores y alumnos, y hubo exclusiones (“rasurados”) en esos listados; además, no se daba tiempo suficiente -sobre todo en el caso de los estudiantes- para recabar la documentación y realizar el registro de candidatos, y se concedían tan sólo 2 días (a partir del 2 de noviembre en que no hubo labores académicas) para realizar la difusión de candidaturas y programas en la comunidad escolar.

El 4 de noviembre, el consejo estudiantil y la sección sindical de profesores decidieron interrumpir el proceso cerrando las instalaciones de la preparatoria, que han mantenido en su poder desde entonces. La actitud del director se ha limitado a reiterar que en la convocatoria es válida y que deben seguir corriendo los plazos una vez que se reanuden las labores normales, sin dar oportunidad a reponer los procedimientos.

Un conflicto así, parecería muy sencillo de resolver mediante el diálogo, sobre todo tratándose de grupos universitarios; pero en vez de concluir con un arreglo en torno a una taza de café, ha tendido a politizarse, particularmente a causa de la vinculación orgánica del ingeniero Lemus con las llamadas Casas Espartaco, que no son sino la filial universitaria de la conocida Antorcha Campesina. Los métodos de presión de este grupo tienden a ver el problema no como un asunto de legislación y democracia universitarias, sino como la defensa de una posición política patrimonializada. Y no se puede olvidar cuantas veces Antorcha se ha visto involucrada en acciones de violencia contra otros grupos sociales. Corresponde a las autoridades universitarias proponer una rápida solución a este conflicto que, además de haber alterado ya las actividades académicas normales de la preparatoria 4, podría seguir una pendiente de politización y radicalización que lo haga más complejo y difícil de resolver.

• Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 18 de noviembre de 1992.