EL CIERRE DEL INGENIO DE PURUARÁN*
Eduardo Nava Hernández
El 6 de febrero de 1994, la prensa michoacana dio cuenta de una información dramática y sorprendente: la asamblea de los trabajadores y cañeros del ingenio de Puruarán habían tomado la decisión de llevar su demanda de que esa factoría fuera reabierta a la mesa de las negociaciones entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, y de adherirse a esa fuerza rebelde constituyéndose en destacamento armado si su demanda no fuera atendida[1]. La resolución de los cañeros volvió a convertir el problema social de esa región de la Tierra Caliente en el centro de atención para la opinión pública y el gobierno del estado, y revivió un conflicto que lleva ya dos años sin solución.
La insólita decisión de la asamblea de cañeros y trabajadores no se dio como un rayo en cielo despejado, sino tras una prolongada lucha, iniciada desde el 14 de julio de 1992, cuando la empresa, encabezada por el industrial neoleonés Alberto Santos de Hoyos, decidió cerrar Puruarán, dejar sin empleo a los obreros y concentrar toda la producción azucarera en el vecino ingenio de Pedernales. En su búsqueda, los trabajadores y ejidatarios de la región han recorrido, hasta ahora sin éxito, todas las formas de movilización y presión, mientras que el gobierno y la parte patronal se han sostenido en su postura de cerrar definitivamente la principal fuente de trabajo del municipio de Turicato y de la región entera. Durante meses de intensas movilizaciones, el avance en las negociaciones entre los obreros, el gobierno y la empresa ha sido virtualmente nulo, pese a que diversas vías para su resolución han sido exploradas y expuestas a la discusión de las partes, así como ante la opinión pública por los dirigentes de los azucareros de la región.
I
El de Turicato es uno de los municipios más pobres y marginados del estado de Michoacán. Con una extensión de 1 175 kilómetros cuadrados, contaba en 1990 con una población de 33 594 habitantes, diseminados en 283 localidades, 234 de las cuales no llegan a 100 pobladores. Puruarán, con más de 7 mil habitantes, es, con mucho, el principal centro de población, seguido por el poblado que, por otras razones, colocó desde 1982 a este municipio en las planas de la prensa nacional e internacional como destino de peregrinaciones y asiento de un singular y anacrónico conservadurismo religioso: La Ermita, también conocida como La Nueva Jerusalén[2].
El conjunto del municipio vive una situación de depresión social que lo ubica en el lugar número 14 entre los 20 municipios más marginados del estado[3]. El 54 por ciento de las viviendas tiene piso de tierra, el 64 por ciento no tiene drenaje, el 47 por ciento no cuenta con energía eléctrica y el 35 por ciento no dispone de agua potable. En 1990, el Censo registró más de un 33 por ciento de analfabetismo y un 37 por ciento de habitantes sin instrucción entre los mayores de 15 años. Sólo el 14 por ciento de los adultos contaba con instrucción primaria completa[4].
La mitad de la PEA del municipio se ubica en el sector agropecuario: en 1988 la Encuesta Nacional Agropecuaria contabilizó a 2 212 ejidatarios, un 99.7 por ciento de ellos con parcelas individuales[5], y en 1990 el Censo clasificó a 1 605 trabajadores como peones o jornaleros[6]. Los 17 ejidos existentes tienen la agricultura como actividad principal. Doce de ellos cultivan primordialmente el maíz y cuatro la caña de azúcar[7].
Tanto Puruarán como La Nueva Jerusalén superan en población a la cabecera municipal, Turicato, y conforman el eje que da vida y sustento económicos a toda la región: Puruarán cuenta con el 67.5 y La Ermita con el 19.2 por ciento de la población económicamente activa del municipio. No es ninguna exageración, entonces, el subrayar la importancia que el ingenio azucarero, con sus cuatrocientos trabajadores ha tenido para el municipio y la región en su conjunto.
II
El ingenio de Puruarán existe y ha animado a la región de Turicato por lo menos desde 1715. En la actualidad, se calcula que de él dependen alrededor de 3 000 familias, entre trabajadores, ejidatarios y prestadores de servicios de las 16 comunidades campesinas de la región. Según una versión, existe un decreto del 31 de enero de 1966, expedido por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que otorgó la propiedad de la ingenio puruarense a los ejidatarios cañeros de la región[8]. Pese a ello, la factoría siempre fue manejada como una empresa pública, hasta que en junio de 1991 el gobierno federal, a través de su paraestatal Azúcar S.A., la vendió al grupo empresarial Ingenios Santos, S.A. de C.V. Esta misma sociedad adquirió también los ingenios de Pedernales, en el vecino municipio de Tacámbaro, de Bella Vista, en Jalisco, y Alianza Popular en San Luis Potosí[9].
Después de operar el ingenio durante un ciclo agrícola, los nuevos dueños decidieron cerrarla definitivamente en julio de 1992, y concentrar toda la producción azucarera en Pedernales, a donde fueron también trasladadas partes importantes de la maquinaria y el equipo de Puruarán.
La clausura del centro de trabajo implicó el despido de 327 trabajadores y pronto se reveló como un golpe mortal para la vida económica de la región. Por esa razón, en agosto de 1992 los obreros decidieron tomar el ingenio para trabajarlo por su cuenta y realizar la zafra 1992-93, lo que lograron con muy buenos resultados de productividad a pesar del saqueo de la maquinaria y equipo por la empresa.
En marzo de 1993, los trabajadores, con el respaldo de los presidentes municipales de Turicato y Tacámbaro, y de diversas organizaciones sociales, se dirigieron al Presidente de la República para solicitarle la entrega del ingenio: “hemos gestionado”, le escribieron, “en coordinación con el gobernador de Michoacán y con los funcionarios del gobierno estatal y federal y representantes nacionales de cañeros y obreros, para adquirir por la vía de la compraventa esa fuente de trabajo, aceptando los adeudos por crédito de avío y se nos amplíen para la operación de la fábrica como sociedad anónima, entre cañeros y obreros. (…) Señor presidente, le pedimos nos haga entrega oficial del Ingenio Ejidal Puruarán y se nos otorguen los créditos necesarios para su operación, con el compromiso de hacer esta fuente de trabajo próspera y rentable, en beneficio de los habitantes de esta región”[10].
Para ese momento, la empresa Santos había iniciado ya en las páginas de la prensa una campaña que presentaba a los obreros como delincuentes y alertaba a la opinión pública de no comprar el azúcar que éstos estaban produciendo[11]. Se habían expedido ya, asimismo, las primeras órdenes de aprehensión en contra de por lo menos doce de los dirigentes del movimiento[12]. No obstante, el 19 de mayo, el Presidente del Congreso del Estado, Germán Ireta Alas, y los diputados de todos los partidos se comprometieron frente a los cañeros a interceder para que el ingenio no fuera cerrado[13]. Los comerciantes de la región, afectados indirecta pero gravemente por la clausura, ofrecieron por su parte financiamiento a los trabajadores del ingenio a fin de mantenerlo en operación. De quienes no recibieron jamás apoyo los cañeros fue de la CTM, titular del Contrato-Ley de la Industria Azucarera, ni de la CNC, a la que pertenece la Unión de Productores de Caña, donde los ejidatarios se encuentran organizados.
Según argumentaban el propietario Santos de Hoyos y el subsecretario de Agricultura, Pedro Enríquez Rubio, serían necesarios 4 mil millones de pesos para reparar y mantener funcionando el ingenio: una inversión inalcanzable para los trabajadores. Sin embargo, éstos lograron en muy poco tiempo reparar por sí mismos y hacer funcionar la maquinaria, y hasta elevar sustancialmente la productividad, virtualmente con su solo trabajo y a pesar de que una parte del equipamiento había sido sustraído y llevado a Pedernales por los administradores privados de la empresa. Hasta marzo de ese año, la administración obrera había logrado producir más de 260 toneladas de azúcar, con un rendimiento estimado de entre 6 y 6.9 por ciento, contra sólo el 3 por ciento durante la zafra en que el ingenio fue operado por la empresa Santos.
Los obreros tuvieron que enfrentar otros problemas, como el corte de la energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad. Decidieron en asamblea reconectar la energía, dado que ni siquiera había adeudo del ingenio con la CFE. PEMEX, por su parte, negó el suministro de diesel para la molienda, hasta que los estudiantes universitarios de Morelia presionaron y amenazaron con tomar las instalaciones petroleras en la capital del estado si no se abastecía de combustibles a Puruarán. Gracias a ello se obtuvo un único suministro que permitió mantener trabajando el ingenio durante algunas semanas[14]. La clínica 25 del IMSS en la región negaba el servicio médico a los cañeros, argumentando haber recibido instrucciones de otorgarlo sólo a quienes entregaran su producto al ingenio de Pedernales.
El 3 de julio de 1993, el gobierno estatal tomó por fin una resolución drástica. Aproximadamente doscientos agentes de la Policía Judicial del Estado penetraron en las instalaciones del ingenio para desalojar a los trabajadores que lo ocupaban y operaban, y aprehender a los principales dirigentes de los obreros. Al menos ocho personas fueron detenidas en el operativo policiaco, algunos dentro del ingenio y otros en sus domicilios, sin que se presentaran órdenes de cateo ni de aprehensión: el profesor Rolando Almonte Madrigal, Pedro Álvarez Reyes, Juan Cedeño Rodríguez, Rogelio Núñez Magallón, Juan Reyes Corrales, Alfonso Soto Uribe, Leopoldo Torres Botello y Lucio Vega Arriaga[15]. El objetivo inmediato era recuperar las instalaciones que los trabajadores mantenían en su poder y, en lo mediato, frustrar el movimiento reivindicativo de los obreros y campesinos.
Las imágenes de la Policía Judicial del Estado ocupando las instalaciones del ingenio de Puruarán, disolviendo las protestas de los trabajadores y aprehendiendo a los dirigentes laborales (imágenes inevitablemente asociadas a las del Ejército nacional en Cananea en 1989, y a las de la intervención policiaca en la planta Ford Cuautitlán), mostraron, una vez más, los límites de una política de concertación que se no se atreve a penetrar en el mundo de las relaciones laborales ni a tocar los bordes del interés del capital. El “peso de la ley”, deficiente frente a los narcotraficantes, violadores y asaltantes de caminos, se dejó caer brutalmente contra aquellos que cometieron el delito de defender su fuente de trabajo y la actividad económica de su región.
Con la acción represiva del 3 de julio, el Estado se encargó de ejecutar los designios de una lógica capitalista obtusamente orientada hacia la maximización de las ganancias, aun a costa del desempleo masivo y de frustrar violentamente una experiencia autogestiva que durante varios meses se mantuvo y desarrolló a contracorriente del neoliberalismo dominante. La culpa de los obreros y ejidatarios de Puruarán, de sus familias y de la población de esa zona en general, ha sido participar en la revitalización del ingenio y desafiar las decisiones, inspiradas no siquiera en el productivismo sino simplemente en el lucro, de uno de los grandes barones del capital en el país y beneficiario de la política de reprivatización de la industria azucarera.
Desde entonces, los cañeros han efectuado plantones, marchas y diversas movilizaciones en la capital del estado y en el Distrito Federal. Por esas vías, los trabajadores del ingenio han manifestado su disposición a comprar la factoría, contando no sólo con la solidaridad sino aun con el apoyo crediticio de otros grupos, entre ellos la Cooperativa de Refrescos Pascual. La actitud gubernamental y de la parte empresarial fue durante muchos meses negarse a pactar con los trabajadores inclusive una venta a los mismos precios a los que el ingenio fue vendido hace tres años a la empresa privada y exigir, en caso de hacerse la operación, un precio que cudruplicaría lo pagado en 1991 por Santos de Hoyos y sus asociados. Las privatizaciones recientes, hijas de la reestructuración neoliberal del capital, no han implicado simplemente un cambio de manos; han representado también la renuncia del Estado a tutelar derechos sociales que otrora se consideraban firmemente consagrados. La responsabilidad del gobierno federal, como promotor de la desincorporación, contraparte de la operación de compra-venta y garante del cumplimiento de los términos pactados, entre ellos el de conservar la fuente laboral, es en este, como en otros casos semejantes, irrenunciable.
III
¿Cómo se explica la radicalidad de la lucha en torno al ingenio de Puruarán? El problema puruarense ha mostrado de diversas maneras la gran conflictividad social y política que lo rodea.
Uno: Al oponerse los obreros y ejidatarios a la decisión del empresario Alberto Santos de Hoyos de cerrar la factoría, dejar sin ingresos a más de mil familias y sin actividad económica a la región, cuestionaron el derecho mismo de propiedad (jus utendi et abutendi, derecho de uso y abuso) que ampara al capital privado. Contrapusieron a ese derecho una lógica de racionalidad social: la sobrevivencia de las familias que dependen de la actividad del ingenio y de un poblado que desde 1715 lo ha tenido como centro de su actividad económica.
Dos: Con la operación autogestionaria del ingenio, los trabajadores han puesto en cuestión, también, la supuesta superioridad del capital privado en la operación de grandes empresas y en la elevación de la productividad. Se había dicho que la modernización del ingenio requeriría una inversión de 4 millones de nuevos pesos; los obreros lograron mantenerlo funcionando y hasta elevar sustancialmente la productividad, virtualmente con su solo trabajo y a pesar de que, al decidirse su clausura, una parte del equipamiento fue sustraído por la administración privada. En Puruarán la gestión obrera logró durante la zafra 1992-1993 encadenar eficientemente las distintas fases del proceso: el abastecimiento de caña, la producción del azúcar y la distribución comercial del producto, y superar los obstáculos que se interpusieron a los trabajadores, como el que PEMEX cortara los suministros de combustibles y la Comisión Federal de Electricidad el de energía eléctrica, mientras el IMSS negaba los servicios médicos a los obreros aun estando éstos al corriente de sus cotizaciones. Además, la decisión de operar la factoría mostró contar con el respaldo de la gran mayoría de los sectores sociales de la región.
Tres: la administración obrera constituyó una denuncia y un cuestionamiento práctico y actuante a la política de reprivatizaciones. Replanteó in actu la vigencia del sector social como alternativa de producción, para la industria azucarera en su conjunto y, por extensión, para otros sectores de la economía.
Cuatro: Los trabajadores azucareros mostraron la ineludible y enorme responsabilidad del gobierno federal en el curso de las operaciones de reprivatización. En este caso, un ingenio estratégico para la economía regional fue puesto en manos de un nuevo propietario que, lejos de capitalizarlo e invertir en él, y aun violando las cláusulas del convenio de compra-venta, desea cerrarlo, ante la complacencia de las autoridades que diseñaron y efectuaron la operación. Por eso los obreros han acudido al gobierno federal, a los poderes ejecutivo y legislativo de Michoacán y al mismo Presidente de la República para demandar que el ingenio les fuera entregado, y manifestar su disposición a comprarlo y operarlo cooperativamente. El capital y el Estado saben bien que eso significaría empezar a debilitar el monopolio azucarero del que Santos de Hoyos forma parte destacada.
IV
La motivación que anima a los cañeros y azucareros puruarenses es su tenaz empeño por conservar y asumir el control de la producción cañera, frente a las ofertas gubernamentales de derivar el empleo en la región hacia microindustrias y talleres, esos sí, de dudosa productividad y viabilidad económica.
El proceder del movimiento cañero de Puruarán no deja de tener antecedentes en las luchas sociales vividas en otros ingenios del país donde se han dado diversas formas de ocupación. El más ilustre de esos antecedentes, no por remoto menos significativo en la coyuntura actual, dada la adhesión de los trabajadores de Puruarán al zapatismo, es la actitud de los propios campesinos zapatistas en el Morelos de la Revolución. El esfuerzo de mantener en operación el ingenio, las prácticas autogestionarias y la alianza obrero-campesina en torno de ese objetivo, que se asemejan a las prácticas del zapatismo originario, dan una gran veracidad a la actual reivindicación zapatista de los cañeros michoacanos[16].
La unidad obrero-campesina que ha caracterizado a la movilización puruarense, y la asamblea popular integrada por los cañeros y trabajadores del ingenio, como instancia de dirección por excelencia en el movimiento, se asemejan también al tipo de organización practicado por los zapatistas y expresado formalmente en la Ley sobre Derechos y Obligaciones de los Pueblos y de las Fuerzas Armadas del Ejército Libertador del Sur, de 1917. Se establecía ahí la participación tanto de los miembros de las comunidades y pueblos campesinos de cada región como de los trabajadores de los ingenios, proletarios de primera generación: antiguos campesinos ellos mismos o hijos de campesinos[17]. La adhesión de los puruarenses al Ejército Zapatista de Liberación Nacional se acordó (al igual que la insurrección misma de la selva chiapaneca del primero de enero) en asambleas generales con participación mixta y popular.
Hay, en momentos de crisis social grave que amenaza las formas de vida de las comunidades campesinas, indígenas, populares, la natural tendencia a actualizar sus formas tradicionales de organización y decisión, formas entre las cuales existen no solamente paralelismos sino coincidencias fundamentales. Las luchas de los cañeros en diversas regiones, históricamente, combinan los métodos obreros de negociación con las formas de lucha campesina: la ocupación directa de la tierra y/o (como en este caso) el centro de trabajo). No es otro el sustrato común profundo, democrático, que enlaza al zapatismo clásico, al Ejército Zapatista de Chiapas y al movimiento de los azucareros en la Tierra Caliente de Michoacán.
V
En resumen, a la racionalidad capitalista, estrechamente orientada hacia la maximización de las ganancias, aun a costa del desempleo masivo, la lucha obrero-campesina de Puruarán le ha contrapuesto una lógica social: la conservación de la fuente de trabajo como condición para el bienestar de los trabajadores, de sus familias y de la población regional en general.
Ahora, más de un año después de la recuperación violenta del ingenio por las fuerzas públicas, aunque los dirigentes cañeros han sido liberados y el gobierno ha ensayado diversas medidas de mediatización, el conflicto continúa sin solución. Frente a la nueva actitud de los cañeros puruarenses de buscar el acercamiento político con el EZLN, se ha reforzado la vigilancia policiaca y militar en la región. También se ha reabierto un diálogo de sordos entre los trabajadores y la empresa, donde ésta asegura qeue no es su intención suprimir la fuente de trabajo, pero sin dar un paso en firme hacia la reapertura del ingenio, y el gobierno estatal, de represor en julio de 1993, asume ahora el pretendidamente neutro y desinteresado papel de mediador entre las partes.
El gobernador de Michoacán, Ausencio Chávez Hernández, sin embargo, se apresuró a expresar hace algunos meses que la demanda de los cañeros y azucareros “no tiene solución. No es un problema que se haya dejado crecer, es que es un problema que tiene 50, 100 años y que con el devenir de las factorías azucareras en el mundo cada kilo de azúcar que se producía en Puruarán o Pedernales estaba produciendo pérdidas y cada kilo quería decir sacar dinero de la bolsa para estar compensando el costo de producción”[18]. No obstante, las evidencias factuales durante los meses en que los azucareros operaron el ingenio, y un estudio de factibilidad elaborado por un despacho privado y que obra ya en manos del gobierno estatal, hacen viable la entrega del ingenio a los trabajadores y ejidatarios. La Cooperativa Pascual ha ofrecido financiamiento para la adquisición del ingenio por los trabajadores y cañeros y la promesa de compra de la producción.
Otra reacción inmediata ha sido la de menospreciar y hasta tachar de oportunismo la exasperación que ha llevado a los azucareros puruarenses a buscar la ruta de Chiapas. Lo sería si no hubieran éstos recorrido y agotado todas las instancias imaginables y todas las formas de protesta por las que su lucha ha pasado ya. Tal parece que, al igual que en otros casos, los gobiernos sólo quieren atender los problemas cuando éstos deriven en acciones de violencia. Con sus políticas, el gobierno mexicano, lleva a la sociedad al borde de la insurrección.
¿Para qué, si no para dar soluciones, quieren mantenerse en el poder quienes ya lo han tenido durante seis décadas y media? Parafraseando al Subcomandante Marcos: ¿por qué es necesario que los ejidatarios y obreros y sus familias tengan que adoptar una grave decisión como la de sumarse a la sublevación armada para que sus demandas sean escuchadas y atendidas? ¿Tiene que llegarse a estos extremos para que los problemas sociales sean resueltos? ¿Cuánta violencia se necesita para que al fin los gobernantes se decidan a ofrecer alternativas de solución? ¿Sólo ahora, ante la amenaza de una nueva insurrección en la Tierra Caliente de Michoacán, llegará a esa región la justicia social?
* El trabajo cuya versión revisada se presenta aquí fue expuesto inicialmente como ponencia en el foro “El impacto social de la modernización en Michoacán”, realizado en Morelia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo los días 14 y 15 de abril de 1994. Agradezco los comentarios de Adolfo Gilly que indujeron algunos cambios en la actual presentación. Publicado en la revista Viento del Sur No. 3. México, D. F., diciembre de 1994.
[1] Cambio de Michoacán, 7 de febrero de 1994. Esta nota dio lugar a una errática reacción por parte del gobierno estatal. Inicialmente, el Secretario General de Gobierno, Francisco Octavio Aparicio, al tiempo que reconocía el de Puruarán como un problema social, intentó restar importancia a la determinación de los cañeros. “Nada tengo que decir, son cosas que ellos están haciendo”, afirmó ante los reporteros el 7 de febrero, mientras aproximadamente 100 elementos del Ejército realizaba patrullajes en torno al ingenio (La Voz de Michoacán, 8 de febrero de 1994). El gobernador Ausencio Chávez, por su parte, trató al día siguiente de desmentir la información: “El hecho de que algún diario, en una actitud alarmista, haya dicho que los cañeros al Ejército Zapatista (sic), no significa que esto corresponda a la realidad”. Simultáneamente, en conferencia de prensa en Puruarán, los dirigentes de los azucareros reconocían que, aunque la adhesión al EZLN no era la solución más deseable al conflicto, sí era una resolución de la asamblea: “En una asamblea (los cañeros) decidieron pedir su integración al Ejército Zapatista, y es un acuerdo de asamblea general por el que deben desistirse (…) La decisión de la asamblea es peligrosa, porque en esta región de Tierra Caliente es difícil parar a la gente si se desata la violencia; pero los dirigentes no podemos modificar el acuerdo de la asamblea”, declaró Gregorio Álvarez, secretario general de los obreros. Tras el desmentido del gobernador, el diario Cambio de Michoacán publicó, el 17 de febrero, una copia facsimilar del oficio dirigido por las organizaciones de cañeros, obreros y la Comisión Negociadora al obispo Samuel Ruiz, donde le solicitan su mediación en los siguientes términos: “Los cañeros, obreros y habitantes de la región, desesperados por el hambre, la miseria y gestiones realizadas durante casi 2 años, decidieron incorporarse al llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y que por su conducto sean contactados los portadores del presente, comisionados por acuerdo de Asamblea, para formar un frente en el estado de Michoacán y a la vez se incluya en su agenda de negociaciones la reapertura del ingenio Puruarán”. El 24 de febrero, el propio dirigente cañero, Gregorio Álvarez, informó desde San Cristóbal de Las Casas: “ya hemos sostenido varios encuentros con el Subcomandante Marcos en esta ciudad”.
[2] Salvador Reséndiz Arreola, Michoacán y sus municipios (Guía socio-económica). Morelia, Edic. del autor, 1988. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), XI Censo General de Población y Vivienda. Michoacán. Resultados definitivos. Datos por localidad.
[3] Jaime Martínez Rosiles, “La marginación social en Michoacán”, en Cambio de Michoacán, 12 de febrero de 1994.
[4] INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda. Michoacán. Perfil Sociodemográfico. Aguascalientes, Ags., 1991.
[5] INEGI, Atlas ejidal del estado de Michoacán. Encuesta nacional Agropecuaria Ejidal, 1988. Aguascalientes, Ags., 1992. Págs. 35, 41.
[6] INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda. Resultados definitivos. Tabulados básicos. Tomo II. Cuadro 30, pág. 1106.
[7] INEGI, Encuesta Nacional Agropecuaria Ejidal 1988 del estado de Michoacán. Aguascalientes, Ags., 1991. Cuadro 8.
[8] Antonio Robles S., “Solicitan a Salinas de Gortari la entrega del ingenio de Puruarán”. Cambio de Michoacán, 1 de marzo de 1993.
[11] Ver La Voz de Michoacán, 24 de marzo de 1993.
[12] Arturo Hernández Tovar, “Cañeros de Puruarán; barrera al ventarrón de la privatización neoliberal”. Cambio de Michoacán, 6 de mayo de 1993.
[13] Cambio de Michoacán, 20 de mayo de 1993.
[14] Cuauhtémoc Méndez, “Autogestión obrera-campesina en el ingenio de Puruarán”. Opción de Michoacán, 29 de marzo de 1993. Pág. 12.
[15] Cambio de Michoacán, 4 y 6 de julio de 1993.
[16] La lucha indígena encabezada por Emiliano Zapata en la segunda década de nuestro siglo nació y se desarrolló, a fin de cuentas, en una región cañera como era el estado de Morelos. Aunque inicialmente la lucha de los zapatistas se dirigió a la distribución de las tierras de las haciendas azucareras, y llevó al abandono del cultivo de caña y su sustitución por el maíz y frijol, en 1915 el gobierno de la Convención, establecido en Morelos, nacionalizó sin indemnización los ingenios y destilerías, que hizo funcionar como empresas públicas. La Secretaría de Agricultura, a cargo de Manuel Palafox, ordenó la rehabilitación de los ingenios abandonados y deteriorados a causa de la guerra, haciendo funcionar, desde marzo de ese año, los de Temixco, El Hospital, Atlihuayán y Zacatepec, y más tarde los de El Puente, Cuatlixco y Cuahuixtla. Las ganancias fueron destinadas a los gastos de guerra y al socorro de las viudas y familias de los soldados caídos. Durante ese período, una de las preocupaciones centrales de Zapata fue, precisamente, el mantener funcionando los ingenios y aprovechar la riqueza azucarera de la región, que los campesinos espontáneamente abandonaban en aras de sus cultivos tradicionales. Por eso recomendaba: “Si ustedes siguen sembrando chiles, cebollas y tomates nunca saldrán del estado de pobreza en que siempre han vivido; por ello deben, como les aconsejo, sembrar caña”. John Womack Jr., Zapata y la Revolución Mexicana. México, Siglo Veintiuno Edits., 1976, págs. 231, 236. Adolfo Gilly, La revolución interrumpida. México, Eds. El Caballito, 1971, págs. 241-242.
[17] “Este sistema, completamente opuesto al sistema burgués de elecciones secretas y funcionarios o diputados inamovibles —comenta Gilly—, y basado en el funcionamiento de las asambleas populares, era de hecho un sistema soviético rudimentario. Tenía los mismos orígenes que los soviets rusos, las antiguas tradiciones de vida colectiva de las comunidades agrarias. Y expresaba un poder completamente diferente al que había querido simbolizarse en la Convención” Op. cit., pág. 273.
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