Eduardo Nava Hernández

La madrugada del 13 de julio, frente a varias decenas de periodistas nacionales y extranjeros, simpatizantes y observadores que colmaban los sótanos del hotel Plaza Morelos, Cuauhtémoc Cárdenas anunció solemnemente que, con base en los resultados de 201 casillas, que representaban el 8 % del total del Estado, podía proclamar categóricamente el triunfo del PRD y de su candidato a gobernador Cristóbal Arias. Unas horas antes, en una conferencia de prensa semejante, los dirigentes del PRI en el Estado habían anunciado también, por su parte, la victoria de su abanderado Eduardo Villaseñor Peña. Se desplegaban así las bases del más difícil y prolongado conflicto poselectoral en Michoacán.

En los días y semanas siguientes, nuevos acontecimientos complicaron más todavía la situación. El presidente nacional del PRI llamo al PRD a confrontar las actas electorales, dando inicio a una negociación de alto nivel entre ambos partidos Cristóbal Arias puso condiciones que al PRI le resultaron admisibles: constituir un tribunal de observadores independientes que dictaminara los resultados y llevar el cotejo hasta un escrutinio de los paquetes electorales. El intento aborto, y pocos días después el PRI distribuyo a la prensa las copias de las actas en su poder, mientras Arias y el PRD continuaban proclamando su triunfo en la elección. Se iniciaron las medidas de presión.

El proceso de cómputo y la calificación de los comicios se desarrolló por senderos retorcidos. La comisión estatal electoral y el recién creado tribunal electoral desecharon amañadamente y sin revisión todos los recursos interpuestos por oposición perredista; el colegio que calificó la elección de gobernador se instaló apresurada y semiclandestinamente, sin previa citación, sin anunciar la sede donde sesionaría y excluyendo a los diputados del PRD. El que calificó la elección de diputados, tomó acuerdos al margen del quórum legal, nuevamente, omitió un real examen del proceso y de sus resultados.

La presión perredista aumentó: mítines masivos, plantones en el Palacio de Gobierno y la sede del Congreso, una marcha de mujeres hacia el Distrito Federal. Un mitin nacional en el Zócalo de la ciudad de México. Marcha y plantón de los 52 presidentes municipales perredistas ante la Casa de Gobierno, 15 mujeres y un sacerdote en huelga de hambre un plantón de las mujeres del PRD ante la sede de cambio de poderes, que burló la vigilancia del Estado Mayor Presidencial en vísperas de la asunción de Villaseñor… Lo más lamentable a inventariar es el asesinato de 5 perredistas en el municipio de Tiquicheo en condiciones aún no esclarecidas. Se llegó así al 15 de septiembre, cuando el presidente Carlos Salinas presenció protocolariamente la toma de posesión del cuestionado Villaseñor Peña. Las demandas del PRD también se fueron modificando en el trayecto: inicialmente, pugnó por el reconocimiento del supuesto triunfo de su abanderado Arias Solís; tras los albazos en el Colegio Electoral, por que se repusieran los procedimientos y se limpiara la elección tanto de gobernador como de diputados; y cuando Villaseñor fue investido, presentó al Senado y en bandos solemnes de los ayuntamientos la formal solicitud de desaparición de poderes y la realización de nuevas elecciones. Pero, en lo concreto, sus baterías se dirigieron cada vez más hacia la persona de Eduardo Villaseñor, señalado como “usurpador”, y por tanto a demandar su renuncia.

Villaseñor Peña no pudo nunca gobernar. Los plantones y movilizaciones perredistas se lo impidieron. A los 21 días de aquella asunción se ha dado una sorpresivamente fácil salida al conflicto, con la solicitud de licencia por un año del gobernador y la designación como interino de Ausencio Chávez Hernández, que fue reci­bida con beneplácito y hasta con júbilo por los principales dirigentes del partido del sol azteca; éste ha iniciado su desmovilización.

El balance de todo el proceso es, sin embargo, totalmente negativo para Michoacán y para el PRD en panicular, que no obtuvo nada. Desde luego, no se recono­ció su pretendida victoria, ni se repusieron los procedimientos; mucho menos, se llegó a declarar la desaparición de poderes. El Congreso conserva la composición que le fue determinada en la calificación, y a ese mismo órgano le correspondió conocer la solicitud de licencia (de hecho, el PRD acepta, aunque que no participó activamente de ellos, los acuerdos de un órgano que cuestionaba).

El porcicultor de La Piedad no volverá jamás al gobierno de Michoacán, pero la figura con que se le ha retirado, licencia por un año, no hace aplicable el mandato del artículo 54 constitucional que obliga­ría el caso de falta absoluta del goberna­dor a realizar nuevas elecciones en un plazo de entre tres y seis meses. En un año, la Constitución misma podría ser modifi­cada, o la licencia de Villaseñor prorroga­da; no habrá otra elección.

Villaseñor fue sólo el eslabón más dé­bil del sistema político en Michoacán, el que podía —y pudo— ser sacrificado sin que se perdiera nada de lo esencial. Sólo él mismo y el pequeño grupo de empresarios que se comprometieron activamente con su campaña y su efímero mandato han resultado perdedores netos en este fin del conflicto, aunque algunas ofendidas ba­ses también han sentido violado su voto y el “principio de autoridad” por haber cedido a las presiones perredistas. El PRI que en su gran mayoría estuvo lejos de comprometerse activamente en la defensa del mal logrado Gobernador, se encuentra, sin embargo, entero como partido de estado y como sistema de fuerzas reales en la entidad. Más aún. Ausencio Chávez, quien hasta antes del destape de Villaseñor era el precandidato más representativo del PRI tradicional y corporativo, es hoy quien más fácilmente puede superar las fracturas que la designación del piedadense había produ­cido, y dejar lista y aceitada la maquinaria electoral priista para los comicios municipales del inminente diciembre. Gatopardescamente, se ha cambiado de gobernador… para que nada cambie.

Desde que el PRD se reorientó en la práctica hacia un cuestionamiento cada vez más personal, se olvidó de la política. En dos cosas tuvo razón en su lucha: primero, en la denuncia moral el modo dispendioso y apabullante con que se lo­gró el triunfo del candidato priista, a costa del derroche económico y la compra de votos, segundo, en señalar las irregulari­dades en los procedimientos que hacían cuestionable la elección de Villaseñor. No la tuvo en centrar su movilización en exigir el reconocimiento de un triunfo que nunca pudo acreditar, ni en la perso­nalización que hizo del conflicto contra Eduardo Villaseñor. Los esfuerzos y sacri­ficios de sus bases movilizadas las únicas a quienes hay que reconocer aquí por su abnegación y sacrificio, y que hoy sienten como un triunfo el retiro del gobernador piedadense han culminado en la revitalización del priismo en Michoacán, ex­presado en la investidura de su hombre más fuerte y candidato natural, corno nue­vo gobernador del estado.   El Rey ha muer­to. ¡Viva el Rey!

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 1992

Artículo publicado en el diario Cambio de Michoacán, 9 de octubre de 1992.